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sábado, 20 de septiembre de 2014

Muestran nuevo video que vincula a Ledezma con terrorista Lorent Saleh


Celebración-AD-25

Anoche fue presentado un nuevo video que vincula al alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, con los planes de Lorent Gómez Saleh para ejecutar acciones terroristas en algunas ciudades de Venezuela.

El material audiovisual difundido por el programa Zurda Konducta que transmite Venezolana de Televisión, revela los mecanismos de cooperación del dirigente opositor para el desarrollo de actos desestabilizadores en Caracas.


Saleh detalla el interés de Ledezma por recuperarse de una situación de salud que al parecer lo aquejaba, para “restearse” con las acciones terroristas.

“Ledezma es clave (…) es un zorro viejo, la experiencia ni se compra, ni se vende (…) el político que más ha apoyado es Ledezma, por eso era nuestro candidato a la Presidencia”, expresa en el video.

jueves, 18 de abril de 2013

Derecha salvadoreña y terrorismo internacional


 

No resulta extraño que la oligarquía salvadoreña esté siendo señalada nuevamente por las autoridades del gobierno venezolano de la participación directa en actos de terrorismo con el objetivo de desestabilizar el proceso democrático construido por el comandante Chávez y su pueblo durante los últimos catorce años.

No está de más recordar que en el pasado reciente en El Salvador se han generado planes terroristas apadrinados por la política de agresión de Estados Unidos para atentar contra la vida de presidentes que se resisten a continuar bajo el dominio del imperio y dispuestos a construir nuevos modelos de sociedad no congruentes con el capitalismo, fundamentados en la democracia participativa y la visión de la construcción de la patria grande mediante procesos integracionista como lo soñó Martí, Bolívar y el presidente Chávez.

Durante muchos años que la derecha controló el poder, inclusive durante la guerra civil, en el periodo del presidente Duarte, quien abanderaba el plan de contrainsurgencia de los gringos, contrataron al terrorista internacional Luis Posada Carriles después de fugarse de una cárcel de Venezuela acusado de ser el actor intelectual del atentado contra el avión de Cubana de Aviación en 1976, donde perdieron la vida 76 personas.

Los pasos de Posada Carriles por El Salvador están fundamentados, contratado como asesor se le permitió vivir en las bases militares conducidas por asesores norteamericanos y usar vehículos blindados del ejército salvadoreño, se le otorgó una fe de bautismo, partida de nacimiento y una cedula de identidad personal obtenida en la Alcaldía de Tecapán en el departamento de Usulután a nombre de Franco Rodríguez Medina, en la Alcaldía de Ilopango también obtuvo una cédula a nombre de Ramón Medina Rodríguez. Estando destacado en la base aérea de Ilopango planificaba sus operaciones para ayudar a la contra nicaragüense en el envió de armas y contrataba y entrenaba a mercenarios salvadoreños como Cruz León, Otto Rodríguez Llerena y Francisco Chávez Abarca muy ligados al gobierno de derecha y que posteriormente participarían en actos terroristas en La Habana y Venezuela. En los años 90 Cuba a través del comandante Fidel Castro reveló mediante informes de inteligencia toda la red de contactos y apoyos en El Salvador, señalando al gobierno salvadoreño de darle cobijo.

En una ola de atentados con bombas en hoteles en la ciudad de la Habana que dejaron como saldo un turista italiano muerto y varios heridos. Al ser arrestados, los actores materiales confiesan ser salvadoreños. Ernesto Cruz León fue el actor de seis de las diez bombas que explotaron en centros turísticos, desarrollando su primera operación el 12 de julio del 97, regresando a El Salvador el 14 del mismo mes dejando cuantiosas pérdidas materiales en infraestructuras y victimas humanas. Para cumplir una segunda misión regresó a finales de agosto del mismo año y tras los atentados resultó muerto un empresario italiano y causando heridas en residentes y turistas extranjeros. Cruz León después de su captura atestigua haber sido contratado por Francisco Chávez Abarca mano derecha de Posada Carriles.

