La confirmación que parte de los restos encontrados en el basurero de
Cocula pertenecen a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas
de Ayotzinapa que fueron secuestrados y asesinados por las policías
municipales y la banda criminal Guerreros Unidos la noche del 26 de
septiembre, obliga a que la justicia plena para encontrar a todos los
culpables del asesinato masivo toque a la clase política. Están en la
cárcel parte de los presuntos responsables criminales y la PGR va tras
el resto. Siguen impunes, empero, aquellos que por omisión o comisión
crearon las condiciones para este episodio calificado como “barbarie”.
Estos no son clandestinos, ni están prófugos. Son cinco políticos, para
empezar, miembros de las tres corrientes que controlan al PRD.
A
lo largo de casi 70 días, las autoridades le han dado la vuelta a entrar
a ajustar cuentas legales con ellos. Lo que han hecho es un
encubrimiento y otorgar blindaje al gobernador con licencia, Ángel
Eladio Aguirre, y a los líderes del PRD, quienes apoyaron, encumbraron y
protegieron al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, que convirtió a
las instituciones en Iguala en parte orgánica del crimen organizado, de
la mano de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, miembro de una
familia donde cuando menos 15 de sus familiares, dirigían una banda que
operaba en Tierra Caliente, Guerrero y Morelos, dedicados al
narcotráfico, secuestro y extorsión.
Estos responsables
políticos, tienen que rendir cuentas claras. Pero hay que ser
cuidadosos. No por ser responsables del poder de Abarca, automáticamente
son culpables de asesinato. Son cosas diferentes que deben dilucidarse.
Se debe comenzar por investigarlos formalmente. El gobernador con
licencia Aguirre es por donde habría que empezar y que deje ser
visitante frecuente, como él mismo afirma, del despacho del secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Murillo Karam. ¿Por qué
Aguirre?
Por dos razones. La penal, porque sí se le puede imputar
el crimen por omisión en sus responsabilidades, que él evade con la
justificación que dio aviso de lo que sucedía. La política, porque fue
quien encabezó en 2012 la mesa donde cinco miembros del PRD decidieron
las candidaturas en Guerrero. No sólo fue la de Abarca en Iguala, sino
de la de otros siete presidentes municipales que hoy son investigados
por la PGR por su presunta vinculación con Guerreros Unidos, Los Rojos y
Los Caballeros Templarios. En esa mesa estaba Sebastián de la Rosa, el
principal protector de Abarca, miembro de Los Chuchos y estrechamente
relacionado con el exlíder del partido, Guadalupe Acosta Naranjo.
Asimismo
el exsenador y primer secretario de Desarrollo Social de Aguirre, David
Jiménez Rumbo, también participó en esa mesa. Jiménez Rumbo, líder del
PRD en Guerrero, afirmó en una entrevista que Los Chuchos lo tienen
vetado porque se opuso a la candidatura de Abarca. Sin embargo participó
en la aprobación de las candidaturas, como representante de Alternativa
Democrática Nacional, que dirige Héctor Bautista, actual secretario
general del PRD, y nunca expresó antes del crimen, haber disentido por
Abarca.
Otro participante de las decisiones fue Víctor Aguirre,
sobrino del gobernador con licencia, como representante de Izquierda
Democrática Nacional, que dirigen René Bejarano y su esposa, la senadora
Dolores Padierna, quienes lo destaparon en marzo como su candidato al
gobierno de Guerrero. El quinto en la mesa fue Jesús Evodio Velázquez
Aguirre, secretario general del PRD en el estado, y líder de la
corriente Nueva Mayoría, filial de Los Chuchos, quienes lo quieren como
candidato a la alcaldía de Acapulco. En enero fue destapado en un evento
donde la figura central fue el fundador de la corriente, Jesús Ortega.
La
mesa de los cinco fue avalada por el entonces líder nacional del PRD,
Jesús Zambrano. Zam0brano ha buscado deslindarse de Abarca, al igual que
el resto de los cinco que lo eligieron candidato. Sus jefes políticos,
Los Chuchos, Bejarano y Bautista, hablan del tema como si no fueran
culpables del encumbramiento del exalcalde, pese a los antecedentes
criminales de la familia de su esposa. Y salvo Aguirre, ninguno de ellos
ha sido llamado a declarar en la PGR.
Apoyo político no es ser
culpable del crimen, pero todos ellos tienen que aclarar porque si eran
públicas las relaciones criminales del matrimonio Abarca-Pineda Villa,
lo respaldaron. Dentro de las cúpulas del PRD aseguran que como pago,
Abarca les daba dinero, lo que de confirmarse, supondría que el
gobernador y las corrientes que controlan al PRD, recibieron recursos
del crimen organizado. Esto deberá ser trabajo del Ministerio Público
Federal. Lo único claro por ahora, en su caso, es que Abarca era uno de
los suyos, no sólo hasta el 26 de septiembre, sino inclusive después de
haber sido la pieza central del crimen en Ayotzinapa.
Raymundo Riva Palacio
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
http://www.vanguardia.com.mx
No hay comentarios:
Publicar un comentario