Las delegaciones de la guerrilla y el gobierno colombiano
anunciaron un acuerdo sobre el segundo punto de la agenda. Se refiere a
la participación política de los insurgentes. Es una gran noticia. Aún
falta mucho para festejar la paz.
EMILIO MARIN
El 6 de noviembre
se dio una buena noticia para Colombia y el resto de Latinoamérica: los
delegados de las FARC y del gobierno de Juan M. Santos habían arribado
en La Habana a un acuerdo básico sobre el segundo punto de la agenda que
vienen negociando. El comunicado de Iván Márquez por la fuerza
guerrillera y el ex vicepresidente Humberto de la Calle por el gobierno
tuvo un fuerte impacto, por varias razones.
Una, porque el capítulo
concluido era uno de los más importantes pues versaba sobre la
participación política de la fuerza guerrillera en caso que se convierta
en un movimiento político. Eso sin quitar mérito a otras agrupaciones
que pudieran provenir de otras expresiones armadas, caso del ELN, y una
variada gama de organizaciones sociales.
La otra razón por la que la
noticia fue tan celebrada tiene que ver con que en los últimos tiempos
habían aparecido varios nubarrones sobre el porvenir de la negociación.
El presidente Santos había criticado a su contraparte diciendo que ésta
quería darles largas a la negociación. Los dirigentes guerrilleros lo
habían cuestionado por enviar al Congreso un proyecto de ley para
refrendar la negociación cuando ese punto figura en el quinto lugar de
la agenda.
Tal apuro, denunciaba el comandante Rodrigo Londoño
"Timochenko" desde las montañas de Colombia, tenía que ver con que en
mayo de 2014 hay elecciones y el actual ocupante de la Casa de Nariño
quiere ir por su reelección, para lo cual necesita un resultado rápido
en la negociación. De ese modo diría al electorado: "yo derroté a las
FARC en la guerra y luego las hice firmar la rendición en la mesa de
diálogos, por lo tanto tienen que darme otros cuatro años más".
Cuando
se reanudaron los diálogos, el 23 de octubre pasado, el ambiente no era
el mejor en la mesa donde se sentaban Márquez con De la Calle.
Afortunadamente en pocos días pudieron arribar a acuerdos básicos y
anunciarlos el pasado miércoles 6.
Se amplía la participación.
De
la Calle declaró a "El Tiempo" de Bogotá que se firmaron unas "20
cuartillas", aunque todo el documento no fue publicado aún. Sí se
conocieron pautas generales, comentadas de uno y otro lado, que han
generado buena expectativa, aún con críticas feroces del ex presidente
Álvaro Uribe. Esta fea actitud prestigia más el núcleo de coincidencias
alcanzado, aunque el mismo no supone que la paz esté ya asegurada o por
llegar en el corto plazo.
En una columna suya en aquel diario, De la
Calle puntualizó por qué lo firmado por los negociadores tiene buena
calidad política.
Un aspecto serían las Garantías. Una vez firmado el
Acuerdo Final de Paz, el movimiento político que puedan generar los
guerrilleros y otros sectores sociales van a convenir los lineamientos
para que el gobierno presente un "Estatuto de la Oposición" para su
aprobación parlamentaria. Tales movimientos opositores verían favorecida
su legalidad e intervención política. Se supone que tendrían asegurada
su propia seguridad, con "la tolerancia y visión pluralista" de un
Estado que en los últimos 60 años no hizo gala de ese punto de vista.
En
participación política, el piso del 3 por ciento de los votos se
mantendría al solo efecto de la distribución de las bancas, pero los
partidos mantendrían su reconocimiento y personería aún con menos de ese
rango, con financiación del Estado y acceso a los medios de
comunicación.
Otra novedad son las "Circunscripciones Territoriales
de Paz" a crearse en zonas muy afectadas en estos años por el conflicto
armado. Se daría una suerte de "premio" o compensación a la población
que más sufrió, permitiéndole elegir algunos diputados más que lleven la
representación de los movimientos sociales, campesinos, originarios,
etc.
El ex vicepresidente explicó: "No se trata de mecanismos para
fomentar la representación del movimiento que surja de las FARC, sino de
aumentar en forma transitoria la presencia en la Cámara de
Representantes de aquellos territorios que por razón del conflicto se
han visto marginados del sistema representativo. Serán a la manera de
círculos electorales dentro de los departamentos para que se elijan
representantes adicionales".
Ultraderecha cuestiona.
Santos
usó la cadena nacional para informar y autofelicitarse por los avances
de la negociación, luego del acuerdo sobre el segundo punto de la
agenda. Se ufanó de no haber despejado "ni un milímetro del territorio"
y, sin embargo, haber podido avanzar y conseguir buenos resultados, con
la esperanza de llegar "al puerto de la paz".
