Diversas ONG de defensa del pueblo saharaui
denunciaron este lunes día 15, en un acto público ante el Ministerio de
Economía en Madrid, al Gobierno español por la venta de armamento a Marruecos,
una circunstancia que infringe la legislación internacional que regula la exportación de armas a países en conflicto. La denuncia,
presentada no sólo en acto público sino también ante los tribunales, va
acompañada de una serie de documentos, entre ellos fotografías y vídeos, que
demuestran que el material comprado a España ha sido utilizado por las Fuerzas
de Seguridad marroquíes en la represión del pueblo saharaui.
Es el cuarto año consecutivo que estos
organismos acusan públicamente al Gobierno de vender material bélico --tanques,
todoterrenos y armas-- al monarca marroquí, Mohamed VI, quien el mismo lunes
dio la bienvenida al rey Juan Carlos I, al ministro de Exteriores y a sus
acompañantes, que llegaron al país vecino para debatir sobre sus intereses
comerciales comunes.
La venta de armas a Marruecos no es algo
actual. Según ha explicado Eduardo Melero, abogado y miembro de Justicia i Pau
--una de las ONG denunciantes--, “desde 1995 hasta 2012 España ha exportado
material bélico a Marruecos por valor de más de 250 millones de Euros de forma
ininterrumpida”. A estas cifras, calculadas sólo hasta 2012, hay que
añadirle la venta de material del año vigente. A pesar de que no se han
encontrado datos detallados sobre ella, el pasado mes de abril el ministro de
Defensa español, Pedro Morenés, y el de Marruecos, Abdeltif Loudyi, se
reunieron en la fábrica de Urovesa, una empresa encargada de fabricar vehículos
militares, en Santiago de Compostela.
Las ONG han aprovechado la visita de Juan
Carlos I a Mohamed VI, y han manifestado su descontento con la intención del
monarca, que “con sus visitas a Marruecos no sólo pretende mejorar las relaciones
internacionales, sino que trabaja como intermediario en la venta de armas”,
según ha afirmado Melero. Las denuncias anteriores han sido desestimadas por
los tribunales, que han alegado que toda información “acerca de la exportación
de armas es secreto de Estado”. Melero se ha indignado ante la situación,
ya que “basándose en el secreto de Estado el Gobierno impide que podamos
plantear una demanda judicial”, ha añadido. Por su parte, Luis Mangrané,
miembro del Observatorio Aragonés por el Sáhara Occidental, ha recalcado que a
pesar de que el Gobierno se empeñe en calificarlo como secreto estatal, “la
exportación de armas es un secreto a voces”.
Represión en el Sahara
La legislación internacional prohíbe la venta
de armas a países que mantienen algún conflicto en su territorio, sin embargo,
España se ha saltado esta ley desde hace años y ha olvidado el conflicto del
Sáhara Occidental. La Coordinadora Estatal de Acciones Solidarias con el Sáhara
(CEAS-Sáhara), una de las organizaciones denunciantes, envió junto a otras ONG una carta al rey antes de su visita
a Marruecos con el objetivo de pedirle que tuviera el “coraje de asumir sus
responsabilidades” para con el pueblo saharaui, un pueblo “al que España
abandonó y con el que tiene una deuda histórica”. Días después del envío de la
carta y de que comenzara la visita oficial de Juan Carlos I en territorio
marroquí, éste sigue negociando sobre sus intereses comerciales con el monarca
marroquí, entre los que se encuentra la venta de armas.
Uno de los activistas saharauis, Hassana Aalia, estaba presente en el acto público de
denuncia ante el Ministerio de Economía. Durante el acto, ha mostrado su
preocupación por la situación y ha afirmado que “es una vergüenza que los
intereses económicos estén por encima de los Derechos Humanos”. Ha sido Aalia
quien ha asegurado que junto a la denuncia han presentado documentación que
demuestra que el material bélico español, principalmente tanques y todoterrenos
militares, han sido utilizados para reprimir al pueblo saharaui. “Cuando yo
estuve en el Campamento de la Dignidad --el Gdeim Izik, situado a las fueras de
El Aaiún-- pude ver cómo utilizaban los vehículos, y tenemos fotos y vídeos
para demostrarlo”, ha asegurado. Aalia fue acusado junto a otros 23 activistas saharauis de matar a once soldados durante
el desalojo del Campamento de la Dignidad, y condenado in absentia el
pasado 18 de febrero a cadena perpetua. Actualmente vive en España a espera de
poder presentar algún recurso para que su sentencia, de la que se enteró a
través de la radio, quede anulada.
Mientras tanto, las ONG siguen en su lucha
por denunciar la venta de armas a Marruecos, exigiendo que se denieguen las
autorizaciones para exportar armas a países en conflicto y que se revoquen las
concedidas. Sin embargo, Melero ha explicado que “todos los años el tribunal
falla a favor del Ministerio y la denuncia queda desestimada”.
Tamara Fariñas
Diagonal
