Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú desde 1975 a 1980.
La justicia es lenta. Eso lo sabe la muerte,
que ya le ha evitado el paso por los tribunales a decenas de los
torturadores y asesinos de uniforme que participaron en la tétrica
Operación Cóndor, el plan urdido por la CIA (según documentos
desclasificados de Estados Unidos), y que significó la acción conjunta
contra sus opositores de las dictaduras cívico-militares de Chile,
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, y esporádicamente
actuaron con militares de Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador.
En el marco de la Operación Cóndor fueron asesinadas unas 50.000 personas, unas 30.000 fueron desaparecidas y hasta 400.000 encarceladas y torturadas.
Ahora, la Fiscalía de Roma pide que se juzgue a 35 de las 140 personas investigadas durante los últimos 15 años por Giancarlo Capaldo, el fiscal que puso en marcha este proceso en 1998 por el asesinato de 23 ciudadanos italianos. Ahora, el juez Alessandro Arturi debe decidir a quién procesa de los imputados de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay
a los que juzgaría en ausencia y que sólo serían pedidos en extradición
en caso de ser condenados y si existe convenio entre su país de origen e
Italia.
De los 140 investigados iniciales, varios han muerto, como el ex presidente de Uruguay Juan María Bordaberry Arocena o el ex militar chileno Odlanier Rafael Mena
Salinas, pero el hecho de que se investiguen y esclarezcan los
asesinatos, desapariciones y torturas realizados durante la Operación
Cóndor es un aporte al proceso de verdad, justicia y reparación exigido
por las víctimas y sus familiares.
El juez aceptó el viernes que Italia, Uruguay y el Frente Amplio Uruguayo se personen como partes en el proceso y el Partido Democrático
de Italia (PD) también ha anunciado que asistirá en el proceso y que,
en caso de producirse finalmente el juicio, ayudará a las familias de las víctimas para que puedan asistir.
La lista de 23 desaparecidos que tenían nacionalidad italiana incluye a seis argentinos –dos secuestrados en Bolivia, dos en Brasil y dos en Paraguay–, cuatro ciudadanos chilenos secuestrados en el propio país, y 13 uruguayos desaparecidos en la Argentina.
Estos son los imputados por la fiscalía
Bolivia: general Luis Gómez Arce, jefe del Segundo
Departamento de Inteligencia del Estado Mayor, entre 1979 y 1980, y el
expresidente Luis García Meza Tejada.
Chile: Daniel Aguirre Mora, ex prefecto de la
Policía; el general Sergio Víctor Arellano Stark (Caravana de la
Muerte); el general Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda (DINA); el
brigadier Pedro Octavio Espinoza Bravo; Carlos Luco Astroza; el coronel
Marcelo Luis Moren Brito, el suboficial Orlando Moreno Vásquez, el
coronel Hernán Jerónimo Ramírez, el coronel Rafael Francisco Ahumada
Valderrama, el excomandante del regimiento Tacna Luis Joaquín Ramírez
Pineda, y el brigadier Manuel Vásquez Chahuán.
Perú: el expresidente Francisco Morales Bermúdez, Martín Martínez Garay, Germán Ruiz Figueroa, y Pedro Richter Prada.
Uruguay: los exmilitares Gregorio Conrado Álvarez
Armellino, José Ricardo Arab Fernández, Carlos Calcagno Gorlero, José
Horacio Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirre Garay, Pedro
Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina
Blanco, Iván Paulós y Ernesto Avelino Ramas Pereira. Figuran también en
la lista José Felipe Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto
Soca, Gilberto Valentín Vázquez Bisio, el exabogado Juan Carlos Blanco y
Ricardo Eliseo Chávez Dominguín.
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Los EEUU, implicados
El abogado Arturo Salerni, otro de los
promotores del proceso, recuerda que no resultó ajeno a la Operación
Cóndor el Gobierno de Estados Unidos, muy preocupado en aquellos años
por evitar a cualquier precio que el comunismo prendiera en “su patrio trasero” de América Latina. Salerni representa a la familia de Juan José Montiglio,
un joven chileno de origen italiano que permaneció al lado de Salvador
Allende hasta los últimos momentos. Consiguió salvar la vida cuando
Augusto Pinochet tomó el Palacio de la Moneda, pero éste luego le
identificó y ordenó su fusilamiento.
“Si somos optimistas, dentro de un año o dos podríamos tener ya las condenas en primer grado,
siempre que el juez decida que se hace el proceso. Espero que no se
demoren mucho más las cosas, pues la mayoría de los imputados pueden
morir de viejos en los próximos años”, dice Salerni. En caso de que las
condenas llegaran en firme, se abriría un desafío diplomático para
Italia, pues debería pedir la extradición de los posible culpables a sus
países de origen, ya que ninguno de ellos reside en territorio
italiano.
“Ese es un problema a largo plazo. Habrá que ver cómo están los
pactos de reciprocidad para las extradiciones en ese momento. En teoría
sí que podrían venir a Italia para cumplir sus penas”, explica la
abogada Monica Morisi, defensora de oficio de varios de
los imputados chilenos. Sus representados, como ha ocurrido con el
resto de imputados, no se han puesto en contacto con ella ni han dado
señal alguna. “Hay uno de ellos que no sé ni siquiera si sigue vivo”, reconoce Morisi. Anxia Torti,
otra de las abogadas defensoras, también asignada de oficio, dice que a
pesar de que sus representados no se hayan puesto en contacto con ella,
los letrados seguirán adelante con el proceso y les defenderán lo mejor
posible.
OTRAMERICA.COM
Tomado de Contrainjerencia
