El juez estadounidense John Bates falló esta semana a favor de
Michael Townley, ex agente de la CIA y de la Dirección Nacional de
Inteligencia (DINA), la policía secreta del dictador Augusto Pinochet en
Chile; acusado de haber asesinado al diplomático español Carlos Soria
en 1976, por lo que había sido condenado a indemnizar a la familia por
la tortura y muerte de Soria con siete millones de dólares. "No podemos
obligar a Michael Townley a pagar”, falló Bates, amparándose en que
Townley está inserto en el programa de testigos protegidos. Según reveló
el diario español El País, el juez de distrito reconoció en una
sentencia de 13 páginas que su veredicto "no ayuda en nada” a Laura
González-Vera, viuda de Soria, a pesar de que los tribunales habían
determinado con anterioridad que Townley debía pagar el dinero.
 |
| Michael Vernon Townley Welsch (n. 9 de diciembre de 1942), ciudadano estadounidense que fue agente sicario de la CIA. Se le sindica la autoría material en los atentados a Orlando Letelier, Ronny Moffit y Carlos Prats bajo instrucciones de la CIA y de la DINA durante la Dictadura Militar del General Augusto Pinochet.Uno de los presumibles asesinos del poeta Pablo Neruda. |
Townley, de nacionalidad estadounidense, habría además participado
en el secuestro y asesinato del diplomático español en 1976. Desde hace
más de 30 años, vive en Estados Unidos bajo el programa de testigos
protegidos administrado por el Gobierno federal. Antes había pasado
cinco años en la cárcel por el asesinato del embajador chileno en
Estados Unidos, Orlando Letelier. (NR: Michael Townley fue sometido a juicio en Estados Unidos junto a otros
tres oficiales de la DINA (en ausencia ya que Pinochet se negó a
extraditarlos), fue condenado; pero a cambio de información vital fue
liberado bajo el programa de protección especial de testigos,
actualmente vive bajo otro nombre en algún lugar de los Estados Unidos.)
El hecho de que esté inscrito en el programa bloquea la información
sobre su paradero, posición financiera, actividades, por lo cual se
limita la capacidad de los querellantes de forzarlo pagar. Aunque la
familia demandó al Gobierno de EE UU para que entregue datos sobre el
exagente, hasta ahora la Oficina del Fiscal General ha insistido en que
hacerlo pone en riesgo la vida del testigo.
