El final de
mayo trajo buenas noticias para Evo Morales, pues salió airoso de la
confrontación con la Central Obrera. Antes, bien parado del conflicto con la
USAID estadounidense. Y de yapa, podría ser candidato otra vez.
EMILIO MARÍN
Mayo pintó
muy feo para el presidente boliviano. Había comenzado bien en el terreno
político, pues en el Día del Trabajador, cuando desde su asunción en 2006
siempre anunció nacionalizaciones, informó la expulsión de la agencia
estadounidense para “ayuda al desarrollo”, la tristemente célebre USAID.
Acusó que la
entidad tenía injerencia en los asuntos internos, por lo general con
subvenciones para dirigentes y grupos opositores, a veces con una pantalla
“ambientalista”.
El
presidente, así como hace casi cuatro años había expulsado al embajador
norteamericano en La Paz, Philip Golberg, ahora hizo lo propio con la agencia.
“Se va la USAID de Bolivia, es un instrumento que todavía tiene una mentalidad
de dominación”, dijo el mandatario a una concentración de trabajadores en la
Plaza Murillo, con motivo del 1 de mayo.
El portavoz
del Departamento de Estado, Patrick Ventrell, replicó al día siguiente con que
Estados Unidos lamentaba esa decisión y rechazaba las acusaciones. Pero el
canciller boliviano David Choquehuanca ya había ejecutado las orientaciones
presidenciales y la agencia fue despedida sin honores, como tiempo antes le
ocurrió a la DEA, supuestamente ocupada de controlar los narcóticos.
La acusación
contra la USAID se había escuchado cuando entidades ambientalistas sabotearon
la construcción de una carretera que parcialmente atravesaba el Tipnis, una
zona protegida. Muchos pueblos originarios la habían solicitado al gobierno
para mejorar su conexión con el resto del país, comercializar sus productos,
etc.
Ahora
Morales reiteró esos cuestionamientos a la dependencia norteamericana y añadió
otra, de financiar y manipular a “algunos líderes sindicales”.
Conflicto
con la COB
Si la
conexión USAID-sindicalismo boliviano era real o no, quedará para estudios
posteriores. Lo que sí se produjo, cinco días después de aquella expulsión, fue
un durísimo conflicto entre el oficialista MAS y gremios, por reclamos de
mejores jubilaciones.
Los mineros,
los mejores pagos de los trabajadores, hicieron la punta, seguidos por otros
sectores fabriles y los maestros. Todos, representados por la Confederación
Obrera Boliviana, se lanzaron a un paro por tiempo indefinido a partir del 6 de
mayo.
El pliego de
la protesta fue que las jubilaciones de los mineros sean del 100 por ciento de
sus salarios como activos, llevando la jubilación a 8.000 bolivianos (un
dólar-6.9 bs.). Para el resto de los asalariados se urgía un retiro de 5.000
bolivianos.
Con esas
reivindicaciones y ante la primera negativa del gobierno, el secretario
ejecutivo de la central obrera, Juan Carlos Murillo, puso en marcha el paro por
tiempo indeterminado.
Los mineros
de Huanuni, de una mina estatizada, cortaron rutas e incluso volaron con
dinamita un puente en Caihuasi, en la carretera La Paz-Oruro. Miles de
huelguistas manifestaron en la capital durante varios días, haciendo detonar
pequeños cartuchos (“cachorros”) de dinamita, creando un ambiente de temor en
la población. Hubo varios enfrentamientos de manifestantes y policías, por lo
que al momento de la negociación final, el 22 de mayo, había todavía 29
detenidos que fueron liberados. Eran mineros presos por la voladura en Caihuasi
y otros maestros rurales de la Ventilla y La Apacheta.
Evo dice
Evo Morales
lo explicó en varias oportunidades y otro tanto hicieron sus ministros de
Economía, Luis Arce; de Trabajo, Daniel Santalla, y de la presidencia, Juan
Ramón Quintana, que acceder al reclamo de los mineros era privilegiar a los que
más ganaban en detrimento de los que perciben salarios y jubilaciones
inferiores.
También
calcularon que en tal caso el Fondo Solidario, con que se abonan las
jubilaciones, se agotaría en diez años en vez de los treinta estimados con la
propuesta gubernamental de retiro: 4.000 pesos bolivianos para los mineros y
3.200 para el resto de los trabajadores.
Desde el
Palacio Quemado se argumentó que ese Fondo Solidario debe poder hacer frente a
las obligaciones del Bono Dignidad, que paga una renta a los mayores de 60 años
que no pudieron hacer aportes previsionales, y el Bono Juancito Pinto, de ayuda
a la infancia para ir a la escuela.
El gobierno,
a diferencia de sus predecesores neoliberales, paga esas ayudas sociales a 3
millones de personas, casi el 30 por ciento de la población que antes
naufragaba en total exclusión.
