Otra vez la CIDH formó su show mediático en Washington, y
otra vez volvieron con su andanada de ataques contra países progresistas de
América Latina como Cuba, Venezuela, Ecuador y otros. Esta vez se vieron
acompañados los señores “jueces” -nada imparciales-, por un grupo de
mercenarios cubanos, entre los que se encontraban Antúnez, Sayli Navarro, Magaly
Norvis Otero, Iris Tamara Pérez Aguilera y Rolando Rodríguez Lobaina,
esperándose también a Leonardo Calvo Cárdenas, del Comité Ciudadano por la
Integración Racial, quien pretende tocar el tema de los afrodescendientes.
Junto a ellos estaban los más recalcitrantes enemigos de Cuba dentro de la
mafia cubano americana en el Congreso, Mario-Díaz
Balart e Ileana Ros-Lehtinen, quienes se hacían acompañar por la siempre
omnipresente Janisset Rivero, miembro del Directorio Democrático Cubano.
La reunión sirvió para propalar una serie de falacias
sobre Cuba y tratando de impostar la matriz de opinión de que el gobierno
cubano fue responsable de las muertes de Orlando Zapata Tamayo, Wilmar Villar Mendoza,
Laura Inés Pollán, Oswaldo Payá Sardiñás y Harold Cepero. Descaradamente, el contrarrevolucionario
Jorge Luis García Pérez, Antúnez, tomó la batuta en el sitial de los detractores
para decir: “Es importante esta
oportunidad porque es la primera ocasión en que opositores podemos venir desde
Cuba a brindar estos testimonios y denunciar la situación de derechos humanos”.
Como no hay nada nuevo en estos circos, donde solo
cambian los títeres y payasos, quise traer a mis lectores un viejo artículo,
fechado el 7 de noviembre del 2008 y titulado “Las veleidades de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y su papel contra los países del ALBA.”,
para que vean cómo está integrada esta infame comisión y cuáles son sus
propósitos.
He aquí, pues, el artículo de marras:
El inicio de las sesiones del 137 periodo
de ordinario de sesiones de la a Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
el pasado día 2 de noviembre de 2009, ha desentrañado que este órgano de la OEA
viene colaborando con la campaña ideológica contra las naciones del ALBA -particularmente contra Cuba y Venezuela-,
desde hace varios años.
La parcialización de la CIDH contra Cuba y
Venezuela ha sido puesta de manifiesto en el Informe Anual de la misma para el
año 2008, en que evalúa y critica supuestas violaciones a los derechos humanos
y al desempeño democrático en estas dos naciones, desvirtuando la realidad
existente en esa materia.
La legítima reacción del representante de
Venezuela ante la CIDH, Germán Saltrón, en las sesiones que lleva a cabo la
misma, puso al desnudo cómo Venezuela se ha ubicado en el punto de mira de las
maquinaciones desestabilizadoras de la contrarrevolución interna, apoyada por
Estados Unidos y subvencionada por sectores de la derecha internacional, a los
que se encuentra haciendo juego la CIDH.
Saltrón exclamó airado: "¿Por qué la comisión admite tantos
casos contra Venezuela? No podemos concluir otra cosa que la comisión está
parcializada en contra de nuestro país".
La
difamaciones contra Venezuela y su comportamiento democrático, producto de falsas
acusaciones provenientes de la oligarquía desplazada del poder político y
fabricadas por las ONGs que sirven de
pantalla a la actividad desestabilizadora de Estados Unidos e Israel, aceptadas de manera apresurada por la CIDH,
demuestran que en el trasfondo existe una campaña anti bolivariana y
antichavista, mantenida desde hace seis años. Prueba de ello fue el que la CIDH
bendijo el golpe de estado de 2002 en Venezuela.
