La
Asociación Nacional del Rifle de EE UU (NRA, en inglés) es una de las
organizaciones más poderosas de Estados Unidos y una de las más férreas
opositoras a cualquier modificación, por mínima que sea, a la Segunda Enmienda
de la constitución norteamericana, que garantiza el derecho a portar armas.
Pero su alcance va más allá de sus fronteras.
La NRA
gastó cuatro millones de dólares en “inversiones” en Centroamérica y El Caribe
en 2010, según una investigación difundida por la publicación America's Quarterly.
Miembros de la organización están en contacto permanente con los grupos de
propietarios de armas en México y otros países de la región y, en algunos
casos, han ejercido una influencia decisiva en los intentos latinoamericanos
por regular la posesión de armas, como en Brasil en 2005.
Si bien el
presupuesto destinado por la NRA a sus “inversiones” al sur de la frontera es
minúsculo comparado con su abultado presupuesto –más de 240 millones de
dólares, 80 veces más que el mayor grupo antiarmas de EE UU–, la organización
vigila de cerca los pasos hacia una regulación de armas en Latinoamérica, como
lo ha hecho en el resto del mundo. “Pese a que la asociación no puede gastar
dinero fuera de las fronteras de Estados Unidos, la NRA consigue medios para
apoyar movimientos locales y ejercer influencia de distintas maneras”, señala
Wendy Cukier, autora del informe.
EE UU es
el principal exportador de armas personales del mundo, un sector que genera
ganancias por encima de los 700 millones de dólares al año. Solamente las
destinadas a México ganaron 129 millones de dólares en 2012, según un estudio
de la Universidad de San Diego.
Desde
casos tímidos como la organización de seminarios para defensa personal en
Trinidad y Tobago y Costa Rica –como por ejemplo el curso Refuse to be a
victim, dirigido a mujeres– hasta la “asesoría directa” de miembros de la
asociación a organizaciones locales en toda la región.
Un ejemplo
de esa asesoría directa es México Armado, un grupo que defiende el derecho a
portar armas que participa en las competiciones organizadas por la NRA (que no
exige la membresía para participar). Algunos de sus miembros aceptan que hay
una comunicación constante con la asociación para recibir asesoría y consejos.
“Los
mexicanos deberíamos ser mucho más conscientes de que tenemos que defendernos y
un control de armas nos perjudicaría”, explica Alfredo Gámez, miembro de la
asociación. Cita el caso de Alejo Garza Tamez, un ganadero mexicano de 77 años
que se enfrentó a los sicarios que habían amenazado con matarle de no
entregarles su rancho en Padilla, Tamaulipas, una de las zonas más violentas
del país. Armado hasta los dientes, el hombre consiguió matar a cuatro de sus
atacantes y herir a otros dos antes de caer abatido. “Es nuestro ejemplo”,
dice. Pero en el caso de México, las aspiraciones de las asociaciones de tiro
difieren de las de otros países: no se busca una legislación más estricta, sino
relajar la existente.
La
paradoja mexicana consiste en que en el país en que más de 70.000 personas han
muerto a causa de la violencia del narcotráfico en los últimos seis años, para
obtener un arma legal en México es necesario llenar un control ante la
Secretaría de Defensa Nacional y superar un trámite burocrático de al menos una
decena de pasos.
El mercado
negro es otro cantar. La frontera con EE UU, no obstante, hace que las armas
pasen sin problema al país. Un informe de la ONU calcula que entre el 70% y el
90% de las armas ilegales en México provienen de EE UU. “Aquí [en México] están
prohibidas las armas. Vivimos en la evasión y simulación”, apunta el escritor y
académico Sergio Aguayo. Subraya “el doble discurso” de la NRA y algunos
sectores del Gobierno estadounidense sobre las consecuencias del tráfico de
armas hacia México. “Estados Unidos es el principal exportador de armas
ilegales a América Latina. [...] Tenemos 12.000 armerías instaladas en la
frontera de EE UU y ni siquiera hay un reconocimiento oficial de que estamos
ante un problema gigantesco. He hallado documentos del Gobierno estadounidense
de hace cuatro o cinco años donde recomiendan que se haga lo posible por
minimizar el tema”, añade.
Y los
pocos intentos de hacer una legalización más firme se han topado con pared.
Para muestra el caso de Brasil. En 2005, Charles ChuckCunningham,
director político de la asociación, viajó a Brasil para reunirse con los dos
principales movimientos a favor del control de armas del país sudamericano, el
primer lugar de muertes con armas de fuego del mundo. Solamente en 2010
murieron más de 38.000 personas.
La
asesoría consistió en traducir los anuncios difundidos por la NRA en EE UU, al
punto que algunos no se ajustaban del todo a las circunstancias brasileñas: uno
advertía de que no se podía “quitar el derecho a portar armas a los ciudadanos”
–la constitución de Brasil, a diferencia de la estadounidense, no contempla tal
derecho– y otro advertía que “la policía podría tardar hasta siete minutos en
responder tu llamada”. Los brasileños bromeaban con que la policía de su país
tardaría mucho más en responder. Pero la estrategia funcionó. Después de que el
“sí” a endurecer las leyes contra armas contara hasta con un 80% de respaldo, a
la hora de la votación el “no” triunfó con un 64%. Tras la matanza de 12 niños
en 2011 en un colegio de Río de Janeiro, se ha discutido intentar llevar una
propuesta similar a las urnas, pero no se ha definido ninguna fecha.
Verónica Calderón
Tomado de Paz con Dignidad