El salvadoreño Otto Rodríguez, reclutado por Carriles, participó en agosto del 97 en un atentado contra el hotel Habanero Meliá Cohíba, quien por el cumplimiento de esta misión recibió 1,000.00 dólares. Rodríguez regresa a la isla 10 meses después del atentado con la orden de ejecutar otra misión: introducir en Cuba 1,519 gramos de explosivos C 4, dos detonadores y dos relojes para activar los explosivos, siendo detectado en el aeropuerto y detenido por agentes aduaneros. Ambos terroristas salvadoreños muy ligados a sectores de poder económico fueron condenados y hoy pagan cadena perpetua en Cuba.

En el 2010 fue detenido en Venezuela Francisco Chávez Abarca, acusado de ser la mano derecha de Carriles y de la autoría de varios atentados con explosivos en Cuba en los años 90s. En Venezuela intentaría en el 2010 asesinar a presidente Chávez, en El Salvador estuvo detenido durante dos años por ser líder de una banda que se dedicaba a robar vehículos, la justicia evitó dar sentencia por los crímenes internacionales que se le acusaban.

Abarca y 21 miembros de su banda fueron arrestados bajo cargos de robo de automóviles y estafa. Las autoridades aseguraron entonces que se trataba de "una de las principales estructuras del crimen organizado dedicadas al robo y hurto de vehículos a nivel nacional y centroamericano”. El 28 de octubre del año 2007, un juez liberó a Chávez Abarca pese a sus actividades delictivas. Sin embargo, nunca tuvo que responder por su papel como principal cómplice de Luis Posada Carriles en una campaña contra Cuba que no se mencionó ante los tribunales salvadoreños a pesar de repetidas denuncias.

El 21 de diciembre del 2010 Abarca fue condenado a 30 años de privación de libertad por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado Provincial Popular de la Ciudad de la Habana. Las declaraciones demostraron cómo el acusado reclutó, adiestró, organizó y financió a ciudadanos guatemaltecos y salvadoreños que viajaron a Cuba a finales de la década del 90 para continuar instalando artefactos explosivos, tal como él mismo lo había hecho previamente en hoteles de la capital cubana.

Estos acontecimientos dan fe de la clara vinculación y participación directa de la derecha salvadoreña con el terrorismo internacional auspiciado por el imperialismo. Recientemente el 6 marzo el canciller venezolano Elías Jaua, en una entrevista exclusiva con Telesur, dio a conocer el resultado de investigaciones de organismos de inteligencia venezolanos de la relación de la derecha opositora con grupos ultra reaccionarios de Centroamérica con el fin de propiciar un marco desestabilizador en el contexto de las elecciones que, según sondeos de opinión, dan como ganador a Nicolás Maduro en los comicios del próximo 14 de abril.

De nuevo, la inclusión de la derecha salvadoreña en actos de terrorismo se pone en evidencia en conversaciones filtradas por organismos de inteligencia que delatan la incorporación de mercenarios centroamericanos con una orientación clara de generar condiciones que propicien una mayor embestida de Washington sobre la revolución Bolivariana. Dos salvadoreños se encuentran participando de este plan: el ex-coronel David Koch Arana y Roberto D´aubuisson, actualmente diputado del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), hijo de Roberto D´aubuisson, fundador de ARENA y de los escuadrones de la muerte en El Salvador y actor intelectual de la muerte de Monseñor Oscar Arnulfo Romero en marzo de 1980. Es hermano de Eduardo D’aubuisson diputado del Parlamento Centroamericano asesinado en el 2007 presuntamente vinculado al narcotráfico.
Ante las denuncias del gobierno venezolano se encendieron las alarmas en El Salvador varios sectores, inclusive de la derecha, piden explicaciones y el gobierno ordenó de inmediato a las autoridades de la Policía Nacional Civil salvadoreña que inicien de oficio una investigación y de ser posible judicializarla para deducir responsabilidades y sentar un precedente que permita la no injerencia de grupos desestabilizadores en los procesos democráticos de otros países, como lo hicieron en el pasado, mediante prácticas terroristas, tanto en Cuba y Venezuela.

