Tras saberse que el Departamento de Justicia de EE.UU. recopiló en
secreto información de más de 20 líneas telefónicas de la agencia de
noticias Associated Press, el presidente de AP, Gary Pruitt, calificó
los hechos como una violación a la libertad de prensa. “No existe
justificación posible” para la intervención, dijo Pruitt en una carta al
secretario de Justicia estadounidense, Eric Holder. “Consideramos esta
acción como una grave violación del derecho constitucional de la agencia
AP de reunir información e informar".
El departamento de Justicia compiló datos relevantes en los meses de
abril y mayo de 2012, entre los que se incluyen llamadas laborales y
privadas de periodistas de las oficinas de AP en Nueva York, Washington y
Hartford, Connecticut, donde trabajan más de 100 periodistas. Según AP,
no está claro si el Gobierno sigue interviniendo las llamadas, ni
tampoco cuántos profesionales han sido afectados por el espionaje.
El presidente de AP se quejó de una grave violación a la libertad de prensa.
La agencia de noticias fue informada el pasado viernes
(10.05.2013) de la acción mediante una carta del Departamento de
Justicia. Sin embargo, la notificación fue recibida una vez que los
datos habían sido recopilados por las autoridades. Esto significa que la
agencia no tuvo oportunidad de apelar contra la medida.
“La recopilación de datos mediante el espionaje de los reporteros y
reporteras de la AP es una grave violación a los principios sobre la
libertad de prensa establecidos en la Constitución”, dijo a DW Jesselyn
Radack, directora de Derechos Humanos y Seguridad del Proyecto para la
Responsabilidad Gubernamental, una organización que se preocupa de la
protección de quienes entregan información a la prensa.
Según AP, había interés en operaciones de la CIA en Yemen
Luego de reconocer la acción de espionaje, el Departamento de Justicia
no ha explicado el motivo por el cual buscaba recopilar datos, según AP.
Sin embargo, la agencia sospecha que las autoridades indagaban sobre un
artículo de mayo de 2012 relacionado con un ataque terrorista frustrado
en Yemen, que estaba basado en fuentes anónimas y que contenía
información confidencial sobre una operación de la CIA que frustró un
ataque de Al Qaeda contra una aerolínea comercial estadounidense.
Entre los periodistas espiados se encuentran cinco reporteros y un
redactor que trabajaron en el artículo sobre el operativo de la CIA.
Tres de ellos también participaron en una serie de artículos de
investigación, aparecidos en 2012, sobre una operación de vigilancia
policial sobre la comunidad islámica en Nueva York.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder.
“El que los medios deban preocuparse de evitar que sus fuentes
sean identificadas y sus métodos de investigación y contactos en el
Gobierno sean espiados, tiene un grave efecto amedrentador sobre la
libertad de prensa”, advierte Radack.
¿El Gobierno de Obama no sabía?
“Aparte de la información aparecida en los medios, no tenemos
conocimiento de ningún intento del Departamento de Justicia de
intervenir y recopilar datos telefónicos de la agencia AP”, dijo Jay
Carney, portavoz de la Casa Blanca. “Nosotros no estamos involucrados en
las decisiones que se toman con las investigaciones en curso, pues eso
depende del Departamento de Justicia”, dijo el vocero.
Sin embargo, Radack piensa que es difícil imaginar que la Casa Blanca no
sabía lo que estaba sucediendo. La especialista representó en el
pasado, entre otros, a Thomas Drake, un informante de la Agencia
Nacional de Seguridad que fue acusado de pasar datos confidenciales al
diario Baltimore Sun.
Si bien, teóricamente, el Departamento de Justicia opera de forma
independiente, el presidente Obama sí tenía conocimiento del caso Drake,
según Radack. “Si Obama no tenía información sobre el caso, primero
debería despedir a Eric Holder y luego toda la información compilada en
el marco de esta acción debería ser destruida”.
Medidas enérgicas contra los informantes
El caso de Bradley Manning es simbólico en cuanto al trato contra los informantes.
La Casa Blanca está aplicando mano dura contra los
denunciantes, especialmente cuando se trata de información relacionada
con la seguridad nacional. Con la ayuda de la legislación antiespionaje
de 1917, el Gobierno de Obama ya ha emprendido acciones en seis casos
donde se acusa a funcionarios de transmitir información confidencial a
la prensa.
El mayor y más conocidos de estos casos es el de Bradley Manning, un
analista de noticias de 25 años del Ejército de Estados Unidos, quien
está acusado de filtrar más de 250.000 documentos diplomáticos secretos a
WikiLeaks. Él está acusado de 22 cargos, incluyendo ayuda al enemigo,
que está penada con cadena perpetua.
“Es una extensión del régimen del secreto que se instaló bajo el régimen
de George W. Bush”, dijo a DW Radack. “Obama ha continuado con este
principio, en su afán por ganar el apoyo del aparato de seguridad e
inteligencia, que en un comienzo lo veían como un presidente débil.
Finalmente esa forma de enfrentar el tema ha llegado también hasta los
periodistas”, afirmó Radack.
Autor: Spencer Kimball / DZ
Editora: Cristina Papaleo
