martes, 26 de febrero de 2013

¿Renunciará EEUU a su papel de protector de represores y asesinos?


 José Guillermo García,

El juicio de deportación contra el ex ministro de la Defensa de El Salvador, José Guillermo García, que quedó suspendido en diciembre, se reanuda el lunes por la mañana en el tribunal de inmigración de Miami, reporta el Mimai Herald.
Funcionarios del Centro de Justicia y Responsabilidad, un grupo de activistas que defienden los derechos humanos y que representa a uno de los testigos en el caso, dijeron que el juez de inmigración Michael Horn tiene previsto seguir escuchando testimonio y terminar el juicio esta semana.
El juicio es presentado en la prensa de Miami como “el más reciente ejemplo de un cambio político histórico para el gobierno de los Estados Unidos”.
“Durante gran parte del siglo pasado, las administraciones estadounidenses estaban del lado de los dictadores o comandantes militares de derecha en América Latina, viéndolos como baluartes contra el comunismo”, reconoce el periodico de Miami.
Muchos de ellos se jubilaron y emigraron a Estados Unidos, incluso después de haber sido vinculados por organizaciones de derechos humanos a asesinatos, secuestros o tortura de opositores políticos.
Pero en el 2000, las autoridades de inmigración estadounidenses “adoptaron una nueva política nacional y comenzaron a buscar y deportar a cientos de presuntos represores”, escribe el Herald sin precisar un solo nombre de “expulsado”.
“García es sólo el último presunto represor en ser llevado a juicio por lograr su expulsión del país”.
El Miami Herald no menciona Luis Posada Carriles y las decenas de terroristas cubanoamericanos formados por la CIA, Tampoco se refiere a las extradiciones de represores  reclamadas inutilmente  por varios países de América Latina.
Las autoridades de inmigración buscan deportar a García en virtud de una ley del 2004 que permite que represores extranjeros vinculados a denuncias de violaciones de derechos humanos sean expulsados. Los fiscales del Departamento de Seguridad Interna (DHS) acusan a García de no haber hecho nada para detener o investigar las violaciones masivas de derechos humanos en El salvador cuando era ministro de la Defensa entre 1979 y 1983.
Bajo la ley de Reforma de Inteligencia y Prevención del Terrorismo del 2004, cualquier extranjero puede ser deportado si un juez de inmigración determina que cuando se encontraba “fuera de los Estados Unidos, cometió, ordenó, incitó, ayudó, o de cualquier forma participó en la comisión” de tortura o ejecuciones no autorizadas.
En febrero del 2012, un juez de inmigración en Orlando utilizó la ley del 2004 para ordenar la deportación de otro ex oficial militar salvadoreño, el ex jefe de la Guardia Nacional Carlos Eugenio Vides Casanova, quien ahora está apelando el fallo.
Se espera que el juicio de García se reanude con el interrogatorio por parte de la defensa de una testigo del gobierno, Terry Karl, profesora de la Universidad de Stanford que está considerada como experta en las operaciones de escuadrones de la muerte en El Salvador.

Tomado de Contrainjerencia

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