El gobierno salvadoreño del presidente Funes está en la obligación de investigar y de no permitir que se siga utilizando el Estado salvadoreño como en los 20 años de gobiernos neoliberales donde se utilizó de puente para el terrorismo entre la derecha y mercenarios de otros países.

Es importante destacar la doble moral de los funcionarios de la embajada gringa en el país que de una manera descarada en los medios locales de derecha rechazan las denuncias del gobierno venezolano argumentando que también a ellos se les acusa de intentar desestabilizar las elecciones del 14 de abril de 2013, razón por la cual consideran sin fundamentos las acusaciones contra el parlamentario salvadoreño D´aubuisson. No obstante, los Estados Unidos siguen protegiendo a Posada Carriles, prófugo de la justicia panameña, que por indulto de la ex-presidenta Mireya Moscoso y por orientaciones de la misión diplomática norteamericana fue puesto en libertad después de intentar asesinar al comandante Fidel Castro durante su visita en la cumbre iberoamericana del 2004. Posada Carriles tiene cuentas pendientes con la justicia venezolana, cubana y la salvadoreña de su participación directa como agente de la CIA en actos de terrorismo.

Rudis Yilmar Flores Hernández

- Rudis Yilmar Flores Hernández es Profesor Investigador de la Universidad de El Salvador (Facultad Multidisciplinaria Oriental, San Miguel), miembro del Comité Directivo a la Asociación Latinoamericana de Sociología y de la Red de Investigadores para la Democracia y la Paz.

URL de este artículo: http://alainet.org/active/63173

El juego peligroso de Henrique Capriles y la oposición venezolana



         El candidato de la derecha venezolana se niega a reconocer su derrota en las elecciones presidenciales del 14 de abril, a pesar de la transparencia del escrutinio que reconocieron los observadores internacionales. Al contrario, incita a sus partidarios a “expresar la rabia”. El balance es muy grave: al menos 7 muertos y 61 heridos.

Tras la victoria electoral de Nicolás Maduro el 14 de abril de 2013, Henrique Capriles Radonski, rechazó el sufragio popular y llamó a sus partidarios a “expresar la rabia” y la “frustración” en las calles, exigiendo un recuento total de los votos. “Toda esa arrechera descárguela”, declaró en una conferencia de prensa televisiva transmitida por el canal Globovisión, llamando a manifestaciones masivas contra la autoridad electa del país.[1]

Las consecuencias de este llamado del líder de la oposición fueron dramáticas. Los grupúsculos de extrema derecha asesinaron a siete personas, entre ellas a seis militantes socialistas que celebraban la victoria de su candidato y a un policía. Hubo 61 personas heridas.[2] A una militante del partido gubernamental PSUV la quemaron viva y se encuentra en estado crítico. Luisa Ortega Díaz, Fiscal general de la República, condenó los actos de violencia: “La incendiaron viva. Fíjense los niveles de agresividad y de violencia que en estos momentos tienen un grupo de personas”.[3]
 
Quemaron varios centros médicos, símbolos de los programas sociales que lanzó Hugo Chávez, así como oficinas de la empresa nacional de telecomunicaciones CANTV, almacenes alimentarios gubernamentales (MERCAL), empresas de producción y distribución de alimentos (PDVAL) que pertenecen al Estado así como numerosos servicios públicos y otros comercios.[4]

Capriles, también gobernador del Estado de Miranda, arremetió públicamente contra Tibisey Lucena, Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE): “Tiene que darse cuenta que decisiones erradas aumentan la conflictividad que existe hoy en el país. Usted tiene la responsabilidad de darles la cara a los venezolanos”. Tras esas declaraciones, la oposición asedió la residencia de la Presidenta del CNE, lo que necesitó una intervención policial.[5]

