Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de
corrupción que se despliegan por todo el territorio y que afectan sobre
todo a las comunidades del arco mediterráneo, con Baleares y la
Comunidad Valenciana a la cabeza seguidas de cerca por otras regiones
como Catalunya o Galicia. Además, están en marcha investigaciones sobre
la gestión de distintas entidades financieras como Bankia o la Caja de
Ahorros del Mediterráneo (CAM), de cuyos consejos de administración
formaban parte diversos políticos.
Los casos de corrupción
afectan a todos los niveles de la Administración y las investigaciones
en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno -como
el exministro José Blanco, relacionado con la operación Campeón, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales.
Alguno de los casos más llamativos de corrupción descubiertos en el
seno de una comunidad autónoma son los abiertos en Baleares y que suman casi un centenar de imputados entre cargos y ex altos cargos públicos.
La mayoría tuvieron lugar durante la última legislatura del
expresidente Jaume Matas, imputado por alrededor de una docena de casos
relacionados con la corrupción y la financiación irregular del PP balear
durante su mandato.
Entre las operaciones en marcha en las Islas Baleares destacan casos como el que investiga las actividades presuntamente irregulares cometidas a través del Instituto Noós, que presidía Iñaki Urdangarin, o el caso Over Marketing,
en el que está implicado el conservador Pere Rotger, que recientemente
dimitió de su cargo como presidente del Parlamento autonómico aunque
mantiene el escaño.
También en el ámbito autonómico son
numerosos los casos abiertos en la Comunidad Valenciana. De hecho, en
las Cortes autonómicas hay nueve diputados del PP con imputación formal por casos relacionados con delitos de corrupción,
mientras que Pedro Hernández renunció a su escaño el pasado día 4 tras
ser condenado a tres años de prisión por su gestión al frente del
ayuntamiento de Torrevieja.
Hace pocas semanas dimitió también
en la Comunidad Valenciana José Manuel Vela como conseller de Hacienda
por la presunta filtración de un documento que había pedido el juzgado.
Diversos ex altos cargos de la administración de Francisco Camps están
implicados también en los numerosos casos abiertos en la comunidad,
entre los que destacan investigaciones tan importantes como la operación
Gürtel o el caso Noós.
Otro de los procesos con más repercusión pública durante los últimos meses es el de los ERE fraudulentos de Andalucía,
en el que hay imputadas cerca de 70 personas entre ellas el exconsejero
de Empleo de la Junta Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín
Barberá, los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social, un
exparlamentario socialista o el exdelegado provincial de Empleo.
Red de corrupción municipal
Sin embargo, la mayoría de los casos de corrupción abiertos en España
se despliegan por sus más de 8.000 municipios, en los que hay casi
medio centenar de exalcaldes y una treintena de alcaldes en el poder que
están siendo investigados judicialmente. Algunos de estos mandatarios
envueltos en casos judiciales son alcaldes de ciudades tan importantes
como Murcia, Alicante, Lugo, Valladolid o Sabadell. A estos se suman varias decenas de concejales también implicados en estos escándalos locales.
La mayoría de los regidores municipales están imputados por
delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude o
tráfico de influencias, casi todos por causas relacionadas con el
urbanismo y la adjudicación de obras públicas. Es el caso de los casos Pretoria o Mercurio,
abiertos en Catalunya, que investigan presuntas tramas de corrupción en
Santa Coloma de Gramanet, Sant Andreu de Llavaneres y Sabadell.
También en Galicia son numerosos los casos judiciales que afectan a
diversos municipios y que han llevado a la imputación a alrededor de una
docena de sus alcaldes; además de provocar la dimisión de otros
alcaldes como el de Santiago de Compostela, Gerardo Roa, que dejó el
cargo después de no haber declarado 291.000 euros en concepto de IVA de
la venta de unas viviendas de su promotora.
También concentran
varios casos de corrupción los municipios de Canarias, donde hasta una
decena de regidores están imputados en diferentes casos judiciales,
además de varios que ya han dejado el bastón de mando.
Mientras, en la Comunidad de Madrid el caso de mayor corrupción abierto es Gürtel,
que ha salpicado a cuatro alcaldes de la comunidad y tres exdiputados
autonómicos. También está imputado el exalcalde de Getafe y expresidente
de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro
Castro.
Los escándalos de corrupción afectan además a numerosas
localidades como Camas (Sevilla), donde el exalcalde y dos concejales
han sido condenados a 14 meses de cárcel; Piélagos (Cantabria),
Plasencia (Cáceres), La Muela (Zaragoza), Cabrales (Asturias) o Águilas
(Murcia).
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La mayoría de
estas operaciones están relacionadas con delitos urbanísticos, aunque
hay casos curiosos como el del municipio gallego de Melón, con sólo
1.400 habitantes y en el que la alcaldesa -que relevó en el cargo a su
marido inhabilitado- ha sido imputada por supuestamente participar en la
manipulación de una hoja de control de trabajos comunitarios a un vecino que no los cumplía.
También está el caso del municipio cántabro de Las Rozas de
Valdearroyo, en el que el alcalde nombró al inicio de la legislatura
actual como concejal del Medio Ambiente a Juan Carlos Lantarón Pérez,
condenado en febrero de 2006 a seis meses de cárcel y el pago de una multa tras declararse culpable de un delito de incendio forestal.
También hay casos más llamativos, como el del concejal de Burgos que
dimitió tras gastar 207.000 euros en dos meses con el teléfono móvil del
Ayuntamiento, o el del Ayuntamiento de Torrevieja, en el que algunos
ediles utilizaron sus terminales para hacer llamadas a prostitutas o
suscribirse a un canal porno.
Partidos y entidades financieras
En algunos casos, la corrupción afecta al seno de los partidos
políticos, como es el caso de la ya extinguida formación Unió
Mallorquina, desaparecida después de que sus dirigentes, con Maria
Antonia Munar a la cabeza, estén relacionados con hasta nueve casos de
corrupción.
En Catalunya está abierto el caso Millet, que estudia la presunta financiación irregular de CDC
a través del Palau de la Música y del enriquecimiento de la cúpula de
esta centenaria institución cultural barcelonesa. Además del
expresidente de la entidad, Fèlix Millet, y el exdirector financiero,
Jordi Montull, están imputado el extesorero de CDC, Daniel Osàcar, y el
exsecretario de Comunicación y actual director de Comunicación del
Ayuntamiento de Barcelona, Mar Puig.
Dentro de los casos que
están siendo investigados en España hay que destacar los del Bankia y la
CAM, en los que están imputados exmiembros de sus consejo de
administración que han ostentado cargos públicos, entre ellos los
exministros Rodrigo Rato y Ángel Acebes, ex secretarios de Estado,
exdiputados o exalcaldes. También está en manos de la Audiencia Nacional
investigaciones sobre el Banco de Valencia, Novacaixa Galicia y Caja
Castilla-La Mancha.
EUROPA PRESS,
Madrid
Tomado de http://www.publico.es