Por su parte, las sesiones actuales del
CIDH dieron cabida a infamias de organizaciones terroristas y
contrarrevolucionarias de origen cubano, que acusan a Cuba y tratan de denigrar
su sistema social con manidas falacias y
mentiras. Las imputaciones sobre supuestas torturas, ejecuciones extrajudiciales y la violencia por
parte del estado cubano, fueron el centro del venenoso discurso ante la CIDH
por parte de la leguleya Janisset
Rivero, Secretaria de la agrupación miamense Directorio Democrático Cubano
(DDC). Sin sonrojo, sabiendo lo falaz de sus argumentos, expresó: “El régimen de La Habana aplica de forma
sistemática métodos de tortura y aniquilamiento contra los cubanos desde hace
50 años y, en muchos casos, la represión, las amenazas y la tortura sicológica
impiden a los sobrevivientes o familiares
de víctimas salir ante la luz pública a denunciar estos hechos''.
La contrarrevolucionaria no vaciló en casi
comparar a las cárceles cubanas con la prisión de Abu Grahib, endilgando al
gobierno acusaciones sobre torturas deshumanizadas contra los detenidos y
declarar que cincuenta de ellos han sido asesinados en prisión. Estoy seguro,
que su voz acusadora nunca se levantó para condenar a los Estados Unidos,
nación que financia su actividad difamatoria, por los crímenes cometidos contra
los pueblos afgano e iraquí, ni tan siquiera levantó su voz para denunciar la
represión que padece el pueblo hondureño a manos del régimen golpista e
inconstitucional de Micheletti.
Cuando exclamó Janisset Rivero ante la
CIDH: "Pedimos justicia y reparación
para el pueblo de Cuba, sumido en el ostracismo y la dominación totalitaria por
demasiado tiempo'', nunca se refirió a que ese pueblo que pretende defender
sin autoridad moral ha padecido centenares de atentados terroristas y ha
sufrido muerte, mutilaciones y pérdidas materiales, provocadas por extremistas
y criminales que conviven con ella.
LA CIDH ARREMETE CONTRA VENEZUELA.
Venezuela, que se opone firmemente a una
visita requisitoria de la CIDH y exige la sustitución de su actual Secretario
General Santiago Cantón.
Los ataques contra la República Bolivariana
de Venezuela se iniciaron el mismo día 2 de noviembre, cuando se presentaron
cuatro denuncias contra ella por parte de grupúsculos contrarrevolucionarios
disfrazados de ONGs. La primera de las acusaciones partió de Provea y arguye un
supuesto proceso de criminalización de la protesta en Venezuela, en relación
con la respuesta del gobierno bolivariano a la provocación montada por grupos
estudiantiles dirigidos por agentes del Mossad y en contubernio con la
contrarrevolución venezolana.
Baste reproducir algunos fragmentos del
Informe anual para 2008 de la CIDH, repudiado por Chávez, para conocer el
carácter parcializado de este organismo de la OEA, expresado en las
conclusiones del Capítulo IV de dicho informe:
“438. Por otra parte, entre los principales aspectos que la
Comisión considera afectan de manera general el disfrute efectivo de los
derechos humanos de todos los habitantes de Venezuela se encuentran la
existencia de un ambiente hostil para el disenso político, el señalamiento u
hostigamiento a organizaciones no gubernamentales o defensores de derechos
humanos, (…) la existencia de obstáculos
directos e indirectos a la libertad de expresión, la existencia de leyes, que
en su aplicación, pueden afectar el goce de los derechos y las graves condiciones
en las que se encuentran las personas privadas de libertad.”
Algunas de las recomendaciones, hablan
por sí solas:
● “Adoptar las medidas necesarias para promover la tolerancia y el
pluralismo en el ejercicio de los derechos políticos, absteniéndose de fomentar
todo tipo de represalia al disenso ideológico.”
● “Implementar mecanismos adecuados a fin de prevenir las violaciones
del derecho a la vida e integridad personal y garantizar la seguridad ciudadana
de los habitantes de Venezuela”.