Sin pedido formal

La Fiscal Díaz condenó firmemente la actitud de Capriles: “Si el candidato que el pueblo no favoreció no está satisfecho con el resultado, tiene sus herramientas para acudir al Consejo Nacional Electoral y agotada la vía administrativa, acude a la vía jurisdiccional, al Tribunal Supremo de Justicia, pero hasta este momento, el candidato que no fue beneficiado por el pueblo venezolano no ha acudido ante el CNE a intentar ningún recurso, pidiendo sus derechos, o argumentando cuáles son los elementos que considera que deben ser revisados por el ente rector. Debería primero acudir [al CNE] y no estar llamando a acciones violentas de calle […]. Atentar contra Mercal, Pdval, CDI [centros médicos] y los servicios públicos que presta el Estado venezolano, es atentar contra el pueblo”. [6]

El vicepresidente Jorge Arreaza confirmó esas declaraciones e informó de que la oposición, a pesar de sus declaraciones públicas, no realizó ningún trámite formal para exigir una auditoría completa de la elección: “La auditoría del 54 % fue exacta. Para auditar el 46% restante deben solicitarlo formalmente. No lo hacen para generar violencia”. En efecto, como estipula la legislación, se volvió a contar automáticamente el 54% de los votos el mismo día.[7]

El presidente Nicolás Maduro, cuya elección fue reconocida por toda América Latina, la Unión Europea y una gran parte de la comunidad internacional[8], y que se declaró favorable a un recuento con tal de que la oposición haga la solicitud formal, condenó severamente los actos de violencia. “Quien pretende vulnerar la mayoría en la democracia lo que está es llamando a un golpe”, advirtió. Según él, la oposición se encuentra ahora al margen “de la Constitución y la ley”[9], y tendrá que responder de sus actos ante la justicia.[10] Maduro también acusó explícitamente a Capriles de ser responsable de la situación: “Usted es responsable de los muertos que hoy estamos velando […] y tiene que responder por todo lo que hizo”.[11]

Capriles, quien no dejó de acusar de parcialidad al Consejo Nacional Electoral durante la campaña presidencial, se había mostrado mucho más indulgente hacia la institución durante las elecciones regionales del 16 de diciembre de 2012. Había una razón para ello: el CNE lo declaró vencedor en el Estado de Mirando y él celebró la decisión. Tras el resultado apretado del 14 de abril de 2013 –213.473 votos de diferencia a favor de Maduro (50,75%)–, Capriles rechazó el sufragio popular. [12] No obstante, durante su elección como gobernador (51,86%), la diferencia con su opositor de izquierda Elías Jaua fue de apenas 45.111 votos sobre un total de más de dos millones. Sin embargo Jaua aceptó su derrota.[13]

Los medios informativos occidentales han ocultado cuidadosamente los llamados de Capriles a la violencia. A guisa de comparación, imaginemos un instante que tras su derrota electoral en mayo de 2012, el presidente saliente Nicolas Sarkozy se hubiera negado a reconocer la victoria de Hollande a causa del resultado apretado (3,28% de diferencia), hubiese llamado a sus partidarios a manifestar en las calles para “expresar la rabia” y que los manifestantes hubieran asesinado a seis militantes del Partido Socialista y a un policía. ¿Acaso habría sido noticia? 

La oposición venezolana, mediante la voz de Capriles, que no ha presentado de momento ninguna prueba factual y no ha emprendido ningún trámite legal para rechazar la elección[14], parece apostar por la radicalidad que la llevó a orquestar un golpe de Estado en abril de 2002 contra el Presidente Hugo Chávez, con la participación activa de la administración Bush que fue la única, además de España, que reconoció a la junta golpista de Pedro Carmona Estanga, en la actualidad prófugo de la justicia refugiado en Colombia. El propio Capriles participó en la ruptura del orden constitucional asediando la embajada cubana y procediendo al arresto de Ramón Rodríguez Chacín, entonces Ministro de Interior y Justicia del gobierno legítimo. Capriles fue enjuiciado y estuvo varios meses en prisión[15]. La derecha venezolana acaba de recibir un apoyo importante a su empresa desestabilizadora: Estados Unidos, que se niega a reconocer la elección de Nicolás Maduro. [16]

Salim Lamrami*

*Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de la Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula The Economic War Against Cuba. A Historical and Legal Perspective on the U.S. Blockade, New York, Monthly Review Press, 2013, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade. 