Su campaña en ciernes
para la reelección empezó a gozar de buenos impulsos. El Centro Nacional
de Consultoría (CNC) publicó el 9 de noviembre un sondeo según el cual
la imagen positiva del presidente había aumentado algo más de diez
puntos, subiendo desde el 44 hasta el 55 por ciento.
Incluso acciones
que no fueron propias, sino de las FARC, le dieron rédito
reeleccionista. Por ejemplo, recibió los plácemes del secretario de
Estado norteamericano, John Kerry, el 27 de octubre pasado, luego que la
guerrilla liberara al ex marine Kevin Scott, capturado cuatro meses
antes en el Guaviare, al sureste. Las FARC pidieron a la ex senadora
Piedad Córdoba como facilitadora de la liberación y Santos la vetó.
Luego hicieron otro tanto con el pastor estadounidense Jesse Jackson y
aquél volvió a oponerse. Al final el ex marine fue entregado a una
misión de la Cruz Roja Internacional y representantes de Colombia, Cuba y
Noruega (facilitadores de la negociación que arrancó en Oslo y siguió
en La Habana). Y Kerry terminó agradeciendo sólo a Santos...
La
ultraderecha colombiana está en contra de los anuncios del 6/11 como
estuvo en contra de lo firmado el 26 de mayo pasado sobre la cuestión
agraria, primer saldo positivo. El vocero de esta oposición es Uribe,
quien declaró: "no dijo el gobierno si los terroristas responsables de
delitos atroces como secuestro, reclutamiento de niños, etc, serían
elegibles, lo que nunca debe ser". Su gran temor es que los guerrilleros
terminen ocupando escaños. Uribe no se baja de su deseo de pena de
muerte para esas personas y, a lo sumo, querría reclusión perpetua para
todos, aún cuando la ola de violencia comenzada en 1948 con el asesinato
de Jorge Eliécer Gaitán no haya sido de inspiración guerrillera sino
obra del Estado oligárquico liberal-conservador, sus fuerzas armadas y
grupos paramilitares.
Que sí, que no.
El uribismo también se
expresó mediante su candidato presidencial, Oscar Zuluaga, quien
manifestó que si llega al poder el año próximo procederá a romper el
proceso de paz. No parece un peligro mortal porque las encuestas
aseguran que más del 60 por ciento de la población está a favor de la
continuidad de las negociaciones, pero tampoco podría subestimarse a la
ultraderecha nostalgiosa del genocidio.
La división entre el
derechista Santos y el ultraderechista Uribe es una buena noticia para
los colombianos que apuestan a la paz.
¿Adónde van las FARC? La
fuerza dirigida por Timochenko, integrada por unos 8.000 hombres y
mujeres, ha ratificado su voluntad de negociar la paz. No sería
descartable que en las próximas semanas decida declarar otra vez un alto
unilateral del fuego por dos meses, como lo hizo a fines de 2012.
Algunas voces piden que en ese interín se comience un proceso de
desminado de zonas.
Los insurgentes han adelantado que si se llega a
un acuerdo final de paz, estarían de acuerdo en "dejar las armas", que
no es igual a "entregar las armas". La primera opción podría suponer un
entierro en lugar seguro, por propia cuenta, por si en el futuro fuera
necesario recuperarlas. La segunda pone el armamento en manos del
ejército enemigo.
En esa diferencia hizo hincapié Uribe, quien
exageró que esa falta de entrega de armas supone que las FARC "avanzan
hacia la toma de la democracia para llevar a Colombia al
castrochavismo".
De la agenda de 5 puntos hay dos acordados en
términos generales, con cuestiones pendientes. Y restan otros tres:
erradicación de cultivos de drogas, reparación a las víctimas del
conflicto armado e implementación, verificación y refrendación de los
acuerdos. El 18 de noviembre, el día antes a que se cumpla el año exacto
de inicio de los diálogos, se retomarán las discusiones sobre la
erradicación de drogas ilícitas.
Una duda de las FARC gira en torno a
las garantías para sus combatientes de arribarse a un acuerdo final con
desmovilización. Secundariamente, y antes que el asunto no resuelto de
si sus dirigentes con causas pendientes ante la justicia del militarismo
podrán o no ser candidatos, la preocupan casos como el de Simón
Trinidad, extraditado a EEUU y condenado allí a 60 años de prisión.
Sus
interrogantes sobre la bondad de este proceso tienen que ver con la
distante reforma agraria. Una ley de restitución de tierras a los
legítimos dueños ya tiene un año de vigencia, pero los campesinos
desplazados se quejan de las demoras y la controladora Sandra Morelli
informó que se había revisado apenas el 2 por ciento de las 19.000
solicitudes de restitución, sin fallos judiciales favorables a los
campesinos.
Tomado de http://www.laarena.com.ar