Otro ataque difamatorio contra el gobierno
bolivariano provino de William
Echevarria, presidente del Colegio
Nacional de Periodistas (CNP) y representante activo de la labor de zapa y
desestabilización interna contrarrevolucionaria. A sus embustes, se sumó Mercedes Freitas, miembro de la provocadora
Transparencia Internacional, quien acusó a Venezuela de limitar trabajo de medios independientes -entiéndase los
medios al servicio de la desestabilización y de la oposición
contrarrevolucionaria-, y de someterlos a diversos atropellos y persecución.
La verdad es que la CIDH, haciendo
oídos a las campañas desestabilizadoras, a la desinformación mediática y a
difamadores profesionales y mercenarios de la derecha oligárquica venezolana, ha colocado injustamente a Venezuela y a Cuba,
de manera indigna y premeditada, en sus informes anuales de 2002, 2003, 2005, 2006 y 2008, como países violadores de los derechos humanos, incluyendo
igualmente a Haití y Colombia en este grupo.
PRETENDEN SATANIZAR A BOLIVIA DENTRO DE LA
CIDH.
El 137 periodo de ordinario de sesiones de
la a Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha presentado también como el marco
propicio para arremeter contra el gobierno progresista de Evo Morales. La
maniobra, en este caso, procede del presidente del Senado de Bolivia, Oscar
Ortiz, y de los senadores Luis Vásquez y Roger Pinto, quienes como reconocidos
saboteadores de las legislaciones
progresistas promovidas por Morales, asumen el papel de víctimas, denunciando
supuestos atropellos y restricciones a la actividad de los órganos legislativo
y judicial en Bolivia.
La acusación, esgrimida también por el
opositor Willman Durán, ex presidente del Tribunal Constitucional, acusa al
gobierno boliviano de violar los derechos humanos y de imponer sus reformas por
sobre la voluntad del Congreso Nacional.
Usando
un sinnúmero de falacias que incluyen las ejecuciones sumarias, destituciones de
miembros del aparato judicial, atentados y agresiones contra diputados
opositores, Oscar Ortiz persigue que el caso boliviano sea llevado ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Estos ataques, sin lugar a dudas expresión de la burguesía boliviana
opuesta a las radicales transformaciones sociales en Bolivia emprendidas por
Evo, se han sumado a los ataques mediáticos emprendidos contra el presidente
por la USAID, la OTI y la Voz de las
Américas.
La respuesta a las falsas acusaciones no se
hizo esperar, esta vez en boca de Sacha Llorenti, viceministro de Coordinación
con los Movimientos Sociales, quien argumentó que los representantes de las
fuerzas de derecha en el Congreso Unidad Nacional y Plan Congreso para Bolivia
Convergencia Nacional, lanzaron esas
calumnias y detracciones con vistas a parcializar a la opinión pública
internacional en la venideras elecciones generales en Bolivia, a realizarse el próximo 6 de diciembre y donde el presidente Evo Morales
se erige como favorito para un segundo mandato por encima de su contrincante
Manfred Reyes Villa. En el día de ayer, este representante de la oposición
contrarrevolucionaria, asociado con los detractores de Bolivia ante la CIDH,
prefecto de Cochabamba y aspirante a la presidencia, Manfred Reyes Villa, fue
acusado de manejo dudoso de fondos públicos incumplimiento de deberes y
conducta antieconómica.
Para Llorenti, los ataques de los
parlamentarios y otros miembros opositores al gobierno, es un “intento de instrumentalización de la CIDH,
de electoralización y de defender los intereses de latifundistas y
separatistas”.
Según Llorenti, en toda la historia de
Bolivia no ha habido un Gobierno “tan abierto” a la presencia de organismos de
derechos humanos, algo que evidenció en el hecho de que ha invitado a la
Relatoría para la Libertad de Expresión al país.
MANIOBRA CONTRA NICARAGUA EN LA CIDH.