[1] Agencia Venezolana de Noticias, «El violento llamado de paz de Capriles», 15 de abril de 2013.
[2] EFE, «Fiscal general informa de siete muertos en incidentes en Venezuela», 17 de abril de 2013; Agencia Venezolana de Noticias, «Siete socialistas son las víctimas fallecidas durante violencia convocada por Capriles», 16 de abril de 2013.
[3] Agencia Venezolana de Noticias, «Fiscal de la República: Hechos violentos en el país dejan siete fallecidos y 61 lesionados», 16 de abril de 2013.
[4] EFE, «El jefe del Parlamento venezolano pide una averiguación penal sobre Capriles», 16 de abril de 2013; Agencia Venezolana de Noticias, «Maduro: Quien venga por la vía violenta encontrará al Estado», 15 de abril de 2013.
[5] Ibid.; Agencia Venezolana de Noticias, «El violento llamado de paz de Capriles», op. cit.
[6] Agencia Venezolana de Noticias, «Fiscal de la República: Hechos violentos en el país dejan siete fallecidos y 61 lesionados», op. cit.
[7] EFE, «Capriles llama de nuevo a movilizarse ‘en paz’ hacia las oficinas electorales», 16 de abril de 2013.
[8] Associated Press, «España reconoce a Maduro pero no pide disculpas», 16 de abril de 2013; Salim Lamrani, «25 verdades sobre as eleições presidenciais na Venezuela », Opera Mundi, 15 de abril de 2013. http://operamundi.uol.com.br/conteudo/opiniao/28380/25+verdades+sobre+as+eleicoes+presidenciais+na+venezuela.shtml (sitio consultado el 17 de abril de 2013); Agencia Venezolana de Noticias, «Países del Mercosur ratifican total apoyo a Maduro tras triunfo electoral», 16 de abril de 2013.
[9] Agencia Venezolana de Noticias, «El violento llamado de paz de Capriles», op. cit.
[10] Agencia Venezolana de Noticias, «Presidente Maduro: Derecha pagará ante la ley lo que han hecho», 16 de abril de 2013.
[11] EFE, «Maduro responsabiliza de muertos a Capriles y dice que tendrá que responder», 16 de abril de 2013.
[12] Agencia Venezolana de Noticias, «Maduro: Hemos derrotado el golpe de Estado», 16 de abril de 2013.
[13] Agencia Venezolana de Noticias, «Jaua: No hay elementos para decir que hubo fraude en elecciones presidenciales», 16 de abril de 2013.
[14] Agencia Venezolana de Noticias, «Defensoría del Pueblo no ha recibido denuncias del proceso electoral», 16 de abril de 2013.
[15] Salim Lamrani, « 50 verdades sobre Henrique Capriles, candidato opositor à Presidência da Venezuela », Opera Mundi, 18 de marzo de 2013. http://operamundi.uol.com.br/conteudo/opiniao/27872/50+verdades+sobre+henrique+capriles+candidato+opositor+a+presidencia+da+venezuela.shtml (sitio consultado el 17 de abril de 2013).
[16] The Associated Press, « EEUU : no estamos listos para felicitar a Maduro », 17 de abril de 2013.

Salim Lamrani
Opera Mundi


martes, 16 de abril de 2013

Todo lo parecido al 2002 no es ninguna coincidencia

La prensa hegemónica mundial y latinoamericana insiste en un (imposible) fraude electoral y un clima de guerra civil en Venezuela tras el ajustadísimo triunfo del candidato chavista Nicolás Maduro, alentando una violenta etapa de desestabilización lanzada por sectores opositores que parecen un revival del golpe de 2002.
 
Pero el contexto regional ha cambiado: los observadores internacionales hablan de transparencia y limpieza electoral y todas las naciones de la región felicitan al candidato triunfador. Los estallidos de violencia parecen ser mucho más mediáticos (o mediatizados) que preocupantes, aunque los cacerolazos suelen retumbar en los valles de las grandes ciudades venezolanas.
 
