La campaña de presión y desinformación del fondo buitre Elliott, del
financista republicano Paul Singer, con el objetivo de cobrar la
extravagante sentencia dictada por el juez Thomas Griesa, tiene una
amplia red de apoyo local e internacional. Esta fue conseguida a partir
de la tarea de lobby interno y externo desplegada en el terreno de
políticos, miembros del Poder Judicial, legisladores y medios de
comunicación. Estos últimos, además de replicar sus posiciones sin la
más mínima observación crítica, son el vehículo para canalizar
revelaciones de supuestos hechos de corrupción. Es la misma táctica que
aplicaron con éxito a fines de los noventa en los casos de la deuda de
Perú y Zaire (hoy República Democrática del Congo), con los gobierno de
Fujimori y Mobutu, respectivamente. La diferencia sustancial es que con
Argentina los buitres se están enfrentando con un gobierno que resiste
los embates porque políticamente es más fuerte y audaz en su defensa,
consiguiendo de ese modo un apoyo internacional abrumador. Además, las
denuncias de corrupción que difunden son evanescentes actuando como un
límite a su capacidad de presión.
La estrategia
buitre es muy rústica, como es habitual en el mundo financiero,
revestida de sofisticación sólo por el poder del dinero. Organizada
desde la usina American Task Force Argentina contrató a la firma de
lobby de Madeleine Albright, secretaria de Estado en el segundo mandato
de Bill Clinton. Uno de sus empleados, Carlos Gutiérrez, secretario de
Comercio del segundo período de gobierno de George W. Bush, se reunió
con el ministro de Economía Axel Kicillof, por recomendación del
encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país, Kevin
Sullivan. En ese encuentro Gutiérrez adelantó cuáles serían los cinco
pasos que los fondos buitre
emprenderían si el país se negase a pagar el fallo Griesa. Esos puntos
eran provocar una nueva devaluación brusca (desbaratada con el despido
del presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega); reforzar los
ataques mediáticos contra CFK y su familia (la denuncia contra su hija
Florencia sobre su hospedaje de lujo en Nueva York era falsa); impedir
el pago de los vencimientos de la deuda reestructurada (se aprobó la Ley
de Pago Soberano que trasladó la responsabilidad de cobro a los
bonistas); bloquear el acceso del sector público y las empresas locales
al financiamiento internacional (en la reciente asamblea conjunta del
FMI-Banco Mundial el equipo económico recibió varias propuestas de
bancos internacionales, además se reactivaron las líneas del BM y BID), y
propiciar la instalación de candidatos presidenciales con una actitud
amigable (siguen en esa tarea con no pocos tropiezos). El fracaso de esa
campaña derivó en que Singer cancelara el contrato con la empresa de
Albright, según consignó Ambito Financiero.
Los
fondos buitre se nutren de demócratas y republicanos para sus tareas,
reclutando integrantes de los gobiernos de Clinton y Bush. También han
ingresado directamente al de Barack Obama. El politólogo Nicolás
Tereschuk publicó en su blog Mide/no mide una investigación que revela
vínculos entre la AFTA y la administración Obama. Nancy Soderberg es la
tesorera de la AFTA y tiene un cargo político en el gobierno de Obama.
En julio pasado estuvo en Argentina y junto al presidente de esa
organización de lobby buitre, Robert Shapiro, se reunieron con un grupo
de periodistas en el Palacio Duhau Park Hyatt.
Tereschuk
revisó un comunicado de prensa de la Casa Blanca del 10 de enero de
2012 donde se informa que Obama nombró a Soderberg en un "puesto clave",
como presidenta del directorio de la Public Interest Declassification
Board. Es un comité asesor creado por el Congreso de los Estados Unidos
en 2000 para promover el mayor acceso posible del público a las
decisiones y actividades de seguridad nacional de ese país.