Nicaragua tampoco está exenta de los
ataques de las fuerzas contrarrevolucionarias, que encuentran en la CIDH el
marco propicio para calumniar a las naciones progresistas del Continente. En
este caso, el Centro Nicaragüense de
Derechos Humanos (CENIDH) presentó una denuncia sobre la existencia de fuerzas
de choque empleadas por el gobierno en Nicaragua para reprimir el reclamo de la oposición sobre la
violación de las libertades de expresión
y manifestación. Según este organismo al servicio de la desestabilización, las
expresiones de apoyo popular al gobierno de Daniel Ortega y sus enfrentamientos
a las actividades provocadoras y desestabilizadoras de la derecha, constituyen
una amenaza para la libertad de expresión.
Las recientes protestas de los seguidores
del FSLN ante la embajada yanqui en Managua, ante las declaraciones injerencistas
del embajador norteamericano Robert Callahan, parecen haber asustado a Vilma Núñez, presidenta de CENIDH, quien
declaró tan infundadas acusaciones: “A
los órganos oficiales de justicia y orden se han incorporado miembros de
patrullas juveniles, que tienen la bendición del gobierno, del presidente y de
su agitador principal, el diputado Gustavo Porras”.
La maniobra de la presidenta de CENIDH fue
ripostada por Denis Moncada, embajador nica ante la OEA y quien puso al desnudo
las verdaderas razones del infundio promovido por la organización de Vilma
Nuñez. En este sentido, declaró: “Nicaragua no es una dictadura, y ni la
policía ni el Ejército reprimen a los ciudadanos” (…) “Lo que hay en el país es
un incremento de la lucha política de la derecha, que procura desestabilizar al
gobierno del presidente Daniel Ortega. Dentro de esa lucha se producen
confrontaciones, que no tienen que ver con la política del Estado”.
Moncada destacó que hay una clara guerra
mediática contra el gobierno, capitaneada por los dueños de los medios de
difusión, quienes distorsionan los avances del gobierno sandinista en el plano económico y social, limitándose a
crear conflictos con las masas sandinistas y a desestabilizar al gobierno
mediante una guerra ideológica y desinformativa.
Según Moncada, “Decir que no hay libertad de expresión es una afirmación desacertada
que se hace con fines de propaganda política antigubernamental”.
Otra maniobra para satanizar a Daniel
Ortega dentro de la CIDH se puso de manifiesto por parte de la Federación
Democrática de Trabajadores del Servicio Público, afiliada a la opositora
Confederación de Unidad Sindical (CUS), quienes
le acusan de haber cesanteado injustamente a
11 mil 702 trabajadores, hecho que responde a programas de racionalización
del aparato estatal, abultado por los gobiernos anteriores y su injustificado
apego a un enorme entarimado burocrático.
¿QUÉ
ES REALMENTE LA CIDH?
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), con sede en Washington, es junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el
instrumento establecido para la protección de los derechos humanos en el
continente americano.
Aunque
sus integrantes son personalidades de
reconocida trayectoria en Derechos Humanos, elegidos electos a título personal
y no en representación de gobierno
alguno, ha sido minada históricamente por representantes apegados a las
derechas tradicionales latinoamericanas y han adoptado cuestionables
acusaciones contra los movimientos de izquierda y naciones progresistas del
continente. Por supuesto, jamás ha levantado, de manera enérgica y firme,
contra el principal violador de los derechos humanos en el continente: Estados
Unidos.
Como un órgano de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), siempre se ha prestado a representar y validar las
posiciones de la misma, respaldando el aislamiento a Cuba y dando puerta
abierta a cualquier creada por sus detractores internos y externos.
El escandaloso manejo del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) con sede en la ciudad de Washington D.C. y la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
en San José de Costa Rica, a favor de
las derechas y su bajo nivel de exigencia ante sus atropellos, así como su agresividad
permanente contra Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, han puesto en
serio cuestionamiento su imparcialidad y eficacia.
Aunque el SIDH se fundamenta en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, en la Carta de la OEA (1948) y en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en 1969 y vigente desde
1978, nunca se ha pronunciado firmemente contra los constantes golpes de estado
que han padecido nuestras naciones en décadas anteriores. En este caso, ha sido
amiga de las medias tintas.
