El gobierno de Obama está elaborando planes para otorgar a todas las
agencias de espionaje de Estados Unidos pleno acceso a una enorme base
de datos que contiene los datos financieros de los ciudadanos
estadounidenses según se desprende de un documento del Departamento del
Tesoro al que tuvo acceso Reuters. El documento que tiene fecha 4 de
marzo, muestra que la propuesta se encuentra todavía en sus primeras
etapas de desarrollo, y se desconoce cuándo podría comenzar la
ejecución.
Este plan propuesto es para que las agencias de inteligencia puedan
identificar y localizar redes terroristas y bandas criminales al reunir
datos financieros bancarios, antecedentes penales y de inteligencia
militar. Este plan, que según los expertos legales es permisible bajo la
ley estadounidense, es probable que desencadene intensas críticas entre
los defensores de la privacidad.
Las instituciones financieras que operan en Estados Unidos están
obligados por ley a presentar informes de “actividad sospechosa del
cliente”, tales como grandes transferencias de dinero o cuentas
bancarias inusualmente estructuradas, al ‘Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network’ también llamado FinCEN que es la Red de Control de Delitos Financieros.
Más de 25.000 compañías financieras, incluyendo bancos, agencias de
valores, casinos, y agencias de transferencia de dinero, de forma
rutinaria presentan “informes de actividades sospechosas” al FinCEN (Red
de Control de Delitos Financieros).
El Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN es una agencia del
Departamento del Tesoro estadounidense creada en 1990, que almacena y
analiza información sobre transacciones financieras con el fin de luchar
contra los delitos financieros, como el fraude hipotecario, lavado de
dinero y financiación del terrorismo.
La propuesta del gobierno de Obama pretende vincular la base de datos
del FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros) con una red de
ordenadores utilizados por la defensa de EE.UU. y las agencias del orden
público para compartir información clasificada llamada ‘Joint Worldwide
Intelligence Communications System’.
Las instituciones financieras presentan más de 15 millones de
“informes de actividades sospechosas” anualmente, según la Hacienda
estadounidense. Los bancos están obligados a reportar todas las
transacciones en efectivo superiores a 10.000 dólares, así como los
incidentes sospechosos de lavado de dinero, fraudes de préstamos,
piratería informática o falsificación.
Un portavoz del Tesoro indicó que la ley estadounidense permite al
FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros) compartir información con
agencias de inteligencia para ayudar a detectar y frustrar las amenazas
contra la seguridad nacional.
La Federal Bureau of Investigation-FBI (Oficina Federal de
Investigaciones) ya cuenta con acceso completo a la base de datos. Sin
embargo, las agencias de inteligencia, tales como la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) y la Agencia de Seguridad Nacional, actualmente
tienen que realizar las solicitudes de información al FinCEN (Red de
Control de Delitos Financieros) de manera individual.
El plan del Departamento del Tesoro estadounidense le daría a las
agencias de espionaje la capacidad de analizar más datos financieros que
nunca antes en su historia , supuestamente ayudándoles a buscar
patrones que podrían revelar ataques o planes criminales.
Algunos organismos de control de la privacidad expresaron su
preocupación por el plan propuesto por el FinCEN (Red de Control de
Delitos Financieros) “plantea serias dudas en cuanto a si la gente se
puede encontrar información suya como sospechoso de terrorismo
potencial, o ser potencialmente falsamente acusados”, advirtió Sharon
Bradford Franklin, consejero principal de ‘Rule of Law Program at the
Constitution Project’, un grupo de vigilancia de la privacidad sin ánimo
de lucro.
“Se trata de una guerra contra el dinero, de una lucha contra la
corrupción, contra el lavado de dinero y el crimen organizado”, asegura
Amit Kumar, quien aconsejó a las Naciones Unidas sobre las sanciones
contra los talibanes y miembro del Think Tank Center for National
Policy.
Desde los atentados del 11 de septiembre han aumentado las
actividades de intercambio de datos entre los organismos gubernamentales
que a su vez limitan cada día más la privacidad y libertad de los
ciudadanos.
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