Creo, sin temor a
equivocarme, que las noticias que más impacto han tenido en la sociedad
mexicana durante las últimas semanas han sido las referentes a la
aparición pública y las acciones de las autodefensas surgidas en
Michoacán y Guerrero, como respuesta a la incapacidad del Estado de
asumir una de sus funciones más elementales: asegurar la integridad de
los ciudadanos, así como sus derechos más básicos, incluyendo el respeto
a la propiedad.
¿Cuánto tiempo será necesario para que este fenómeno comience a
replicarse en otras partes del país? Me temo que no mucho, pues sabemos
de situaciones similares a las que le dieron origen, en varias entidades
de nuestra República, como Tamaulipas y Sinaloa; sin embargo, el
problema es mucho más extenso, aunque en varios estados los gobiernos lo
traten de ocultar y sólo sale a la luz cuando ocurren verdaderas
tragedias. Así están entidades completas como Chihuahua, Nuevo León y
Coahuila, en el norte del país; Morelos, en el centro, y Chiapas, en el
sur, mientras en otros estados los delincuentes se dedican al redituable
negocio de vender protección con la complicidad de funcionarios
locales, como es el caso del mismo Nuevo León y Veracruz, donde han
ocurrido recientemente enfrentamientos armados tanto en la ciudad de
Xalapa como en el puerto de Veracruz.
En estas condiciones de inseguridad e impunidad crecientes, lo que
surge cada vez con mayor claridad es que la nación entera está caminando
por el sendero equivocado de la violencia, cuyo destino no puede ser
otro que el de la destrucción y la muerte. Uno puede decir que la
aparición de las autodefensas es totalmente justificada ante la
incapacidad mostrada por el gobierno para asegurar el estado de derecho y
el respeto a la vida de los ciudadanos, pero cuando vemos las fotos de
cientos de hombres y mujeres armados para defenderse ante el crimen
organizado, las dimensiones de nuestra tragedia presente y futura cobran
sentido, pues el camino de las armas y la violencia jamás ha sido la
solución al problema. Por el contrario, el único camino posible es que
tanto el gobierno como la población en su conjunto dejemos de pensar en
las armas y digamos no a los mercaderes de la muerte.
En Remolino, su libro más reciente, Sergio Aguayo incluye
una serie de datos de gran importancia para analizar la situación actual
del país, mostrando los resultados de investigaciones realizadas por
algunas instituciones académicas estadunidenses, los cuales indican que
durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se estuvieron vendiendo e
internando a nuestro país un promedio de 85 mil armas de fuego anuales,
en mayor parte automáticas y de alto poder de destrucción, incluyendo
metralletas, lanzamisiles, morteros y explosivos, lo cual da un total de
más de medio millón de armas durante todo ese sexenio. En el país deben
existir hoy más de 700 mil armas de alto poder (sin incluir desde luego
las de las fuerzas armadas), cuya utilización no tiene otra finalidad
que la destrucción y la muerte. Por ello no es sorprendente que aun el
Ejército y la Marina resulten insuficientes para enfrentar el problema.
Siendo Estados Unidos el principal fabricante de armas en el mundo y
conociendo su proclividad a la búsqueda de soluciones por vías
violentas, resulta claro que este problema se originó y creció, hasta
llegar a la situación actual, como un efecto secundario de nuestra
vecindad con los estadunidenses. En Remolino, Sergio Aguayo da a
conocer las cifras de guardias fronterizos para cuidar sus límites con
nuestro país y detener a quienes intentan internarse en Estados Unidos,
comparándolas con las de guardias destinados a controlar el tráfico de
armas hacia México, encontrando que éstas han sido entre simbólicas y
nulas. Una pregunta a la que tenemos derecho a una respuesta del actual
gobierno es: ¿qué se está haciendo ahora para impedir que este fenómeno
continúe?
Durante el gobierno de Calderón comenté en varias ocasiones su
actitud irresponsable y mentirosa, al pretender combatir el narcotráfico
mientras permitía que éste fuera abastecido por los comerciantes de
armas estadunidenses; su respuesta demagógica fue irse a parar frente a
un cartel donde se protestaba por ese hecho conocido de todos, como si
el Presidente de la República no tuviese otros medios efectivos para
presionar al vecino gobierno y evitar los daños predecibles en las vidas
humanas en nuestro país, conformando así un delito por el que debiera
ser juzgado. ¿Cuánto dinero y qué beneficios recibió el señor Calderón
por las omisiones que hoy tienen al país en un estado de incertidumbre
cercano a la guerra y con una estela de muerte que cubre todo el
territorio nacional? ¿O es que se trató de un caso de incapacidad
absoluta para enfrentar el problema? Si esto hubiera sido así, era su
deber manifestarlo y presentar su renuncia para que otros se encargasen
del asunto. Como no lo hizo debiera ser juzgado por su responsabilidad
en el desastre actual.
Hoy vemos, así, que para miles de hombres y mujeres de Michoacán y
Guerrero la única alternativa posible ha sido adquirir sus propias armas
para enfrentarse a los delincuentes ante el vacío de poder
gubernamental. Lo entendemos y es posible que lo veamos como un ejemplo;
sin embargo, es necesario reflexionar a dónde nos conduce esto, ¿cómo
evitar que estos movimientos terminen siendo infiltrados y manejados por
los mismos delincuentes, como parece haber pasado con las mismas
policías y otras instituciones?
Lo que hoy indudablemente estamos viviendo es resultado de los
pésimos gobiernos que hemos tenido, los cuales se la pasaron hablando de
sus triunfos imaginarios contra la delincuencia organizada e ignorando
la realidad que desde luego conocían, pensando que tarde o temprano se
acabaría, lo cual nos ha llevado a la más grave crisis social después de
la Revolución. La responsabilidad de resolver este problema recae ahora
en el actual gobierno, ¡de nadie más! Ciertamente la sociedad mexicana
en su conjunto debemos apoyarlo, pero para ello es necesario que éste
tenga credibilidad y transparencia, que actúe con soluciones que
indiquen firmeza, visión, patriotismo y voluntad política, que sus
acciones nos muestren con claridad su intención de asegurar la paz y la
tranquilidad del país, garantizando a la población que sus derechos e
intereses legítimos serán respetados, y que el estado de derecho quedará
pronto restablecido; es en los tiempos de crisis cuando los gobernantes
tienen la oportunidad de mostrar su estatura y de pasar a la historia.
En este contexto, tengo la impresión de que las formas en que se ha
venido manejando el caso de Michoacán han sido erráticas y
desgraciadamente poco afortunadas. Por ello, me atrevo a proponer más un
camino de distención y de amnistía para quienes se han visto obligados a
organizarse y a defenderse desde la sociedad civil, y aun para quienes
habiendo participado en las actividades delictivas del narcotráfico no
han cometido crímenes graves, ni han colaborado desde puestos
gubernamentales con las organizaciones criminales.
Enrique Calderón Alzati