Tampoco el SIDH ha acusado alguna vez a los
Estados Unidos por sus agresiones militares a Granada, República Dominicana y
Panamá, por su papel en el creciente armamentismo en América Latina, por la
guerra sucia diseminada en el continente y desatada contra Cuba, la Nicaragua
Sandinista en los 80 y actualmente contra otras naciones progresistas. Tampoco
el SIDH ha denunciado con energía el criminal bloqueo contra Cuba y los actos terroristas
promovidos por Estados Unidos. Para ellos, con evidentes pruebas de la
complicidad de los gobiernos de Estados Unidos, Venezuela y la dictadura
militar de Pinochet, no hubo la más mínima declaración de repudio por el atroz
crimen de Barbados cometido por Orlando Bosch Y Luis Posada Carriles.
ARREMETEN CONTRA ECUADOR EN LA CIDH
Ecuador ha sido también acusado dentro de
la CIDH por arremeter supuestamente contra la libertad de expresión, valiéndose
para ello los denunciantes del encarcelamiento de los provocadores Giancarlo
Zunino y Félix Pilco, quienes fueron encausados por incitar al separatismo en
Ecuador y promover la desobediencia civil contra el gobierno de Rafael Correa.
Tal vez el más álgido aspectos de las
denuncias contra Ecuador ante la CIDH lo representa la demanda de la Confederación
de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) contra el gobierno, en relación con la interpretación que éstos le han dado
al proyecto de ley de Recursos Orgánica de Recursos Hídricos en debate
en la Asamblea Nacional de este país.
Manipulado
por sectores de la burguesía, la labor desinformativa de varias ONG al servicio
de Estados Unidos y las apetencias de protagonismo que de manera individual
muestran algunos dirigentes dentro de la CONAIE, el movimiento indígena ha
protagonizado varias protestas contra leyes que, según ellos, ponen en peligro
la vida de sus comunidades.
Mientras el CONAIE reclama una
participación vinculante con respecto al empleo del agua y la legislación al
respecto, el gobierno reconoce la participación
de los mismos de manera consultiva con respecto a la formulación y discusión de
la Ley de Aguas.
La disposición del presidente Correa de
dialogar con los representantes de CONAIE ha sido un paso positivo, pues
permite eliminar desacuerdos artificiales con sus bases de masas en el gobierno,
a la par que esclarece la manipulación mediática y desestabilizadora que se ha
dado al asunto. Desde luego, como medida preventiva ante el diálogo, se postergó
el plazo para la aprobación de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos para enero
del 2010.
El asesinato del maestro de origen indígena
Bosco Wisum durante las protestas contra la Ley de Aguas -inicialmente
endilgado a la policía-, fue realizado por provocadores dentro de los
manifestantes, interesados en minar la alianza del gobierno con su base de
masas de los pueblos indígenas, que responden a los intereses del ex mandatario
Lucio Gutiérrez.
Mientras el gobierno llama al diálogo,
dirigentes de la CONAIE se apresuran a crear un ambiente desestabilizador.
Correa les llamó a la sede de su gobierno, el Palacio de Carondelet, con estas
palabras: "Bienvenidos hermanos.
Este gobierno es de ustedes, de los pueblos indígenas, el Palacio de Carondelet
es de ustedes. Ahí nos hemos reunido antes, me da un gran gusto y nos dará un
gran gusto recibirlos nuevamente".
Por su parte, instigados por sectores
opositores y enmascarados en ONG al servicio de la CIA, los dirigentes de la
CONAIE han dado un peligroso paso al solicitar la fiscalización de organismos
internacionales como la OEA y el CIDH, de dudoso compromiso con la verdad, para
que actúen como observadores en su diálogo con el gobierno.
No
fue raro entonces, que la Voz de las Américas (VOA) -entiéndase instrumento al
servicio de la CIA-, se apresurara en entrevistar a los dirigentes de la CONAIE
durante su arribo a Washington para participar en el 137 Período de Sesiones de
la CIDH.
