| Las
principales víctimas del uso de armas de fuego en Estados Unidos se
concentran en zonas marginales pese al énfasis que reciben esos hechos
de violencia en centros de estudios y zonas alejadas de la pobreza,
donde predominan los blancos, indican estudios y estadísticas. |
David Cole, profesor de
Derecho en la Universidad de Georgetown, al abordar el problema de las
armas, centro de controversia en el país, señala que “esta realidad se
concentra en las zonas marginales, entre los pobres y las víctimas son
negros e hispanos muy jóvenes”, en la mayoría de los casos.
Un
informe de la organización Children‘s Defense Fund, de 2012, muestra que
44.038 niños y adolescentes negros murieron desde 1979 a causa de estos
artefactos, una cifra que ilustra el fenómeno. Ese grupo sostiene que
el homicidio por armas de fuego fue la principal causa de muerte entre
los jóvenes negros de entre 15 y 19 años, quienes además tienen ocho
veces más probabilidades de ser víctimas de estos ataques que los
jóvenes blancos.
El debate sobre el control de estos artefactos
se calentó en Estados Unidos cuatro meses después de la masacre en una
escuela de primaria de Sandy Hook, en el estado de Connecticut, en la
que murieron 20 niños y seis adultos. Recientemente un tiroteo acabó con
la vida de una niña negra en Chicago, unos días después de que la menor
participara en el acto de inauguración del segundo mandato del
presidente estadounidense Barack Obama.
Cifras de la Oficina de
Estadísticas de Justicia (BJS, por sus siglas en inglés) indican que
entre 1980 y 2008, los negros representaron de forma desproporcionada
tanto las víctimas como los atacantes en los casos de homicidios. Al
respecto, un estudio del Centro de Políticas contra la Violencia (VPC,
por sus siglas en inglés) aireó estadísticas federales de 2010, las
cuales indican que en ese año los negros representaron un 13% de la
población estadounidense, sin embargo resultaron el 49% del total de
víctimas de homicidios.
El informe plantea también que un negro
en el país tiene seis veces más posibilidades de ser víctima de un
homicidio que un blanco, aunque también -por las condiciones de
marginalidad y pobreza en las cuales vive esa minoría-, sus miembros son
siete veces más proclives a convertirse en homicidas que un ciudadano
blanco.
A la luz de los actuales debates en el país, algunos
activistas comunitarios plantean que la mayoría de los estadounidenses
no se preocupan por este tema, porque no viven en zonas marginales y la
tendencia es a mirar para el otro lado y no preocuparse del tema. Un
reciente comentario publicado por el diario californiano La Opinión
plantea que en los barrios latinos y afroamericanos, la cantidad de
muertes inocentes, jóvenes y niños, que ocurre cada año es muchas veces
mayor a la ocurrida en la tragedia de la escuela de Newtown,
Connecticut, en diciembre.
Cada año 30 mil personas mueren en
Estados Unidos víctimas de armas de fuego. En 2011, sólo en California,
murieron 631 jóvenes en actos violentos con armas, 55 por ciento de
ellos eran latinos. La comunidad blanca anglosajona de Estados Unidos es
la que tiene más armas de fuego legales en el hogar, pero los que ponen
la más alta tasa de víctimas son las minorías afroamericana y latina,
indican estudios.
Cifras de Pew Research Center aseguran que el
31% de la comunidad blanca tiene armas legales, frente a solo 15% de los
afroamericanos y 11% de los latinos y quizás, por ese precedente, sean
quienes más se oponen a los controles. Las estadísticas comprueban que
el debate más candente y las denuncias más vociferantes en torno a las
armas y el derecho de portarlas que otorga la Segunda Enmienda de la
constitución, se dan principalmente en la comunidad anglosajona y las
consecuencias de su uso se procuran en otras.
En ese sentido las
tendencias muestran, tal vez por eso, que líderes afroamericanos han
encabezado por décadas la lucha por regular las armas de fuego y
asimismo, las cifras evidencian, en el caso de la población latina, un
apoyo más grande a una mayor reglamentación que en el resto de la
población.
Las minorías raciales han tenido, históricamente,
menos acceso a las armas legales que la mayoría blanca en Estados
Unidos, apunta Stephen Nuño, profesor asistente de política y asuntos
internacionales en la Universidad del Norte de Arizona. Muchas leyes y
reglamentos de armas se hicieron especialmente para restringir el acceso
de las minorías a las mismas, considera Nuño, algo que también puede
ser un medidor racial del problema.
Por ejemplo, sostiene Nuño,
en muchos estados del sur había que entrevistarse con el sheriff o
policía local para recibir un permiso de tenencia de armas. La
posibilidad de dárselo a afroamericanos era mucho menor que a blancos,
subraya.
