La decisión de la Corte Suprema
de Guatemala de abrir el proceso de antejuicio al presidente Otto Pérez Molina
como cabecilla principal de una gigantesca trama de corrupción, marca un punto
de inflexión en la grave crisis política que sacude al país. El gobierno,
paralizado hace semanas, ya se desmoronó.
El escándalo estalló en abril de
este año y desencadenó un movimiento de indignación que ha llevado a
multitudinarias protestas, inicialmente de las clases medias y estudiantes a
las que se han sumado crecientes sectores de la población, incluyendo a las
combativas comunidades indígenas y campesinas.
La investigación de la fiscalía y
de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala(CICIG) ha
evidenciado delitos de altos funcionarios del gobierno, entre ellos la
vicepresidenta Roxana Valdetti, quien se vio forzada a renunciar y ya está
presa y es juzgada por un tribunal.
Pero estos hechos no comienzan
con el actual gobierno y no pueden explicarse a fondo si no se ahonda en sus
profundas raíces en la historia guatemalteca, en las consecuencias
socio-política de la grosera injerencia de Estados Unidos en los asuntos
internos de este país y directamente relacionado con ello, la aplicación, a
partir de los ochentas, de las criminales, superexplotadoras y
depredadoras políticas neoliberales.
