23 italianos asesinados: La Operación Cóndor, a juicio en Roma

Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú desde 1975 a 1980.

La justicia es lenta. Eso lo sabe la muerte, que ya le ha evitado el paso por los tribunales a decenas de los torturadores y asesinos de uniforme que participaron en la tétrica Operación Cóndor, el plan urdido por la CIA (según documentos desclasificados de Estados Unidos), y que significó la acción conjunta contra sus opositores de las dictaduras cívico-militares de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, y esporádicamente actuaron con militares de Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador.

En el marco de la Operación Cóndor fueron asesinadas unas 50.000 personas, unas 30.000 fueron desaparecidas y hasta 400.000 encarceladas y torturadas.

Ahora, la Fiscalía de Roma pide que se juzgue a 35 de las 140 personas investigadas durante los últimos 15 años por Giancarlo Capaldo, el fiscal que puso en marcha este proceso en 1998 por el asesinato de 23 ciudadanos italianos. Ahora, el juez Alessandro Arturi debe decidir a quién procesa de los imputados de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay a los que juzgaría en ausencia y que sólo serían pedidos en extradición en caso de ser condenados y si existe convenio entre su país de origen e Italia.

De los 140 investigados iniciales, varios han muerto, como el ex presidente de Uruguay Juan María Bordaberry Arocena o el ex militar chileno Odlanier Rafael Mena Salinas, pero el hecho de que se investiguen y esclarezcan los asesinatos, desapariciones y torturas realizados durante la Operación Cóndor es un aporte al proceso de verdad, justicia y reparación exigido por las víctimas y sus familiares.

El juez aceptó el viernes que Italia, Uruguay y el Frente Amplio Uruguayo se personen como partes en el proceso y el Partido Democrático de Italia (PD) también ha anunciado que asistirá en el proceso y que, en caso de producirse finalmente el juicio, ayudará a las familias de las víctimas para que puedan asistir.

La lista de 23 desaparecidos que tenían nacionalidad italiana incluye a seis argentinos –dos secuestrados en Bolivia, dos en Brasil y dos en Paraguay–, cuatro ciudadanos chilenos secuestrados en el propio país, y 13 uruguayos desaparecidos en la Argentina.

Estos son los imputados por la fiscalía

Bolivia: general Luis Gómez Arce, jefe del Segundo Departamento de Inteligencia del Estado Mayor, entre 1979 y 1980, y el expresidente Luis García Meza Tejada.

Chile: Daniel Aguirre Mora, ex prefecto de la Policía; el general Sergio Víctor Arellano Stark (Caravana de la Muerte); el general Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda (DINA); el brigadier Pedro Octavio Espinoza Bravo; Carlos Luco Astroza; el coronel Marcelo Luis Moren Brito, el suboficial Orlando Moreno Vásquez, el coronel Hernán Jerónimo Ramírez, el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el excomandante del regimiento Tacna Luis Joaquín Ramírez Pineda, y el brigadier Manuel Vásquez Chahuán.

Perú: el expresidente Francisco Morales Bermúdez, Martín Martínez Garay, Germán Ruiz Figueroa, y Pedro Richter Prada.

Uruguay: los exmilitares Gregorio Conrado Álvarez Armellino, José Ricardo Arab Fernández, Carlos Calcagno Gorlero, José Horacio Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirre Garay, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Iván Paulós y Ernesto Avelino Ramas Pereira. Figuran también en la lista José Felipe Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Valentín Vázquez Bisio, el exabogado Juan Carlos Blanco y Ricardo Eliseo Chávez Dominguín.

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Los EEUU, implicados

El abogado Arturo Salerni, otro de los promotores del proceso, recuerda que no resultó ajeno a la Operación Cóndor el Gobierno de Estados Unidos, muy preocupado en aquellos años por evitar a cualquier precio que el comunismo prendiera en “su patrio trasero” de América Latina. Salerni representa a la familia de Juan José Montiglio, un joven chileno de origen italiano que permaneció al lado de Salvador Allende hasta los últimos momentos. Consiguió salvar la vida cuando Augusto Pinochet tomó el Palacio de la Moneda, pero éste luego le identificó y ordenó su fusilamiento.