Soderberg
asesora al presidente Obama en la "clasificación y desclasificación de
información de seguridad nacional". Una tarea cuya actuación está
incluida en la ley por la que el Congreso autoriza fondos para
"inteligencia y actividades relacionadas con la inteligencia del
gobierno de los Estados Unidos y la Oficina del director nacional de
Inteligencia, el Sistema de Retiro e Inhabilidad de la Agencia Central
de Inteligencia (CIA) y otros propósitos". Fue confirmada por Obama en
el cargo el 16 de noviembre de 2012 y Tereschuk advierte que fue el
viernes anterior al primer fallo del juez Griesa contra Argentina. Es un
puesto por el que recibe una compensación monetaria equivalente a lo
que se paga al "servicio ejecutivo Senior".
En el
comunicado oficial, la administración Obama presenta un resumido
currículum de Soderberg, destacando que es presidenta de la Connect US
Fund, una organización sin fines de lucro, que fue representante de
Estados Unidos para Asuntos Políticos Especiales de las Naciones Unidas
desde 1997 a 2001. Pero no menciona el cargo de tesorera en la firma de
lobby buitre AFTA.
Tereschuk plantea que "técnicamente no
existe conflicto de intereses y acá parece no haber nada ilegal".
Ironiza que la American Task Force Argentina es una entidad sin fines de
lucro que "se siente feliz haciendo campañas públicas a favor de los
fondos buitre", y se pregunta: "Siendo tan apasionada impulsora de esta
posición la embajadora Soderberg, y si bien el puesto en el que fue
nombrada tiene un rasgo 'técnico', ¿no se debilita un poco la idea de
que el pleito entre un fondo buitre y la Argentina en las cortes
estadounidenses es un mero tema 'judicial'? ¿No hay ahí entonces ningún
componente de Estado a Estado o 'político'? ¿Más aún, por no ser la
mencionada una actividad ad honorem?". Ante el reclamo del gobierno de
Argentina en la OEA y en las Naciones Unidas, y por la presentación del
caso en el Tribunal Internacional de La Haya, la posición oficial de los
Estados Unidos fue expuesta por la responsable del Departamento de
Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, quien consideró
que "no es un asunto entre los dos gobiernos, sino una cuestión en la
que tiene que decidir la Justicia; por lo tanto, no es una materia que
debería influir en la relación bilateral", ante una consulta de la
corresponsal de La Nación en Estados Unidos.
Una
funcionaria del gobierno de Obama es uno de las principales agentes de
lobby del fondo buitre de Paul Singer. El trabajo de Soderberg en la
Casa Blanca por orden de Obama lleva el caso del juicio buitre a un
asunto entre los dos gobiernos.
Al profundizar su
investigación, Tereschuk encontró un previsible aumento del presupuesto
de la usina del lobby buitre AFTA, al subir de 1,3 a 3,0 millones de
dólares de 2012 al año siguiente, según se precisa en la declaración de
impuestos que se puede encontrar en Internet (citizenaudit.org). En
2007, el presupuesto era de 300 mil dólares, y el de este año es
probable que haya superado el máximo de 2013 teniendo en cuenta la
intensidad de la campaña de desinformación desplegada a nivel
internacional, con especial foco en medios locales.
En
la ocasión de nombrar a Soderberg, en la que también designó a otros
funcionarios, Obama dijo: "Estoy honrado que estos talentosos individuos
hayan decidido unirse a esta administración para servir a nuestro país.
Hago votos por trabajar con ellos en los meses y años que vendrán" (www.whitehouse.gov/the-pressoffice/2012/01/10/president-obamaannounces-more-key-administration-posts).
En
esa definición, y en los lazos que el lobby de Singer tiene con
demócratas y republicanos, puede empezar a encontrarse la actual
posición del gobierno de Obama, desentendiéndose del conflicto, lo que
significa liberar el terreno a los fondos buitre. La Casa Blanca
retrocedió de ese modo de su postura inicial expuesta por los
departamentos de Justicia y del Tesoro de respaldo a la Argentina cuando
ambas dependencias se presentaron como amigos del tribunal (amicus
curiae) en la Cámara de Apelaciones del Distrito de Nueva York
cuestionando el fallo Griesa.
El lobby buitre tiene su espacio en la Casa Blanca.
Por Alfredo Zaiat
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