No puede negarse, sin embargo, que en
muchas ocasiones los pueblos indígenas han sufrido en carne propia las
decisiones de gobiernos anteriores en América Latina en general y en Ecuador,
en particular. El recelo y la desconfianza justificada están arraigados en la
idiosincrasia del indígena explotado y discriminado durante siglos, pero la
renuencia a confiar en el gobierno de Correa y la búsqueda de alianzas con
quienes le atacan, es un acto reprobable.
El tinglado acusatorio montado contra el
gobierno de Rafael Correa no beneficia directamente a los pueblos indígenas y
sí contribuye a la campaña desestabilizadora promovida por Estados Unidos y la
extrema derecha ecuatoriana.
LA
CUBA ATACADA POR LA CIDH DURANTE DECADAS.
Los informes anuales de la CIDH constituyen
una continuada expresión del papel parcializado de este organismo y cómo el
mismo ha respondido directamente a los onerosos intereses de la OEA y a los designios imperiales de Estados
Unidos.
Las falacias han sido sistemáticas, la
detracción reiterativa y los infundios fabricados desde las oficinas de los especialistas
en guerra mediática de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana y sus servidores como la
USAID, la VOA, la mafia de Miami y sus
servidores de la quinta columna contrarrevolucionaria dentro de Cuba.
Observemos, por ejemplo algunos fragmentos
difamatorios sobre la situación de los derechos humanos expuestos en el Informe
Anual de la CIDH, emitido el 16 abril 2001, donde se expresa: “19. La Comisión observa que a pesar de sus
reiteradas recomendaciones al Estado para que reforme su sistema legal vigente
a fin de lograr una irrestricta vigencia de los derechos humanos en Cuba, las
autoridades no han variado su práctica de violaciones sistemáticas a la
libertad de expresión, reunión y asociación, ni las disposiciones
constitucionales y penales en que se apoyan.”
“Las restricciones de Cuba sobre los derechos humanos estaban ancladas en
la estructura legal e institucional del país.
Los derechos a la libertad de expresión, asociación, asamblea,
movimiento y de prensa estuvieron estrictamente limitados por la legislación
cubana. Al criminalizar la propaganda
enemiga, la divulgación de noticias no autorizadas, y el ultraje a los símbolos
de la patria, el gobierno reprimió la libertad de expresión bajo la apariencia
de la protección de la seguridad del Estado.”
Desde luego, este informe tendencioso
recibió la respuesta adecuada del entonces Jefe de la Sección de Intereses de
Cuba en Washington, quien luego de devolver el informe: “en nombre del Gobierno de la República de Cuba, nuestro país no
reconoce la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
por lo tanto no acepta lo expresado en el texto de este informe”.
La explicación a la respuesta cubana tiene
su fundamentación histórica en el indecente papel desempeñado por la OEA contra
Cuba, cuyos ataques tuvieron inicio en agosto de 1959 -apenas ocho meses
después del triunfo revolucionario en la Isla-, en la Quinta Reunión de
Consultas de los Ministros de RR EE de la OEA, celebrada en Santiago de Chile,
donde se acusó a Cuba de injerencia en los asuntos internos de otras naciones.
Esta agresividad se repetiría
sistemáticamente en los años subsiguientes, tal como ocurrió por citar un
ejemplo, en la VII Reunión de Consulta de San José, Costa Rica en agosto de
1960. La nueva maniobra anticubana de la OEA fue fabricada por EE UU y empleó a
Perú como peón acusatorio, endilgándole a Cuba el papel de amenaza para la paz
en la región. Una vez más brilló nuestro
extinto Canciller de la Dignidad, Raúl Roa, cuando concluyó su enérgica
intervención ante el plan falaz de la
OEA: “Me voy con mi pueblo, y con mi
pueblo se van también de aquí los pueblos de nuestra América.”
Cuba también respondería a esta maniobra
cuando el pueblo adoptó la Primera
Declaración de La Habana, rechazando la sucia maniobra de la OEA y las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos.