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Nicolás Maduro en cierre de campaña. Foto: AVN 
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Las escasas dos semanas de campaña electoral transcurrieron en un clima tenso, pleno de alertas ante posibles sabotajes, intentos de desconocimiento del triunfo de Maduro por parte de la oposición, y un plan desestabilizador donde participaban mercenarios salvadoreños, paramilitares colombianos y funcionarios estadounidenses.
 
Si en 2002 se denunció el golpe de Estado venezolano como el primer “golpe mediático”, experiencia que se intentaría repetir sin éxito en Bolivia y Ecuador, pero sí en Honduras y Paraguay. Esta vez se puede hablar de un intento de golpe mediático y cibernético, con hackeo de cuentas e instigación a la violencia y la desestabilización a través de las llamadas redes sociales, metodología que seguramente intentarán “exportar” a otros países latinoamericanos…
 
Ya durante las últimas semanas se habían registrado una serie de la acciones violentas llevadas a cabo por grupos de “estudiantes” opositores, las que según fuentes de inteligencia, son pagadas directamente por funcionarios de la embajada estadounidense al coordinador de esas actividades, Gabriel “Gaby” Arellano, empleado de la estatal Universidad de Los Andes.
 
Las investigaciones apuntan a la funcionaria estadounidense Sharon Vanderbeele, oficial de la estación de la central norteamericana de Inteligencia CIA en Caracas -bajo la fachada de la oficina de Asuntos Regionales (ORA), cargo que ejerce desde 2011. Vanderbeele sustituyó a Michel Roberts en la tarea de asesoramiento y financiamiento a la oposición venezolana por parte de la CIA, que no es la única entidad estadounidense que apoya económica y logísticamente al antichavismo.
 
Once años atrás, el analista Aram Aharonian escribía: “Un periodista español decía la semana pasada, tras el frustrado golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Hugo Chávez: “¡Qué olor a hamburguesa, jabugo (jamón serrano) y petróleo!” Obviamente, el hombre sabía de qué hablaba: de la participación de funcionarios estadounidenses, españoles y salvadoreños en la asonada encabezada por el líder empresarial Pedro Carmona”.
 
Once años después, el libreto quiere ser repetido, aunque el contexto latinoamericano-caribeño y mundial es diferente. Pero, no es casual que los de los dos países que reconocieron como presidente al golpista Carmona en abril de 2002, el español de Aznar (hoy de su delfín, Mariano Rajoy) y el de Estados Unidos de la doctrina Monroe (es lo mismo que el administrador de turno sea George Bush o Barack Obama), hoy duden de  los resultados electorales en Venezuela.
 
El canciller español dijo que no reconocería los resultados, en un tono por demás injerencista. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney agregó que su país considera un paso "necesario" una auditoría de la elección presidencial del domingo en Venezuela, y estimó que debía hacerse antes de que fuera proclamado el candidato oficialista Nicolás Maduro. (Éste es presidente proclamado oficialmente desde el lunes 15 y asume ante la Asamblea Nacional el viernes 19).
 
A este coro se sumó –sorpresiva aunque no sorprendentemente- el secretario general de la OEA, el chileno Insulza. Sorpresivamente, porque la misión de la OEA encabezada por el gobernador del estado estadounidense Bill Richardson, avaló la transparencia de los comicios. Otra perla para Insulza, quien no consultó a los representantes de los países, que ya habían reconocido el triunfo de Nicolás Maduro.
 
Hace once años, los embajadores de Estados Unidos y España, Charles Shapiro (quien antes manejó el escritorio Cuba en el Departamento de Estado), y Manuel Viturro, se reunieron con el presidente de facto Pedro Carmona, después de que éste disolviera la Asamblea y las principales instituciones. Esta vez funcionarios de la embajada estadounidense (recordar que los embajadores fueron retirados) y de la “cooperación” española estuvieron detrás del asesoramiento y financiamiento del candidato opositor y de la desestabilización del país.
 