“Si somos optimistas, dentro de un año o dos podríamos tener ya las condenas en primer grado, siempre que el juez decida que se hace el proceso. Espero que no se demoren mucho más las cosas, pues la mayoría de los imputados pueden morir de viejos en los próximos años”, dice Salerni. En caso de que las condenas llegaran en firme, se abriría un desafío diplomático para Italia, pues debería pedir la extradición de los posible culpables a sus países de origen, ya que ninguno de ellos reside en territorio italiano.

“Ese es un problema a largo plazo. Habrá que ver cómo están los pactos de reciprocidad para las extradiciones en ese momento. En teoría sí que podrían venir a Italia para cumplir sus penas”, explica la abogada Monica Morisi, defensora de oficio de varios de los imputados chilenos. Sus representados, como ha ocurrido con el resto de imputados, no se han puesto en contacto con ella ni han dado señal alguna. “Hay uno de ellos que no sé ni siquiera si sigue vivo”, reconoce Morisi. Anxia Torti, otra de las abogadas defensoras, también asignada de oficio, dice que a pesar de que sus representados no se hayan puesto en contacto con ella, los letrados seguirán adelante con el proceso y les defenderán lo mejor posible.

OTRAMERICA.COM 

Tomado de Contrainjerencia

La CIA sabía que indígenas eran el objetivo del ejército en Guatemala: antropóloga

La antropóloga chilena Beatriz Manz declaró hoy como testigo en el juicio por genocidio contra el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt y dijo que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sabía del objetivo que la población ixil representaba para el ejército de Guatemala y de la acción militar en su contra.

Manz citó documentos desclasificados de la CIA para señalar que “el ejército de Guatemala había determinado que la población ixil simpatizaba con el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) –una de las organizaciones del movimiento insurgente– y que, por lo tanto, se podía esperar que el ejército actuaría contra la población civil de la misma manera que lo hacía contra los guerrilleros”.

Agregó que eso contextualiza la situación en que se encontraba la población indígena, en el Triángulo Ixil, en apartadas y empobrecidas zonas del departamento de Quiché, unos 340 kilómetros al norte de esta capital.

La testigo, propuesta por la fiscalía, fue la última en comparecer en la jornada de este lunes dentro del juicio contra Ríos Montt, cuyo régimen se extendió de 1982 a 1983, y su antiguo jefe de inteligencia militar, el también ex general José Mauricio Rodríguez, por los delitos de genocidio y lesa humanidad.

Durante su declaración Manz profundizó en lo que constató en sus investigaciones en 1983 en Nebaj y Chajul, Quiché, cuando, a consecuencia de la campaña contrainsurgente desplegada por el ejército, miles de guatemaltecos se vieron obligados a desplazarse hacia las montañas y posteriormente cruzar la frontera y refugiarse en México.

La antropóloga narró que en 1982 miles de sobrevivientes de las matanzas que se atribuyen al ejército se desplazaron hacia la Selva Lacandona, en Petén, Guatemala.

Explicó que ese año 36 mil cruzaron la frontera y buscaron refugio en México y que para 1983 el número se elevó a 46 mil.

Manz dijo que México debió crear la Comisión de Ayuda a Refugiados (Comar) ante el éxodo de guatemaltecos. Además, explicó que de acuerdo con distintas fuentes se llegó a estimar que dentro de Guatemala el número de desplazados fue de unos 150 mil.

La chilena señaló que en 1984 México decidió reubicar los campamentos de refugiados en Campeche y Quintana Roo por las violaciones a territorio mexicano por el ejército de Guatemala.

Describió las condiciones de los refugiados: vivían en una situación física y mental muy difícil, con un futuro incierto y quienes eran capturados por el ejército eran obligados a hacer trabajos forzados, como construir caminos entre las montañas o cumplir patrullajes contra los guerrilleros.

Cuando llegaron a México, después de cruzar la selva, iban desnutridos, con infecciones y enfermedades, sin calzado y los niños sin ropa. No podían ir por los caminos. Tuvieron que matar a sus perros para que no los delataran. Por eso llegaron tan heridos a México, explicó.

Ríos Montt y Rodríguez son juzgados por matanzas documentadas en 15 comunidades de la zona ixil, en las que murieron al menos mil 771 personas, de las cuales el 38 por ciento eran menores de 12 años, según la fiscalía.

Para este martes se espera que la defensa presente a sus primeros testigos y documentos de prueba.

La Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, afirmó que el juicio contra Ríos Montt es el resultado de muchos avances, gracias a la fuerza y persistencia (de familiares) de las víctimas y nuestros testigos que han brindado su testimonio sobre la guerra civil guatemalteca (1960-1996).

El juicio se inició el pasado 19 de marzo y se prevé que durará dos meses.

La Jornada

Juzgarán a criminales de guerra en Guatemala

Guatemala, 28 ene (PL) Un tribunal guatemalteco decidió hoy que los exmilitares Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez deberán enfrentar un juicio por genocidio y delitos de lesa humanidad, vinculados a la matanza de miles de indígenas durante el conflicto interno (1960-1996). El juez del juzgado Primero B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, tomó la decisión este lunes y convocó a las partes involucradas a aportar pruebas el miércoles. Gálvez aludió a las actas ministeriales de 142 testigos, 126 certificaciones, 84 declaraciones y 61 peritajes presentados por el ministerio Público y leyó los decretos de la Ley Constitutiva del Ejército (Decreto 28-83), como parte de un análisis de los medios de prueba. La autoridad jurídica, que también leyó testimonios de los sobrevivientes, remarcó que el conflicto armado en Guatemala fue reconocido a nivel internacional y tuvo seguimiento por la Organización de Naciones Unidas con una Comisión Verificadora de Derechos Humanos. La defensa de los militares solicitó un recurso de reposición al argumentar que la Fiscalía no tiene un fundamento objetivo para determinar la participación de sus clientes en la comisión de los delitos. Sin embargo, Gálvez no dio trámite a esta solicitud por considerar que no es el procedimiento adecuado y que en la fase de este proceso "no le cabe ninguna guía impugnativa". El exgeneral Ríos Montt salió escoltado por fuerzas de seguridad y evitó ofrecer declaraciones a periodistas, entretanto en las afueras de la Torre de Tribunales organizaciones sociales y familiares de las víctimas de la guerra civil esperaban el resultado con ceremonias mayas junto a un altar con fotos de los desaparecidos en esa contienda. La semana pasada el fiscal Orlando López ratificó las pruebas de cargo y las acusaciones en contra de ambos. López precisó, que aunque Ríos Montt y Rodríguez no fueron los autores materiales de la matanza de mil 771 indígenas de la etnia maya ixil, sí tenían conocimiento de los hechos perpetrados en 1982 y 1983. Según peritajes y exhumaciones, acotó, la mayoría de las víctimas eran niños y ancianos, personas que por edad no podían empuñar un arma, como para ser señalados como guerrilleros. La pesquisa de la Fiscalía reveló que el plan de campaña Victoria 82 alude a que había que entregar una copia del documento al presidente y viceministro de la Defensa Nacional de entonces. Asimismo, se expresa que hubo supervisión de las acciones cometidas durante el conflicto armado interno, ya que los comandos debían entregar un informe cada 15 días. En el plan Firmeza 83 se establece la eliminación de actores subversivos y al respecto el fiscal aclaró que cualquier ciudadano que no simpatizara con el Ejército guatemalteco era considerado enemigo interno y sería perseguido, señaló. El fiscal también hizo referencia a la Fuerza de Tarea Gumarcaj, que operaba en Santa Cruz del Quiché (noroeste), y alcanzó la integración de mil 500 soldados de diferentes compañías, lo cual se acredita como un operativo específico para atacar al grupo ixil. La matanza se realizó durante el régimen militar encabezado por Ríos Montt en 1982-1983. Prensa Latina

Chile: Graduados de la Escuela de las Américas involucrados en crimen de Víctor Jara

A fines de diciembre, en Chile, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, sometió a proceso a los ex militares Hugo Sánchez y Pedro Barrientos como autores del homicidio del cantautor Víctor Jara, ejecutado con 44 impactos de bala, el 16 de septiembre de 1973, en el Estadio Chile.

El juez también encausó a los ex militares Roberto Souper, Raúl Jofré, Edwin Dimter, Nelson Hasse, Luis Bethke y Jorge Gumucio como cómplices del brutal crimen. 

Barrientos, Jofre, Dinter y Gumucio figuran con entrenamiento en la Escuela de las Américas del Ejército de los EEUU en los años setenta. 

El magistrado además ordenó la captura internacional de Barrientos, quien se encuentra residiendo en los Estados Unidos.

Tomado de  http://soawlatina.org