El 27 de febrero de
2012 el entonces presidente Obama aprobó y firmó en EE. UU. la controvertida ley HR 347 (Federal
Restricted Buildings and Grounds Improvement Act), bautizada ya por los
estadounidenses como 'Goodbye, First Amendment' ('Adiós, Primera Enmienda').
Según la nueva norma, queda prohibido para toda persona cualquier demostración
de protesta y la participación en todo tipo de manifestaciones. Esta ley
establece un castigo de hasta 10 años de cárcel para quien a sabiendas entre o
permanezca en cualquier edificio o terreno sin la autorización legal del
Gobierno. También se puede acabar tras las rejas si otra persona denuncia que
se tiene la intención de protestar. Asimismo, para acercarse al presidente de
EE. UU. o a cualquier otro político, una persona común y corriente necesitará
un permiso especial. La ley incluye como delito la intención de impedir o
perturbar lo que es el desarrollo de las funciones normales del área privada o
del Gobierno.
De hecho la HR 347, aprobada
por unanimidad en el Senado y por amplia mayoría en la Cámara de Representantes,
puede reprimir cualquier protesta en
cualquier lugar como, por ejemplo, en eventos deportivos o públicos. Según los
críticos, la controvertida ley restringe la libertad de expresión y podría ser
usada en contra de aquellos manifestantes que el Gobierno determine.
Los pocos mercenarios
anti cubanos realizan frecuentes provocaciones, alteraciones del orden público,
llamamientos a la indisciplina social, diminutas marchas callejeras e informes
falsarios. Si vivieran en EE UU no habría reparo en aplicarles la Ley HR347, la
cual “prohíbe las protestas pacíficas y la libertad de expresión en los eventos
políticos o en los alrededores de algunos edificios gubernamentales.” El
movimiento Occupy Wall Street ha padecido la aplicación de es cuestionada
y repudiada ley. Los propios periodistas han sido presionados por las
autoridades para no acceder a los lugares de protesta. De realizar las
actividades contrarrevolucionarias y provocadoras que cotidianamente
realizan en nuestro país los grupúsculos contrarrevolucionarios como UNPACU,
las Damas de Blanco, el CID, etc., frente a instituciones gubernamentales como
las sedes de los Órganos del Poder Popular, el Consejo de Estado, el Ministerio
del Interior, estaciones de policía y otros lugares públicos, en EE UU
estarían sujetos a la aplicación de la Ley HR 347.
Como puede
apreciarse, aquellos expertos en victimización y en la falacia tienen la suerte
de intentar subvertir la institucionalidad en Cuba. Otra cosa les sucedería si
lo hicieran en USA y no fueran asalariados de esta nación. ¿Entiendes, Eliécer Ávila?
