Tal
como denunciamos con anterioridad, la CIA norteamericana reclutó en julio de
2017 al entonces segundo secretario de la embajada venezolana en Panamá,
Gabriel Hernán Pérez, con la finalidad de emplearlo para ser parte de la guerra
sucia contra la Venezuela Bolivariana. Los pasos posteriores a su traición lo
vinculan a una conspiración orquestada por esta Agencia en complicidad con
elementos de la cancillería panameña, el grupúsculo contrarrevolucionario
VEPPEX –radicado en Miami–, el llamado Tribunal Supremo de Justicia en el
Exilio (TSJE) Capítulo Panamá y otros miembros de la derecha latinoamericana.
Las acciones de estos implicados están dirigidas a lograr varios objetivos:
evitar que los venezolanos residentes en Panamá participen en las elecciones
del venidero 22 de abril y boicotearlas descaradamente, levantando calumnias
contra el registro electoral de la embajada venezolana en Panamá; convencer –con
la ayuda del TSJE– a organismos internacionales y regionales, así como
gobiernos derechistas en Latinoamérica, bajo la manipulación de mecanismos y la
legislación internacional el “facilitar la atención inmediata” al pueblo
venezolano en cuanto a alimentos y medicinas bajo el manto de una “intervención
humanitaria”, como primera fase para legitimar una siguiente acción militar
contra Venezuela bajo el mando de EEUU y la venia de la OEA.
Según fuentes
creíbles dentro de VEPPEX Gabriel Hernán Pérez se encuentra conspirando con los
ex magistrados venezolanos Gustavo Sosa Izaguirre, Manuel Antonio Espinosa
Melet y José Sabino Zamora, todos miembros del TSJE. El traidorzuelo, además
del apoyo directo de oficiales de la CIA, cuenta con el sostén de la asesora de
la cancillería istmeña Gina Latoni –de
origen boricua y vinculada a los servicios de inteligencia norteamericanos– de
la cual funge como “consultor”.
Las mismas fuentes
señalan que Gabriel Hernán Pérez es activo participante en reuniones de los ya
citados magistrados Sosa Izaguirre, Espinoza Melet y Zamora del TSJE, Capítulo
Panamá, dedicándose a realizar un descarado fraude virtual al signar
declaraciones de una supuesta TSJ “real”: analizan inventadas denuncias sobre
DDHH, dictan resoluciones y sentencias, propagan y dan supuestas legalidad a
rumores y manipulaciones, como parte de la guerra mediática anti bolivariana.
Esta actividad cuenta con la estructura del TSJE en América Latina y USA –seis
magistrados en Chile, 8 magistrados en Colombia, tres magistrados en Panamá y
doce de ellos en EEUU–, facilitando la conspiración encabezada por Sosa
Izaguirre quien se ha convertido en viajero frecuente a Estados Unidos y, particularmente,
a Miami, donde reciben instrucciones sobre cómo proceder.
No cabe la menor de
las dudas de que Gabriel Hernán Pérez cumple hoy funciones diseñadas por la
estación de la CIA en Panamá, bajo la tutela de la cancillería panameña. Estos
implicados no podrán negar estas acusaciones.
