Con el fin de ejemplificar el papel del Estado este
trabajo intenta tocar ampliamente dos conceptos que forman parte de la
naturaleza misma del Estado: justicia y violencia. El primero se supone
que sirve para ser protegidos por el Estado; el segundo se utiliza para
ejercerla contra los enemigos de ese Estado. Es claro que ésta es una
visión simplista y unidimensional, pero sirve como punto central de este
trabajo que trata sobre la peligrosa manipulación de ambos conceptos.
La justicia, cuando la hay, demora tanto que sirve de poco a los
millares de habitantes de las poblaciones marginadas que se ven
desplazadas, desposeídas y atacadas por esa ogra que llamamos
“progreso”. La violencia es la negación de la justicia y se presenta
como una entidad en sí misma.
Durante un mes recorrí Chhattisgarh, me reuní con la
gente, con organizaciones estatales y populares, para investigar sobre
la violencia del Estado contra las mujeres. Llegué a la conclusión que
es una parte del vasto archipiélago de la explotación, de la negación de
los derechos a la propiedad de la tierra, a la no aplicación de las
leyes que supuestamente benefician a las personas. Y todo ello adquiere
una mayor dimensión cuando me topé con la detención arbitraria de
cualquier persona que es sospechosa para el Estado (1). El empleo
judicial de la violencia es un papel que ha asumido el Estado. Veamos
unos casos.
Ledha es una mujer adivasi del distrito de Sarguja.
Estaba casada con Ramesh Nageshila, un conocido miembro del partido
maoísta. Dado que según la ley la identidad de la mujer está íntimamente
ligada a la de su marido, Ledha también fue acusada de naxalita y
encarcelada bajo la acusación de haber participado en un ataque en el
que murieron 3 miembros de los CRPF (2). Estaba embarazada. Gracias al
esfuerzo de su abogado, se le concedió permiso para dar a luz fuera de
la cárcel, pero tras el parto fue encarcelada de nuevo. Un año y medio
después Ledha fue absuelta y puesta en libertad. La policía la ofreció
dinero y trabajo a cambio de la rendición de su marido. Ledha convenció a
su marido para que se entregara, lo que hizo. Sin embargo, en el mismo
momento de la entrega la policía mató a Ramesh ante sus ojos. A Ledha la
amenazaron si revelaba lo sucedido. Los periódicos “informaron” del
hecho como la muerte de un maoísta en un combate en Shankergarh. Ledha
no se atrevió a hablar, volvió a su pueblo y allí descubrió que la
policía la estaba buscando. Se entregó y fue violada por SP Kalluri
delante de sus padres y de su hijo. Al día siguiente, Ledha fue violada
por Dheeraj Jaiswal y otros cuatro policías. El caso llegó al Tribunal
Superior de Chhattisgarh, pero Ledha retiró la denuncia cuando sus
padres fueron torturados por la policía.
Meena Xalxo era una joven menor de edad a quien acusaron
de ser naxalita. Fue detenida, violada y asesinada por la policía del
distrito de Balrampur. Pese a que la autopsia confirmó la violación de
la menor, los medios de comunicación no informaron de ello. Ni una
línea. La familia llevó el caso a la justicia, pero retiró la denuncia
cuando el Estado ofreció a su hermano un puesto de trabajo en una
escuela pública.
En la aldea de Koyabekur, los policías especiales
antiguerrilla entraron en la madrugada del 14 de septiembre de 2012 y se
llevaron a tres hombres. Cuando las mujeres intentaron bloquear la
salida de los policías, arremetieron contra ellas destrozándoles la cara
con patadas. Uno de los policías introdujo un objeto punzante en el
oído de una de las mujeres, una mujer de 60 años. Como en el caso de
Meena, ningún medio informó del hecho. Y ni hablar de una investigación
judicial.
Esta actitud complaciente hacia la violencia del Estado es justo lo contrario de la democracia.
La violencia de género y de casta se ha manifestado a
través de las desigualdades en la sociedad y sus estructuras desde
tiempos inmemoriales. Estamos en un Estado patriarcal que no sólo saquea
al país de sus recursos, sino también la dignidad y los derechos de sus
mujeres. La vulnerabilidad de las mujeres y los niños en las “zonas de
conflicto” es un tema popular, pero cuando es el Estado quien perpetra
la violencia desaparece todo el interés. Hay un abismo entre los
derechos, la justicia y la libertad. El Estado no puede ser considerado
como una entidad política abstracta y no se puede hablar de separación
de poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ni tampoco de medios de
comunicación “libres”.
El caso de Ledha indica de forma clara qué representa
para un maoísta su entrega a la policía, representa qué supone para una
mujer ser detenida por la policía, representa cómo manipulan los medios.
Lo mismo en el caso de Meena. Ambas son dalit, una manifestación
estructural de la injusticia histórica contra los dalit que se ve
reforzada cuando se frena la investigación judicial. La justicia está al
servicio del Estado y del uso, por el Estado, de la violencia a través
de sus diferentes armas y maquinarias.
El peligro no está sólo en el uso generalizado de la
violencia, sino en la impunidad que ofrece a los autores debido a su
estrecha relación con el Estado. Los crímenes cometidos por los miles de
soldados y policías desplegados en Chhattisgarh son solo una gota en el
inmenso océano de crímenes cometidos contra las mujeres por los hombres
de uniforme, especialmente en los lugares “conflictivos”.
Viernes 6 de septiembre de 2013
por
CEPRID
Mrinalini Paul
CEPRID
Traducido por María Valdés
Notas de la traductora:
(1) Chhattisgarh es el estado de la India donde es más fuerte la guerrilla maoísta.
(2) Cuerpos de Reserva de la Policía Federal, paramilitares.
Mrinalini Paul es trabajadora sanitaria en Bengala Occidental.
La
Santa Sede reconoció oficialmente ayer al Estado de Palestina al
anunciar que está listo un acuerdo global bilateral que se convertirá en
un tratado no bien lo firmen las partes. En el documento, que equivale a
un concordato general que regula las relaciones de la Iglesia católica
con Palestina, se auspicia que el largo conflicto entre israelíes y
palestinos se solucione con la creación de dos Estados democráticos que
convivan en paz y seguridad mutuas. La decisión provocó la inmediata
reacción del gobierno del premier conservador israelí, Benjamín
Netanyahu, que se declaró “desilusionado”.
