Algo
se ha roto en España. Para ser más exactos, el 64 % de los españoles
actualmente no confía en los tribunales, según el estudio de
Eurobarómetro que publica El Periódico de Catalunya. Este dato contrasta con la media de la Unión Europea que se sitúa en el 43 %.
La
desconfianza de los españoles en los jueces coincide con el hecho de
que el 83 % de los ciudadanos del país está convencido de que las
autoridades no luchan debidamente contra la corrupción. Se trata también
de un porcentaje mucho más elevado que la media de los ciudadanos
europeos.
El
72 % de los españoles creen asimismo que las leyes no se aplican ni se
hacen cumplir de forma efectiva y el 85 % piensan que las leyes se
aplican de forma discriminatoria y sin respetar la igualdad de los
ciudadanos. Las medias europeas son en estos casos también más bajas: el
52 % de los europeos piensa que las leyes no se respetan de forma
efectiva en sus países y el 58 % de los europeos cree que se aplican de
forma discriminatoria.
La
percepción de la corrupción en España se desborda. En un reciente
barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas un 17 % de los
encuestados señalaba la corrupción como el principal problema de España
por primera vez desde 1996. No se había visto un porcentaje tan alto
desde la época del primer ministro socialista Felipe González, que
perdió el poder precisamente a causa de los grandes escándalos de
corrupción revelados por la prensa nacional.
La
explicación de ese fenómeno actual radica en decenas de escándalos de
corrupción que implican importantes políticos, hombres de estado y
empresarios. “En un contexto de crisis, todos esos casos provocan en la
sociedad una concienciación mayor del problema de la corrupción y sus
efectos. Por fin, nos empezamos a dar cuenta de que no es un simple
delito, sino que sus efectos tienen una relación directa con la
situación económica y que, por tanto, afecta personalmente a los
ciudadanos”, dijo al diario La Vanguardia Nicolás Rodríguez, director del máster en Corrupción y Estado de Derecho de la Universidad de Salamanca.
La
excesiva difusión de los billetes de quinientos euros en España es un
síntoma inconfundible de la buena salud de la corrupción, la economía
sumergida y el blanqueo de capitales. Los investigadores policiales
perciben cómo el dinero negro y el dinero sucio concentran cada vez más
sus actividades en el billete más valioso de la zona Euro. Ya se ha dado
el caso de atrapar en el aeropuerto de El Prat de Barcelona un avión
privado con 5,5 millones de euros en su interior con destino a Canadá.
A
pesar de que el número de billetes de quinientos euros en circulación
ha disminuido recientemente en España, ha aumentado su uso hasta
alcanzar un 70 % del total de dinero en circulación en la economía, casi
el doble del porcentaje que hay en los países del euro. Y justo cuando
la dimensión de la economía española sumergida se cifra en un 24 % del
Producto Interior Bruto, un nivel también muy superior al resto de los
vecinos europeos de España.
De
hecho, al billete de quinientos euros se le conoce en el argot policial
como el “Bin Laden”, porque nadie lo ve a pesar de lo mucho que se oye
hablar de él. No abundan las explicaciones a cara descubierta sobre las
causas de su rampante difusión en España, donde circula una cuarta parte
de todos los billetes de este tamaño en la Unión Europea. Se trata de
un porcentaje que no es proporcional al peso de la economía española.
Resulta
que no son aceptados por los comerciantes en sus transacciones y que no
circulan en cajeros automáticos en un país donde se maneja mucho el
efectivo, y, sin embargo, su circulación aumenta. El Banco de España se
limita a decir que se emite más porque son los bancos quienes lo
reclaman para sus clientes. A los expertos policiales en blanqueo de
capitales ese fenómeno no resulta ninguna sorpresa, pero sí les
sorprende la poca voluntad de las autoridades monetarias para ponerle
freno.
“La
corrupción en la política es archiconocida, pero hay un delito más
grave económicamente y que no está ni perseguido. Cuando una entidad
financiera deja dinero para inmobiliaria o bursátil, sabiendo que esta
será un fracaso y sabiendo que todos esos millones perdidos serán
pagados por los gobiernos cuando rescaten a esas entidades, eso también
es un delito que perjudica a las arcas públicas. Este ha sido el
problema de España y nadie juzga a esa gente por estos motivos”, opinó
un lector de La Vanguardia en un comentario publicado en la página web de ese diario.