Una de las consecuencias del golpe de 2002 era la desnacionalización del petróleo: privatización de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) y la venta CITGO, de la filial de ésta en EEUU, en la cual están interesados tanto las trasnacionales estadounidenses como la Repsol española, para poner fin de la reserva del Estado venezolano sobre el subsuelo y la decisión soberana del Estado sobre los recursos naturales del país.
 
En el 2002 se contó con la activa participación en el golpe y en el financiamiento del mismo, del empresario Isaac Pérez Recao, del cual Carmona era empleado en la petrolera Venoco.
 
Una alta fuente militar amplió a la agencia France Press que Pérez Recao ordenaba a un pequeño grupo “extremista de derecha, que estaba fuertemente armado, incluso con fusiles lanzagranadas, [...] bajo la conducción operacional del contralmirante Carlos Molina Tamayo”, uno de los oficiales que ya se había rebelado públicamente contra Chávez en febrero pasado, y que ya estaba a cargo de la Casa Militar de Carmona, que “pertenecía a una empresa de seguridad, propiedad de ex agentes del Mossad”.
 
En 2013, el gobierno venezolano expulsó a dos agregados aeronáuticos de la embajada de EEUU (David del Mónaco y Debling Costal), acusados de presionar a oficiales en actividad para satisfacer las pretensiones de la estrategia opositora. De todas formas, el candidato opositor Henrique Capriles Radonski admitió públicamente que algunos militares en actividad que lo respaldaban estaban presos, acusados de delitos electorales.
 
Similar a lo ocurrido en 2002, la estrategia de la oposición en 2013, apunta a ir creando un imaginario de que las filas chavistas se iban desintegrando, con la deserción –por goteo- de algunos oficiales en actividad (cada uno cargaría una mochila de denuncias que los medios difundirían nacional y mundialmente) y, por qué no, de algunos funcionarios chavistas.
 
Para recordar: en 2002 James Rodger, adscrito a la agregaduría militar de la embajada en Caracas, secundó con su presencia la sublevación, instalado en el quinto piso de la Comandancia del Ejército, desde donde asesoró a los generales sublevados.
 
En abril de 2002 llamó la atención el caso de dos salvadoreños detenidos, que formarían parte de un escuadrón de la muerte entrenado para realizar atentados en diversos países latinoamericanos (antes en Cuba y Panamá, luego en Venezuela).
 
Nuevamente en 2013 el ministro del Interior, Néstor Reverol, denunció el ingreso al país de dos grupos de mercenarios salvadoreños, que intentarían asesinar dirigentes chavistas.
 
El primero, liderado por un excoronel de la Fuerza Armada de El Salvador, David Koch Arana, quien actúa como jefe operativo bajo la dirección del diputado ultraderechista Roberto D’Aubuisson, y el segundo dirigido por Guillermo Cader Acuña -quien ya había enviado en 2010 a Venezuela al terrorista Francisco Chávez Abarca, detenido en 2010-, y el excontralmirante Marco Antonio Palacios Luna. Posteriormente se dictó orden de captura contra otro supuesto mercenario salvadoreño, Julio Alberto Cornejo Quintanilla.
 
Reverol también dio a conocer dos audios sobre conversaciones entre Koch Arana y D'aubuisson suministrados a los órganos de inteligencia del Estado, grabados el 23 y 25 de marzo, en los que hablan sobre las operaciones diseñadas para desestabilizar el país.
 
En aquellos días de abril de 2002, 11 años atrás, el pueblo recató a su presidente constitucional y lo repuso en el poder, terminando con las 47 horas de dictadura de Carmona “el breve”.Hoy Venezuela ha avanzando con su revolución bolivariana, cuenta con soberanía comunicacional y con la solidaridad de los pueblos (y gobiernos) de la región.
 
 
Álvaro Verzi Rangel
Sociólogo venezolano, investigador del Observatorio en Comunicación y Democracia
 

http://www.alainet.org/active/63336&lang=es

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