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| Cientos de personas marcharon desde la comunidad de Aguas Blancas hacia el vado de ese nombre, para recordar la matanza que ocurrió hace 19 años y exigir justicia Foto Javier Verdin |
Unas mil personas marcharon desde la comunidad de Aguas Blancas hacia
el vado del mismo nombre para recordar la matanza que ocurrió hace 19
años en el municipio de Coyuca de Benítez, en la región de la Costa
Grande de Guerrero, donde 17 integrantes de la Organización Campesina de
la Sierra del Sur (OCSS) fueron asesinados por elementos de la policía
estatal motorizada, el 28 de junio de 1995.
Al grito de
¡28 de junio no se olvida, es de lucha combativa!, integrantes de organizaciones sociales exigieron castigo a los responsables de los asesinatos, entre ellos el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, además de que exigieron la libertad de los presos políticos y el esclarecimiento de los crímenes.
Lamentaron la impunidad que impera en Guerrero, donde 13 dirigentes
de organizaciones sociales han sido asesinados durante la administración
de Ángel Aguirre Rivero.
En la caminata, que concluyó con un mitin, participaron integrantes
de la OCSS, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La
Parota, el Movimiento Social de Izquierda, el Movimiento Popular
Guerrerense, la Organización Popular de Productores de la Costa Grande,
la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía
Comunitaria, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación,
la Coordinadora Plan de Ayala, el Frente Indígena de México y la Campaña
por la Libertad y la Justicia, así como estudiantes de las Escuela
Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
En nombre de la OCSS, Norma Mesino Mesino, hermana de la dirigente de
dicha agrupación, Rocío Mesino, asesinada el pasado 19 de octubre de
2013, subrayó que
con este acto la organización demuestra que sigue viva, que Rocío sigue presente y está con nosotros.
Criticó que los gobiernos federales no han mostrado voluntad política
y jurídica para castigar a los responsables de la masacre. Recordó la
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en abril de
1996 dictaminó que el 28 de junio de 1995 se cometieron violaciones
graves a los derechos humanos, por lo que señaló que se debía castigar a
los culpables de lo ocurrido: señaló al ex gobernador Figueroa Alcocer;
a su secretario de Gobierno, Rubén Robles Catalán, y a Antonio Alcocer
Salazar, ex procurador de Justicia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos demandó en febrero
de 1998 ejercer las acciones legales correspondientes contra los
responsables. Norma Mesino criticó que
los caciques guerrerenses siguen en su tropical cinismo, mostrando su desprecio por la vida, utilizando procedimientos antidemocráticos.
Expresó que
las acciones salvajes de represión de todos los gobiernos denotan su fragilidad y cobardía. Es un claro mensaje del estropeado nuevo PRI y su autoritarismo, el cual castiga con cárcel a quienes discrepan del gobierno. Es perverso el salvajismo de los cuerpos represivos.
El dirigente del Movimiento Social de Izquierda, Ranferi Hernández
Acevedo, propuso impulsar la ley de amnistía para obtener la libertad de
presos políticos de Guerrero.
Hilario Mesino Acosta, fundador de la OCSS, aseguró que si el
gobierno atendiera las necesidades del agro guerrerense, los campesinos
no tendrían por qué efectuar caminatas ni manifestaciones.
Dos décadas después de la masacre, Norma Mesino Acosta expresó:
No ha cambiado nada, siguen los asesinatos, la represión; no ha cambiado nada, el campo está olvidado, quieren ayudar con algunas migajitas, como los programas del Procampo, lo de la Cruzada contra el Hambre, pero con eso no se va terminar el problema de los campesinos.
En un comunicado, Benigno Guzmán Martínez, también fundador de la
OCSS, subrayó que la herida social provocada por la masacre de Aguas
Blancas sólo podrá cerrarse con justicia, por lo que exigió castigo para
los culpables.
Héctor Briseño
La Jornada