Asediado por
la huelga general, el presidente criticó políticamente a los dirigentes de la
COB. Se preguntó si eran gonistas (por Gonzalo Sánchez de Lozada, ex presidente
fugado a EE UU), banzeristas o neoliberales, que rechazaban con tanta furia el
cambio social en el altiplano. En realidad muchos dicen ser de izquierda, de
esa que suele extraviarse…
Evo puso en
la picota a los mineros de Huanuni, mina a menos de 200 km al sur de la
capital, porque se trata de un gran establecimiento, con 5.000 empleados,
nacionalizada por este gobierno y que debería trabajar con más eficiencia. Esa
mina estuvo parada desde el 6 de mayo, en rigor desde antes, hasta el 22 del
mismo mes. “¿Para qué me piden caminos y puentes, si después los van a
destruir?”, les enrostró el mandatario, cuando todavía no se había llegado a un
arreglo.
Tregua con
sabor a triunfo
Mientras las
hostilidades eran más rotundas, varios sectores de trabajadores, campesinos,
entidades comunales y sociales se movilizaron en defensa del gobierno de
Morales.
Eso, más la
intransigencia y métodos innecesariamente violentos de la COB, fueron
debilitando el conflicto. El presidente, firme en sus posturas, afirmó que
muchas bases de la central obrera estaban de su lado y no consentían el paro
indefinido de Murillo y demás dirigentes.
Una de las
primeras señales de fisuras en el frente huelguista lo dio la Federación
Sindical de Mineros que, al margen de la COB, propuso algo más sensato: una
jubilación de 4.900 bolivianos (la central había dado un ultimátum a Evo por
una de 8.000 bolivianos).
La central sindical
primero dio una tregua de 48 horas, entre el lunes 20 y el miércoles 22, y
finalmente terminó firmando un acta con tres ministros. A los dos citados, de
Economía y Trabajo, se sumó el de Gobierno, Carlos Romero.
El monto de
las jubilaciones quedó muy cerca de la propuesta gubernamental de 4.000
bolivianos para mineros y 3.200 para el resto de los asalariados. La mejora
está en que los primeros pueden jubilarse ahora con 30 años de trabajo, en
tanto el resto con 35. Y en que el monto de su retiro promediará los últimos 24
recibos de sueldos, en vez de los 72 que se tenían en cuenta hoy para sacar ese
promedio.
Según Arce,
ministro de Economía, el 30 por ciento de los trabajadores se retirará con
hasta un 80 por ciento de sus haberes, y el resto con el 70 por ciento,
dependiendo de sus salarios y años de aportes. A simple vista parece un logro
no de la COB sino de las políticas sociales de Evo Morales.
¿Evo
candidato?
Al día
siguiente del fin del paro, el 23 de mayo, las organizaciones de masas que apoyan
a Morales realizaron un “Cabildo Patriótico y Revolucionario por la Defensa de
la Democracia” en la plaza Villarroel, en Miraflores, La Paz. Una de las más
activas en la convocatoria fue la entidad de mujeres “Bartolina Sisa”, los
trabajadores campesinos, una parte de los mineros y de entidades
interculturales, quienes bregan por una nueva orientación de la COB.
Evo Morales
habló en esa concentración popular, asegurando que “todos tienen derecho a una
renta jubilatoria y no vamos a aceptar que sólo beneficie a los de más altos
ingresos”.
También
explicó que a él como político no le hubiera costado mucho disponer del aumento
solicitado y que hasta podía beneficiarlo en términos electorales, pero
prefería pensar en las nuevas generaciones y no las próximas elecciones.
Deberá
pensar en ambos términos, porque el 29 de abril el Tribunal Constitucional de
Bolivia consideró legítima la aspiración del presidente de presentarse a un
nuevo mandato. La nueva Constitución aprobada en 2009 sólo prevé dos, pero ese
órgano jurídico entendió que el actual (2000-2015) debe considerarse el
primero, pues el de 2006-2010 se vio interrumpido y en 2009 se aprobó una nueva
Constitución que dio lugar a la República Plurinacional y Pluriétnica.
Si esto se
concreta, Evo competirá en octubre de 2014 para el mandato 2015-2020 y si lo
gana será el presidente que más años gobernó el país. ¿Ganará? Si es por los
antecedentes, hoy sería casi una fija: en diciembre de 2005 triunfó con el 53,7
por ciento de los votos y en 2009, con la nueva Constitución Política surgida
de una Asamblea Constituyente fundacional, obtuvo el 64 por ciento.
De allí que
la USAID y el gobierno norteamericano, la prensa privada y la SIP, los grandes
productores del estado separatista de Santa Cruz, los partidos de derecha como
Convergencia Nacional y, paradojalmente los dirigentes que presumen de
izquierda de la COB, tratan de destruir al primer presidente aymara y
originario, en tiempos modernos, en la región.
Sergio Ortiz
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twitter: @Sergioortizpl