El 17 de abril, 41 senadores republicanos y cuatro
demócratas mataron un proyecto de ley para ampliar la verificación de
antecedentes de los compradores de armas, según el diario The New York
Times, “la última y mejor esperanza de legislación significativa para
reducir la violencia armada”.
En el festín de los legisladores,
como algunos llamaron a la acción, 60 rechazaron la aprobación de una
prohibición de las armas de asalto, mientras 54 votaron en contra de
limitar la capacidad de los depósitos o cargadores de bala para armas de
asalto en manos de la población. Con anterioridad, grupos partidarios
de aumentar el control de las armas celebraron una vigilia en Washington
en la que recrearon un cementerio con 3.300 cruces, en representación
de las personas muertas en el país por armas de fuego desde diciembre.
En
el lado contrario, quienes se oponen a nuevas restricciones alegan que
la Constitución estadounidense prohíbe que el Congreso limite la venta
de armas. Aunque no se plantea en los debates, el tema de las armas en
el país también tiene un trasfondo racial.
Niñez estadounidense víctima de la violencia
Lejos
estaban de imaginar los padres de Andy López, un niño hispano de 13
años, que este caería víctima de los disparos de la policía de Santa
Rosa, en el californiano condado de Sonoma (oeste del país) por portar
como juguete una réplica de un fusil de asalto. El hecho llevó al Buró
Federal de Investigaciones (FBI) a planear una investigación sobre el
caso de los dos policías que mataron con siete disparos al chico, pese a
que las autoridades de esa localidad hacen su propia investigación.
El
FBI tratará de encontrar pruebas para ver si se violaron leyes
federales, incluidos los derechos del joven. López, de padres mexicanos,
recibió siete disparos, dos de los cuales le provocaron heridas
fatales, según la autopsia llevada el 24 de octubre.
El hecho
ocurrió la tarde del martes 22, cuando dos asistentes del alguacil del
condado de Sonoma patrullaban un barrio del suroeste de Santa Rosa
cuando vieron a López caminando con lo que les pareció ser un fusil
AK-47. Tal vez por el ambiente creado por hechos de violencia usando
armas de fuego, los policías pidieron refuerzos y ordenaron
repetidamente al adolescente que tirara el arma al suelo, tras lo que
López, que estaba de espaldas, se giró hacia ellos.
Ese día el
teniente de la policía de Santa Rosa, Paúl Henry, en un comunicado, dijo
que “uno de los agentes describió que a medida que el sujeto se giraba
hacia él, el cañón del rifle de asalto se estaba alzando y enfocando en
su dirección”. “El agente, alegó, temió por su seguridad, la de su
compañero y la de los miembros de la comunidad residentes en el área.
Creía que el sujeto iba a dispararle a él o a su compañero”.
Tras
balear al niño, los agentes lo esposaron para posteriormente
suministrarle primeros auxilios, momento en que se dieron cuenta de que
el rifle era una réplica de un arma de asalto y que López llevaba además
una pistola de plástico adherida a su cinturón. El hecho aún no alcanza
los grandes medios de prensa del país, ni escritos ni televisivos, pese
a que más de 300 personas de lo localidad manifestaron en Santa Rosa
pidiendo justicia para López, nacido en California pero hijo de
inmigrantes mexicanos.
Este no es un incidente aislado en el
país, donde los niños son víctimas de un problema de fondo como es el
uso y tenencia de las armas de fuego, tema que mantiene polarizado al
Congreso y a la sociedad estadounidense, en especial por la
interpretación de los llamados derechos constitucionales a portar armas.
El
24 de octubre otro caso puso en evidencia la crisis cuando un niño de
11 años compareció ante una corte estadounidense bajo sospecha de
intento de asesinato, tras llevar a la escuela un arma con 400 rondas de
municiones. El presunto homicida supuestamente llevó además “múltiples”
cuchillos a la escuela Frontier de Vancouver, un pueblo en el estado de
Washington, en el extremo noroeste del país.
“Un niño de 11 años
fue interrogado por detectives y luego arrestado bajo el cargo de
intento de asesinato”, indicó un comunicado de la policía local. Según
medios de prensa ese fue el último de una serie de incidentes
protagonizados por escolares en Estados Unidos y que, solamente en esa
semana, causaron cuatro muertos.
El 21 de octubre un niño de 12
años disparó y mató a su profesor en la escuela Sparks en Nevada
(oeste). También hirió a dos compañeros antes de suicidarse. El
miércoles 23 de octubre, una profesora de 24 años murió presuntamente a
manos de un adolescente de 14 en la escuela secundaria Danvers de
Massachusetts.
Aunque opacados por los debates en el Congreso por
la aplicación de la ley de Salud y las repercusiones de las
filtraciones del espionaje contra 35 dirigentes extranjeros de la
Agencia Nacional de Seguridad, los incidentes echaron más leña al fuego
sobre el control de armas.
