Los grandes focos de luz cegaban al prisionero durante el
interrogatorio. Pasó horas sin poder casi ver y, cuando le cubrieron el
rostro con un trozo de tela, agradeció ese poco de oscuridad. Sin
embargo, desconocía lo que se aproximaba. Aún sin visión, fue atado en
todas sus extremidades y acostado en el suelo, mientras una mano le
apretaba la mandíbula con fuerza y, desde encima, caían litros de agua
en su boca, lo que le generó una sensación de ahogo. Los minutos pasaron
lentos y, cuando finalmente pudo respirar, sólo escuchó una voz: la de
un médico que verificaba su estado de salud y daba luz verde para otra
sección de waterboarding, una técnica de tortura que simula una
sensación de ahogamiento y ocasiona dolor crónico, daño pulmonar y
cerebral, así como parálisis muscular y hasta la muerte.
Así era el rol que cumplían los médicos que participaron en el programa
de torturas que se realizaron tras los atentados terroristas del 11-S,
según explica un reporte del Comité de Inteligencia del Senado de
Estados Unidos. En el informe se precisa que, tras el ataque al World Trade Center, el gobierno norteamericano habilitó una docena de prisiones secretas o black sites para proceder a la tortura de aquellos prisiones que tuvieran vinculación con organizaciones terroristas.
El personal médico de los black sites tenía que cumplir cuatro principales funciones: preparación del sospechoso para la tortura, monitorización de los procesos de tortura para prevenir la muerte del individuo o tratar lesiones, desarrollar nuevos métodos de tortura y participar activamente en algunas de las torturas a prisioneros. Una difícil labor que, para ser cumplida, contó con la promesa de inmunidad legal por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Central Intelligence Agency (CIA). Incluso, un grupo de abogados aseguró estar de acuerdo en promover la inmunidad si un equipo psicológico indicaba que las técnicas utilizadas no generaban daños mentales permanentes a quienes padecían las torturas.
El personal médico de los black sites tenía que cumplir cuatro principales funciones: preparación del sospechoso para la tortura, monitorización de los procesos de tortura para prevenir la muerte del individuo o tratar lesiones, desarrollar nuevos métodos de tortura y participar activamente en algunas de las torturas a prisioneros. Una difícil labor que, para ser cumplida, contó con la promesa de inmunidad legal por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Central Intelligence Agency (CIA). Incluso, un grupo de abogados aseguró estar de acuerdo en promover la inmunidad si un equipo psicológico indicaba que las técnicas utilizadas no generaban daños mentales permanentes a quienes padecían las torturas.
