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| Manifestantes realizan un funeral simbólico durante la protesta contra la nueva ley de seguridad del gobierno español en la Puerta del Sol Foto Reuters |
La mayoría absoluta del Partido Popular (PP) aprobó este jueves en
solitario la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, llamada por sus
opositores ley mordaza por su carácter represor y porque
pretende criminalizar la protesta ciudadana al prohibir manifestarse
frente al Congreso de los Diputados o ante la sede oficial del Ejecutivo
español.
A pesar de las críticas y oposición del resto de los grupos
parlamentarios, la Unión Europea (UE), la Organización de Naciones
Unidas (ONU) y hasta de la Iglesia católica, el gobierno del conservador
Mariano Rajoy siguió adelante con el trámite y rubricó una ley que
también da cobertura legal a las llamadas
devoluciones en calientede inmigrantes que intentan llegar a territorio europeo procedentes de África.
También hubo numerosos gestos de desaprobación del resto de los grupos parlamentarios, que quisieron poner en evidencia
una de las leyes más regresivas de la historiade la democracia española; los integrantes el grupo de Izquierda Plural se amordazaron boca y manos y se pusieron en pie mientras hablaba el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
La ley mordaza supone numerosos cambios en la forma en que
se interpretan las protestas ciudadanas en el código penal. A partir de
ahora habrá numerosas acciones –como concentrarse frente al Parlamento o
instituciones del Estado o fotografiar abusos policiales– que serán
consideradas una falta grave, de carácter administrativo, y tendrán como
consecuencia inmediata una multa que podría llegar hasta 30 mil euros
(570 mil pesos).
La polémica normativa fue aprobada sólo con los votos de los
diputados del PP, mientras que el resto, desde los partidos
nacionalistas conservadores hasta la izquierda clásica y los
socialdemócratas rechazaron tajantemente la legislación. Se
comprometieron a que cuando cambie el gobierno y haya una nueva mayoría
en el Parlamento, una de las primeras medidas será la derogación de la
ley, tal como ocurrió con la ley de educación, que también aprobó en
solitario el PP a pesar del rechazo de todos los grupos parlamentarios
de oposición y de los sectores involucrados en la materia.
Ahora, para su entrada en vigor la Ley Orgánica de Seguridad
Ciudadana tendrá que ser aprobada en el Senado y una vez superado este
trámite, donde el PP también tiene mayoría absoluta, el gobierno tendrá
que publicar la legislación en el Boletín Oficial del Estado.
Las medidas más polémicas son la prohibición y la aplicación de
sanciones para las convocatorias de manifestaciones o actos de protesta
frente a las instituciones o sedes del Estado, ya sea el Parlamento, el
Senado, el Palacio Real, la sede del Ejecutivo y hasta las plazas de los
Ayuntamientos.
Será ilegal intentar impedir un desahucio o lanzamiento, como viene
siendo habitual en años recientes ante las numerosas familias expulsadas
de sus casas por la falta de pago del crédito hipotecario.
Regreso al franquismo
Será ilegal no identificarse o desobedecer a un agente de
policía, así como difundir imágenes de policías antidisturbios
reprimiendo una protesta.
Además de la ilegalización de los actos de protesta más habituales en años recientes, otro de los puntos controvertidos de la ley mordaza
es el que se refiere al trato que recibirán los inmigrantes en las
vallas fronterizas españolas. La policía tendrá cobertura legal para
devolver
en calientea los migrantes a territorio africano, sin siquiera ser identificado ni recibir asistencia legal o médica, como ocurre hasta ahora, a pesar de que estar prohibido por los tratados internacionales de derechos humanos y la propia legislación española.
La disposición añadida contempla que
los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.
El diputado socialista Antonio Trevín advirtió que
esta ley retoma algunos aspectos de la que impuso el franquismo. Otorga la potestad sancionadora al Ministerio del Interior y se la arrebata a los jueces, por tanto, otorga a la autoridad una capacidad de intimidación muy importante frente a los ciudadanos ya que antes incluso de acudir a instancias judiciales, la administración puede sancionar económicamente e, incluso, embargar los bienes de los ciudadanos para satisfacer la multa.
Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural, coincidió en que la ley supone
resucitar el Tribunal de Orden Público franquista, de 1959, el llamado TOP, y con él, el regreso de los grises.
Feliu-Joan Guillaumes, diputado catalán de Convergencia i Unió, acusó al gobierno de comportarse de forma
totalitaria, con lo cual cualquier argumento que quiera esgrimir
pierde razón.
Toni Cantó, de Unión Progreso y Democracia, advirtió a los diputados del PP que
son ustedes los que están bajo sospecha, no los ciudadanos, que están demostrando una paciencia y madurez extraordinarias. No se puede criminalizar lo que a todas luces es legal, como son los derechos de reunión pacífica y de asilo, con sanciones desproporcionadas además de ineficaces.
La nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana fue censurada en el
exterior. El comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks,
sostuvo que la legislación va contra de la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, así como el Convenio Europeo de Derechos
Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
La ley entrará en vigor en enero de 2015, justo 12 meses antes de las
elecciones generales en las que el presidente del gobierno, Mariano
Rajoy, se presentará a su primera relección con la peor valoración de un
gobernante en la historia de la democracia española y con la caída en
picada de su partido, que la mayoría de las encuentas lo sitúan como
tercera fuerza política, por detrás del Partido Socialista Obrero
Español y de la nueva formación política Podemos.
Armando G. Tejeda
La Jornada
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