Una larga fila de incidentes,
incluyendo la masacre de diciembre de 2013 en Newtown (Connecticut,
este), donde murieron 26 personas, entre ellas 20 niños pequeños, no
terminan de convencer a los estadounidenses de los peligros de las armas
en manos de la población. Mientras el poderoso lobby de la Asociación
Nacional del Rifle mueve sus influencias en el Congreso, donde
argumentan que la disponibilidad en el mercado de armas de fuego no es
la culpable de tales tragedias.
Para estos sectores no son
representativas masacres como la de la secundaria Columbine, en
Colorado, donde los estudiantes Eric Harris y Dylan Klebold, mataron en
abril de 1999 a 13 personas e hirieron a otras 23, tal vez en el hecho
más notorio de violencia que involucró a adolescentes en el país.
Tal
vez la comparecencia en un subcomité judicial del Senado de Sybrina
Fulton, la madre de Trayvon Martin, un jovencito de 17 años muerto por
los disparos del ex vigilante voluntario George Zimmerman, en Florida,
traiga a colación estos hechos de violencia donde jóvenes y niños son
los más perjudicados.
En julio, Zimmerman fue absuelto por el
asesinato Martin, quien estaba desarmado porque la ley de Florida da
protección para que una persona pueda usar la fuerza mortal si hay una
amenaza que se percibe sin necesidad de retirarse.
La audiencia
titulada Stand Your Ground (mantener tu posición) Leyes: Derechos
Civiles y repercusiones de seguridad pública de la ampliación del uso de
la fuerza letal, pudiera reabrir el debate en el Congreso sobre algo
que polariza a los estadounidenses y cuya solución no se ve al doblar de
la esquina. El caso de López muestra que hasta los juguetes atemorizan a
los policías, quienes disparan primero y luego averiguan aunque las
víctimas sean niños.
Peligroso ser un joven latino o afroamericano en California, EE.UU.
Ser
joven afroamericano o latino puede resultar peligroso hoy en algunos
condados de California, debido al incremento de la tasa de homicidios de
ese sector poblacional en ese estado de la costa occidental de Estados
Unidos. Una reciente investigación reveló que el homicidio es la causa
principal de muerte de los jóvenes de 10 a 24 años de las consideradas
dos principales minorías en el país en condados rurales y suburbanos
como Monterrey, Alameda y San Joaquín.
Los integrantes de esos
grupos corren más riesgo de ser asesinados con un arma de fuego, indicó
el estudio del Centro de Política en Contra de la Violencia. Si se
compara a Estados Unidos con otras naciones desarrolladas, los jóvenes
tienen 42 veces más probabilidades de morir asesinados principalmente
con armas de fuego, destacó la pesquisa.
Estadísticamente, los
muchachos en Monterrey tienen más del doble de probabilidades de morir
asesinados que en la ciudad de Los Ángeles. La mitad de los homicidios
son cometidos por personas extrañas al fallecido, una tercera parte por
un conocido y el resto de muertes están relacionadas con actividad de
pandillas, comentó el diario californiano La Opinión.
Josh
Sugarman, director ejecutivo y coautor del examen, explicó que existe
una relación directa entre la disponibilidad de armas de fuego en la
población y los homicidios. Según el estudio, el 59% guarda relación con
actividades de pandillas, datos que revelan que la mayoría de las
muertes no sucedieron mientras se cometía otro delito, sino que ese era
el objetivo, señaló Sugarman.
Las pandillas son un problema en
California y este estudio lo confirma, pero no son el único, indicó el
rotativo. Debe analizarse qué sucede en las diferentes localidades para
buscar soluciones adecuadas a los problemas sociales, pues la comunidad
tiene que involucrarse y ser parte de la solución, aseveró Sugarman.
Más
de cinco mil jóvenes en San Diego, California, la mayoría de origen
hispano, cargan hoy con antecedentes penales por su vínculo con
pandillas y delitos relacionados con el tráfico y consumo de drogas,
destacó el periódico. El 76% de quienes presentan cargos están
involucrados con alguna de las 170 bandas que operan en el condado con
unos 7.700 miembros, lo cual constituye un problema de seguridad pública
en la zona, indicó recientemente un reporte de la Asociación de
Gobiernos de San Diego.
El hecho de que más menores latinos sean
juzgados hoy como mayores por el sistema judicial californiano muestra
la discriminación contra esa minoría en un territorio donde los hispanos
representan el 38% de la población. Datos de la Oficina de Justicia
Juvenil y Prevención de la Delincuencia del Departamento de Justicia,
señalan que de 2008 a 2010 el 59,8% de los sancionados como si fueran
adultos fueron adolescentes latinos, en especial en Los Ángeles.
Luis Beatón
Bolpress
El autor es eriodista de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina.
Fuente: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2013112006
Tomado de Rebelión
