La
Casa Blanca confirmó hoy la detención desde octubre pasado de más de
52.000 inmigrantes menores de edad que llegaron al país ilegalmente y
reiteraron que estos niños y niñas están sujetos a la deportación a sus
países.
"Esta
migración de niños la hemos visto durante años", dijo la directora de
Política Interna de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, en una
teleconferencia de prensa.
"Pero ahora esta migración ha aumentado por la violencia en los países centroamericanos y porque las bandas criminales le dicen a la gente que una vez que los niños entran a EE.UU. reciben un permiso y se quedarán", agregó.
La asesora legal del Departamento de Seguridad Nacional, Esther Olavarría, enfatizó que la ley permite deportar a los menores de edad, desmintiendo uno de los rumores que, según las autoridades estadounidenses, ha intensificado la emigración de niños a EE.UU.
"A los niños se les puede deportar y, de hecho, son deportados cada año", señaló Olavarría.
Las funcionarias indicaron que desde el comienzo del año fiscal en curso, el 1 de octubre pasado, más de 52.000 niños, en su mayoría centroamericanos, han sido detenidos después de cruzar ilegalmente la frontera y han quedado bajo custodia del Departamento de Salud.
Otro rumor que alimenta el éxodo de menores desde América Central señala que los niños podrán ampararse en el "status de protección temporal" (TPS), que Estados Unidos haya otorgado a sus padres.
El Gobierno de EE.UU. ha extendido en décadas pasadas esos TPS a cientos de miles de centroamericanos que huyeron de sus países debido a desastres naturales como terremotos o huracanes.
"Las personas amparadas por un TPS tienen que estar en Estados Unidos a la fecha cuando se otorga el TPS", dijo Olavarría. "Los niños que vienen después no califican para el TPS", agregó.
Ricardo Zúñiga, director para Latinoamérica del Consejo de Seguridad Nacional, enfatizó también que "quienes entran a Estados Unidos sin documentos, sean menores o adultos, están sujetos a la deportación y no recibirán los beneficios de una reforma de las leyes de inmigración ni de la 'acción diferida'".
La "acción diferida" responde a un decreto emitido en 2012 por el presidente de EE.UU., Barack Obama, que dejó en suspenso la deportación de jóvenes nacidos en el exterior y que fueron traídos de pequeños como inmigrantes indocumentados por sus parientes.
Zúñiga añadió que Estados Unidos destinará 40 millones de dólares para la "seguridad ciudadana" en Guatemala, 25 millones para programas de prevención de la delincuencia en El Salvador -incluidos 77 nuevos centros para jóvenes- y 18,5 millones para "policía comunitaria" en Honduras, a fin de enfrentar a las pandillas.
Además, Washington proveerá 161,5 millones de dólares para programas de seguridad en América Central, dijo el funcionario.
Advirtió, asimismo, que tanto los adultos como los niños que hayan sido deportados y sean capturados nuevamente por otro ingreso ilegal están sujetos a un trámite de deportación más expedito.
"Los que lleguen, serán devueltos a sus países", dijo.
"Pero ahora esta migración ha aumentado por la violencia en los países centroamericanos y porque las bandas criminales le dicen a la gente que una vez que los niños entran a EE.UU. reciben un permiso y se quedarán", agregó.
La asesora legal del Departamento de Seguridad Nacional, Esther Olavarría, enfatizó que la ley permite deportar a los menores de edad, desmintiendo uno de los rumores que, según las autoridades estadounidenses, ha intensificado la emigración de niños a EE.UU.
"A los niños se les puede deportar y, de hecho, son deportados cada año", señaló Olavarría.
Las funcionarias indicaron que desde el comienzo del año fiscal en curso, el 1 de octubre pasado, más de 52.000 niños, en su mayoría centroamericanos, han sido detenidos después de cruzar ilegalmente la frontera y han quedado bajo custodia del Departamento de Salud.
Otro rumor que alimenta el éxodo de menores desde América Central señala que los niños podrán ampararse en el "status de protección temporal" (TPS), que Estados Unidos haya otorgado a sus padres.
El Gobierno de EE.UU. ha extendido en décadas pasadas esos TPS a cientos de miles de centroamericanos que huyeron de sus países debido a desastres naturales como terremotos o huracanes.
"Las personas amparadas por un TPS tienen que estar en Estados Unidos a la fecha cuando se otorga el TPS", dijo Olavarría. "Los niños que vienen después no califican para el TPS", agregó.
Ricardo Zúñiga, director para Latinoamérica del Consejo de Seguridad Nacional, enfatizó también que "quienes entran a Estados Unidos sin documentos, sean menores o adultos, están sujetos a la deportación y no recibirán los beneficios de una reforma de las leyes de inmigración ni de la 'acción diferida'".
La "acción diferida" responde a un decreto emitido en 2012 por el presidente de EE.UU., Barack Obama, que dejó en suspenso la deportación de jóvenes nacidos en el exterior y que fueron traídos de pequeños como inmigrantes indocumentados por sus parientes.
Zúñiga añadió que Estados Unidos destinará 40 millones de dólares para la "seguridad ciudadana" en Guatemala, 25 millones para programas de prevención de la delincuencia en El Salvador -incluidos 77 nuevos centros para jóvenes- y 18,5 millones para "policía comunitaria" en Honduras, a fin de enfrentar a las pandillas.
Además, Washington proveerá 161,5 millones de dólares para programas de seguridad en América Central, dijo el funcionario.
Advirtió, asimismo, que tanto los adultos como los niños que hayan sido deportados y sean capturados nuevamente por otro ingreso ilegal están sujetos a un trámite de deportación más expedito.
"Los que lleguen, serán devueltos a sus países", dijo.
Tomado de http://eltiempo.com.ve
