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miércoles, 13 de noviembre de 2013

Destituidos seis altos jefes policiales por escándalo en Perú

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El jefe policial de la capital peruana, general Luis Praeli, y otros cinco oficiales fueron destituidos hoy, por la seguridad brindada a un condenado por corrupción ligado al gobierno del expresidente Alberto Fujimori. El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, confirmó el cese, tras la revelación periodística de que patrullas policiales daban resguardo a la casa de Óscar López Meneses, exasesor del brazo derecho del encarcelado Fujimori, Vladimiro Montesinos, también preso por corrupción.
Las destituciones, ejecutadas mediante resoluciones divulgadas por el diario oficial El Peruano, incluyen a los jefes de las Fuerzas Especiales de la Policía, general Sergio Monar; y la Policía Fiscal, general Carlos Gómez Cahua.

También fueron cesados los titulares de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (Suat), coronel Walter Arrué Pereyra; de la Unidad de Emergencia, coronel Edgard Del Castillo Araujo; y la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex), comandante José Arteta Guillén.

Las medidas fueron adoptadas por la asignación de seguridad domiciliaria a personas a las que no correspondía el beneficio y los destituidos fueron sometidos al tribunal disciplinario policial, que investigará el caso.

El ministro Pedraza adelantó que la orden original de dar resguardo a López Meneses habría sido impartida en forma encubierta por el exjefe de la policía, general Raúl Salazar, en mayo de 2012, cesado hace aproximadamente un año.

Pedraza negó rotundamente versiones de un medio de prensa conservador sobre supuestos vínculos del gobierno con López Meneses y condenó en duros términos que éste haya asistido a una reciente ceremonia policial invitado por Praeli.

Reveló que el resguardo a la casa de López Meneses estaba consignado como seguridad para el domicilio del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante José Cueto, y por el alto rango del oficial nadie se preocupó de verificar que era el beneficiario.

López Meneses cumple una condena de cárcel en libertad condicional, por corrupción, al haber recibido ilegalmente dinero de Montesinos, y por tenencia ilegal de armas.

Pedraza desmintió la afirmación de una periodista conservadora, según la cual López Meneses coordinaba la política policial del gobierno, estrechamente relacionado con el asesor presidencial Adrián Villafuerte.

De acuerdo con el Ministro, la versión es una simple hipótesis sin sustento, pues el gobierno no tiene ninguna relación con el personaje.

Prensa Latina

martes, 6 de agosto de 2013

Muestra juicio en Texas nexo de narcotráfico con corrupción policial

Testimonios en el juicio contra el exagente Jorge Garza, del Departamento del Sheriff del condado de Hidalgo, en el sur de Texas, muestran cómo el tráfico de drogas a través de la frontera con México alimenta la corrupción policial en Estados Unidos.
Garza es el único de nueve acusados por corrupción en el caso de la denominada Unidad Panamá, un grupo antinarcóticos integrado por agentes del sheriff del Condado de Hidalgo y de la policía de Mission, Texas, que enfrenta juicio.
Los otros acusados, incluidos cuatro agentes de la Oficina del Sheriff, una exinvestigadora de la Oficina del procurador del Condado de Hidalgo y dos policías de Mission, optaron por declararse culpables desde diciembre pasado y esperan su sentencia.
Dos de los acusados que se declararon culpables son Jonathan Treviño, hijo del actual sheriff del Condado de Hidalgo, Lupe Treviño, y Alexis Espinoza, hijo del jefe de policía de la comunidad de Hidalgo.
De acuerdo con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), los miembros de la ahora disuelta Unidad Panamá robaron drogas y dinero en efectivo a narcotraficantes que operaban en el condado.
Los policías vendían las drogas a otros traficantes para obtener beneficio, y también daban protección a cargamentos o casas de seguridad.
A cambio de declararse culpables, algunos de los acusados evitaron el cargo de conspiración y otros el de ayudar y promover el tráfico de drogas.
Garza, quien comenzó a ser juzgado en una corte federal de McAllen la semana pasada, es el único acusado que rechazó declararse culpable y que enfrenta juicio, con lo que se arriesga a una sentencia que va desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua.
El juicio contra Garza ha expuesto los detalles del caso y exhibe la corrupción, que podría implicar a importantes jefes policiales del sur de Texas.
La semana pasada, varios testigos que dieron testimonio por la fiscalía aseguraron que el sheriff del Condado de Hidalgo, Guadalupe Treviño, era consciente de las actividades ilícitas de su hijo.
Treviño aceptó comparecer y testificar en el proceso, al asegurar que no tiene nada qué esconder, y desde el viernes pasado es interrogado por la fiscalía y la defensa.

Tomado de  http://www.uniradioinforma.com

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