La ofensiva anticubana alcanzó su colofón
en dos eventos posteriores de esta organización:
● En
la Octava Reunión de Consulta de la OEA, celebrada Punta del Este, Uruguay, en
enero de 1962, se excluyó a la Isla del Sistema Interamericano.
● La
Novena Reunión de Consulta de Ministros de RR EE de la OEA, celebrada en julio
de 1964, en Washington, en la que se adoptaron injustas sanciones contra
nuestro país, tales como la prohibición a las naciones miembros de mantener
relaciones diplomáticas con Cuba, cese del intercambio comercial con Cuba,
ampliando el bloqueo norteamericano que ya padecía la Isla. También se prohibió
la interrupción del transporte marítimo entre los países de la OEA y Cuba.
Con la honrosa excepción de México, todos
los miembros de la OEA rompieron relaciones con Cuba.
No por gusto se creó en esta misma Novena
Reunión de Consulta la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien, junto a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pasaría a ser escenario de
falacias y groseras acusaciones contra Cuba en materia de democracia y derechos
humanos.
Los ataques reiterados de las CIDH y de la
OEA contra Cuba fueron respondidos por
el canciller Raúl Roa el 4 de noviembre
de 1964, al responder a una comunicación
de la CIDH, estableciendo la política cubana con respecto a las denuncias de
estos engendros del sistema de dominación norteamericana en América Latina: “Cuba fue arbitrariamente excluida de la
OEA...Ni jurídica, ni factual, ni moralmente la OEA tiene jurisdicción ni competencia
sobre un Estado al que se ha privado ilegalmente de sus derechos.”
Los ataques de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos han sido sostenidos, así lo demuestran los informes
especiales sobre la Isla emitidos en los años 1962, 1963, 1967, 1970, 1977,
1979 y 1983. Actualmente, han emitido
infundadas acusaciones contra Cuba en
sus informes anuales de 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, hasta el momento actual.
Un problema crucial en el papel de
intromisión de la CIDH en los asuntos internos de Cuba es que siempre ha pretendido
poseer, mediante artilugios legales, cierta competencia en lo referido a
materia de derechos humanos en la Isla, lo que ha sido siempre rebatido e
ignorado por la parte cubana. Sin embargo, la CIDH ha mantenido sus ataques
difamatorios, tal como se evidencia en los siguientes fragmentos del Capítulo
IV, Epígrafes 243 y 246, contenidos a las conclusiones del informa anual, en el
Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Año
2008:
“Tomando en consideración lo antes expuesto,
la Comisión vuelve a manifestar que las restricciones a los derechos políticos,
a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de
elecciones y la falta de independencia del poder judicial, configura una
situación permanente de trasgresión en Cuba de los derechos fundamentales de
sus ciudadanas y ciudadanos e insta al Estado a realizar las reformas
necesarias conforme a sus obligaciones internacionales en materia de derechos
humanos.”
“Finalmente, la
Comisión insta al Estado cubano a adoptar las medidas que sean necesarias para
prevenir y erradicar las distintas formas de hostigamientos contra quienes
ejercen el derecho de asociación con fines humanitarios y sindicales y contra
quienes se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos.”
En estos días sesiona, como señalamos
al inicio de este artículo, la CIDH, comprometida hasta los tuétanos en
prestarse al juego desestabilizador contra los países del ALBA. El supuesto
informe titulado "Tortura, ejecuciones extrajudiciales
y violaciones del derecho a la libertad de expresión en Cuba", elaborado por los detractores de la
Revolución Cubana y quienes encargaron al Directorio Democrático Cubano el
bochornoso papel de difundir falsedades en un teatro lleno de supuestos
defensores de los derechos humanos, basándose en las calumniosas declaraciones
de mercenarios y apátridas al servicio de Estados Unidos y de la mafia de
Miami.
Cuba y el ALBA seguirán adelante a pesar de
las calumnias y las mentiras.
Percy Francisco Alvarado Godoy.
