El Congreso español aprobó definitivamente este jueves, con los votos
del Partido Popular (PP), la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del
Código Penal y el pacto antiterrorista. De este modo derechos
fundamentales como libertad de información, expresión y manifestación
serán limitamos como nunca desde el final del franquismo. Entrará en
vigor el 1 de julio.
El único consenso logrado por las propuestas es el rechazo de
partidos políticos, organizaciones sociales y de juristas. A los más de
80 colectivos que integran la plataforma No somos delito se suman organizaciones como Amnistía Internacional, catedráticos de derecho penal de 35 universidades e incluso expertos de la ONU.
Todos coinciden en que la nueva normativa que limita los derechos
civiles es ambigua e imprecisa y que permite arbitrariedades en su
aplicación.
