Un informe de la la Procuraduría de Crímenes contra la
Humanidad reúne los reportes de todos los fiscales que intervinen en las
causas por delitos de terrorismo de Estado y especifica que en los
últimos diez años fueron capturados casi 100 fugitivos.
Son 73 los prófugos por delitos de lesa humanidad con orden de
captura y buscados por diferentes fuerzas de seguridad, según el
relevamiento actualizado a diario por la Procuraduría de Crímenes contra
la Humanidad, en tanto en los últimos diez años fueron capturados casi
100 fugitivos.Según el informe, que reúne los reportes de todos los
fiscales federales que intervienen en los procesos judiciales en donde
se juzgan los delitos del terrorismo de Estado, el número de prófugos se
mantuvo estable en los últimos cuatro meses, aunque los prófugos no son
los mismos.A pesar de la cantidad de prófugos la Procuración destacó
que “en los últimos 10 años casi 100 procesados fueron capturados, entre
ellos el ex juez federal Otilio Romano, recientemente extraditado de
Chile”.
Por otra parte, se registraron en este año imputaciones y órdenes de
detención masivas en la provincia de Mendoza, que sigue siendo la
jurisdicción con más prófugos del país, lo cual elevó el número casos.
En tanto, en lo que va del año se produjeron varias fugas, como las
de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi del Hospital Militar
Central, y la más reciente de Alejandro Lawless, cuando era trasladado a
los tribunales de la calle Lavalle en la Ciudad de Buenos Aires.
Antes, en mayo, se fugó poco antes de comenzar a ser juzgado en un
proceso oral y público en Bahía Blanca el ex militar Carlos Alberto
Arroyo, quien gozaba de la excarcelación.
Una situación similar ocurrió en Formosa, en julio pasado, con el militar Ángel Ervino Spada.
Según las cifras del informe, “45 de los 73 prófugos eran integrantes
de las Fuerzas Armadas, mientras que los restantes revistaban en
fuerzas de seguridad o eran civiles”.
La mayoría de los militares, 38, pertenecían al Ejército, otros seis
actuaron en la Armada, uno en la Fuerza Aérea y cinco prestaban
funciones en la plantilla del Personal Civil de Inteligencia (PCI).
De los prófugos, ex integrantes de fuerzas de seguridad, doce eran
policías federales, cuatro policías provinciales y uno, integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense.
En tanto, cinco de los prófugos son civiles.
La nómina se completa con 6 militares uruguayos, un número
significativo que pone de relieve el alcance que tuvo el “Plan Condor”.
Según el mapa elaborado por la Procuraduría, la jurisdicción federal
Mendoza, conformada por esa provincia junto a San Juan y San Luis, es la
que más imputados por delitos de lesa humanidad tiene en condición de
prófugos. Son 21 los “rebeldes” sobre un total de 73 en todo el país.
Las jurisdicciones que siguen en cantidad de prófugos son la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con quince; Rosario, con siete; y Mar del
Plata y Bahía Blanca, con seis cada una.
La nómina se completa con San Martín (una), Comodoro Rivadavia (una),
Córdoba (tres), La Plata (cuatro), Paraná (una), Posadas (una),
Resistencia (dos), Salta (tres) y Tucumán (tres).
La excepción está dada por las jurisdicciones de las cámaras
federales de General Roca y Corrientes, cuyos tribunales no registran
prófugos en la actualidad.
El registro también revela que 11 de los 73 prófugos tienen órdenes de captura libradas en más de una causa judicial.
Tomado de Contrainjerencia.
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