La decisión de Obama:
Diversos medios se
han hecho eco de la decisión del presidente Barack Obama de emitir una nueva
orden presidencial, mediante la cual declara a Venezuela "amenaza inusual
y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados
Unidos", contenida en una carta que el mandatario envió al presidente de
la Cámara de Representantes. Con este paso, se implementan nuevas sanciones
contenidas en la arbitraria Ley de
defensa de derechos humanos y sociedad civil de 2014 de Venezuela, que el mismo
Obama firmó el 18 de diciembre de 2014, incluso rebasando el contenido de esta
legislación.
Dice Obama en la
misiva: “La situación en Venezuela, incluyendo la erosión de las garantías de
derechos humanos por el gobierno, la persecución de opositores políticos,
restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones a
los derechos humanos y los abusos de Venezuela en respuesta a las protestas
contra el gobierno, y el arresto arbitrario y la detención de manifestantes
antigubernamentales, así como la exacerbada presencia de corrupción pública
significativa; constituyen una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad
nacional y la política exterior de Estados Unidos”.
Paralelamente, en
una declaración divulgada por el secretario de Prensa, se advierte que la orden
se efectuará y ampliará contra quienes “violen los derechos humanos de
ciudadanos venezolanos y que se involucren en actos de corrupción pública no
serán bienvenidos” a Estados Unidos.
La orden
presidencial se enfoca sobre aquellas personas que el Departamento del Tesoro
determine, mediante una consulta con el Departamento de Estado, y que, según la
percepción viciada de EEUU, estuvieran involucrados en:
- acciones o políticas que debiliten los procesos o institutos democráticos; actos significativos de violencia o conductas que constituyan un serio abuso o violación de los derechos humanos, incluidos aquellos contra personas involucradas en protestas antigubernamentales en Venezuela a partir de febrero de 2014;
- acciones que prohíban, limiten o penalicen el ejercicio de la libertad de expresión o reuniones pacíficas; o
- corrupción pública de los altos funcionarios dentro del gobierno de Venezuela.
La orden
presidencial también autoriza al Departamento del Tesoro, a enfocarse en
cualquier persona determinada a:
- ser un líder actual o ex líder de cualquier entidad que tiene, o cuyos miembros se hayan, involucrado en cualquier actividad descrita en la orden presidencial o de una entidad cuyas propiedades e intereses en propiedades estén bloqueados o congelados de conformidad con la orden presidencial; o
- ser un funcionario actual o ex funcionario del gobierno de Venezuela.
