La decisión de la Corte Suprema
de Guatemala de abrir el proceso de antejuicio al presidente Otto Pérez Molina
como cabecilla principal de una gigantesca trama de corrupción, marca un punto
de inflexión en la grave crisis política que sacude al país. El gobierno,
paralizado hace semanas, ya se desmoronó.
El escándalo estalló en abril de
este año y desencadenó un movimiento de indignación que ha llevado a
multitudinarias protestas, inicialmente de las clases medias y estudiantes a
las que se han sumado crecientes sectores de la población, incluyendo a las
combativas comunidades indígenas y campesinas.
La investigación de la fiscalía y
de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala(CICIG) ha
evidenciado delitos de altos funcionarios del gobierno, entre ellos la
vicepresidenta Roxana Valdetti, quien se vio forzada a renunciar y ya está
presa y es juzgada por un tribunal.
Pero estos hechos no comienzan
con el actual gobierno y no pueden explicarse a fondo si no se ahonda en sus
profundas raíces en la historia guatemalteca, en las consecuencias
socio-política de la grosera injerencia de Estados Unidos en los asuntos
internos de este país y directamente relacionado con ello, la aplicación, a
partir de los ochentas, de las criminales, superexplotadoras y
depredadoras políticas neoliberales.
Aunque el genocidio terminó, no
así la impunidad de sus autores, entre ellos Pérez Molina, ni las masacres
eventuales de indígenas, ni la represión. Los acuerdos de paz abrieron
relativamente el espacio político con elecciones a la gringa pero apenas
tocaron la secular estructura de dominación imperialista-oligárquica. Grandes
empresarios, jefes militares y la gran mayoría de los políticos se subordinan a
la Embajada de Estados Unidos y son cómplices de aquella en el control sobre la
sociedad civil. Igualmente, manejan grandes negocios nacidos durante la guerra
sucia y desarrollados en los años posteriores, incluyendo una jugosa
participación en el tráfico de drogas, en el contrabando y en otras actividades
criminales.
De hecho, de los años de guerra
nacieron dos grupos criminales en el seno del ejército: El Sindicato y la
Cofradía, cuyas actividades han continuado después, casi siempre con la
complicidad del Ejecutivo.
Teñidas por las características
de cada país, es evidente que las políticas neoliberales han impulsado la
corrupción en el paneta entero y no solo en América Latina y el tercer mundo,
al estimular la prevalencia del individualismo, el egoísmo, el consumismo, el
edonismo, la pobreza, el desempleo y, en general, la subordinación de lo
público a lo privado. Redes de corrupción y compadrazgo entre empresarios,
políticos y militares, las hay también y muy tupidas en el mundo
“desarrollado”, comenzando por Estados Unidos. Remember el monumental e
impune fraude financiero de 2008.
Causa hilaridad cuando se lee u
oye a los loros amaestrados del sistema llenarse la boca para decir: “esto no
pasa en las democracias consolidadas. ¿Cuáles? ¿Esas donde se compran las
elecciones? Y es inevitable volver a pensar en el vecino del norte.
La calle pide la renuncia y el
enjuiciamiento de López Molina y es muy probable que lo consiga pues ya logró
asustar a las cámaras empresariales, que de la noche a la mañana, exigen lo
mismo. Y a la embajada gringa, que a través de aquellos y de la CCIG tira de
los hilos para impedir que el país se le vaya de las manos, que las elecciones
neoliberales “resuelvan” el problema para que todo siga igual. Los horroriza el
fermento de indignación popular desatado, que si logra organizarse puede
eventualmente pelear por cambios democráticos verdaderos que desemboquen en una
Asamblea Constituyente ciudadana, no de los partidos políticos del sistema.
Ángel
Guerra Cabrera
Twitter: @aguerraguerra
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