El día 21 de diciembre de 2013 el diario Washington Post publicó un
informe acerca de la más reciente acción encubierta de la CIA, la NSA y
el Pentágono, es decir, de los Estados Unidos de América, en el
conflicto armado interno colombiano, la cual envuelve decisiones y
autorizaciones de por lo menos los tres últimos gobiernos de ese país.
Interesante revelación, que pone de presente ante los ojos de muchos
incrédulos, cómo los intereses representados por los gobiernos de
Estados Unidos son uno de los principales detonantes y animadores de la
larga guerra que soportamos los colombianos. Estudios más ambiciosos
podrían fácilmente comprobar que lo mismo ha ocurrido desde los tiempos
de la Operación Marquetalia, en 1964, algo que se reconoce públicamente
en Colombia, pero que a la hora de examinar la naturaleza del conflicto
se evade con irresponsabilidad asombrosa.
Según el informe, el programa de acción encubierta ha ayudado al
Ejército colombiano a matar al menos a dos docenas de líderes rebeldes,
de acuerdo con entrevistas realizadas a más de 30 funcionarios retirados
y en ejercicio de Estados Unidos y de Colombia, al tiempo que ha
envuelto operaciones de espionaje electrónico y escuchas por parte de la
Agencia Nacional de Seguridad, operaciones todas financiadas con un
presupuesto secreto de miles de millones de dólares, distintos a los
nueve mil millones de ayuda contemplados en el Plan Colombia.
Mientras el Presidente Santos, de acuerdo con el mismo informe, trató
de restar importancia al tema al ser entrevistado al respecto por el
diario norteamericano, su ministro Pinzón no tuvo el menor reparo en
salir a los medios a reconocerlo y endulzarlo como parte de los
tradicionales acuerdos militares entre los dos países. Está claro que
ninguno de los dos siente el menor aprecio por la soberanía colombiana,
puesto que sobre su ánimo pesan más las imposiciones gringas en materia
de drogas y terrorismo que cualquier consideración de tipo nacional. De
los generales y almirantes colombianos ni hablar, sus rodillas están
encallecidas por causa de tan prolongado arrodillamiento.
No es que no se supiera o no se tuviera idea de ello, pero algo queda
más claro con el informe del periódico estadounidense. Por ejemplo, que
tiene toda razón el columnista Oscar Collazos cuando sugiere que la
mayor contradicción que anima el debate entre los últimos presidentes
colombianos, estriba en demostrar cuál de ellos se ha encargado de matar
a un número más alto de sus compatriotas. Debate que además es
reproducido con evidente interés por los medios colombianos, siempre tan
proclives a publicitar y engrandecer lo que tan nefandos personajes
llaman crímenes de las guerrillas. O que se pueda ahora parodiar a la
senadora Piedad Córdoba cuando afirmó que Colombia era una inmensa fosa
común, diciendo que con el consentimiento de los últimos
gobiernos,Colombia es víctima de la más descarada e impune de las
chuzadas por cuenta de los servicios de inteligencia de una potencia
extranjera.
Del mismo modo, el citado informe incluye revelaciones que producen escalofríos. Al reseñar que según el Presidente Santos “parte
de la experiencia y de la eficiencia de nuestras operaciones y nuestras
operaciones especiales han sido el producto de un mejor entrenamiento y
conocimiento que hemos adquirido de muchos países, entre ellos los
Estados Unidos”, avala lo que el informe precisa en torno al
traslado de la experiencia norteamericana en Afganistán y el combate a
Al Qaeda al conflicto colombiano, es decir los procedimientos de
inteligencia que incluyen los sobornos, las capturas ilegales, los
desaparecimientos, las torturas y las presiones ilegales contra personas
de quienes se espera conseguir información.
De donde se desprende que la actual degradación de los métodos
empleados por las fuerzas militares, policiales y de seguridad
colombianas tienen origen en la instrucción y asesoría brindada por los
norteamericanos. El gobierno de Juan Manuel Santos es conocedor de los
secuestros, chantajes, amenazas de muerte y atentados empleados por la
inteligencia colombiana en su afán por conseguir, mediante las familias
de los mandos y combatientes guerrilleros, la ubicación de estos con el
objetivo de asesinarlos, métodos de los que no se han escapado ni
siquiera los familiares de los integrantes por parte de las FARC-EP en
la Mesa de La Habana.Como conoce bien, por sus tiempos como ministro de
defensa de Álvaro Uribe, la verdadera trama de la inteligencia militar
que condujo al espantoso asesinato y mutilación del camarada Iván Ríos.
Tampoco pueden escapar al análisis del informe, las interpretaciones
unilaterales e interesadas de las leyes internacionales por parte de los
sucesivos gobiernos estadounidenses, actitud ante la cual la dirigencia
colombiana se inclina de manera sumisa. Bastó con que el señor Reagan
autorizara las intervenciones militares de su país en cualquier nación
bajo la excusa del combate al narcotráfico, o que el señor Clinton las
autorizara para garantizar a su país control de los recursos
estratégicos ubicados en cualquier lugar del mundo, o que el señor Bush
obrara de igual manera con el pretexto de prevenir lo que su gobierno
calificara de amenaza terrorista, para que las nociones de
independencia, soberanía y auto determinación delos pueblos pasaran al
museo de la historia, al lado de los cadáveres de los derechos
fundamentales de la persona humana.
Sólo tan descarado reinado de la arbitrariedad nacida de la fuerza
bruta permite explicar, como lo corrobora el informe, la agresión de las
fuerzas militares colombianas contra la soberanía del Ecuador el 1 de
marzo de 2008, así como los sucesivos asesinatos a traiciónde
comandantes guerrilleros colombianos por fuera del combate, mediante el
empleo de las cínicamente llamadas bombas inteligentes o el accionar de
las fuerzas especiales. El informe revela los esfuerzos de la CIA y el
Pentágono por obtener las repudiables y solitarias interpretaciones
jurídicas mediante las cuales se perpetran todos estos crímenes, al
tiempo que deja al descubierto la perversidad de las academias
norteamericanas de leyes en que se cuecen todas esas novísimas teorías
legales, que se encargan de legitimar el terror como método respetable
de actuación política.
Es seguro que estudiosos más sesudos podrán extraer muchas más
implicaciones del mencionado informe, pero además de lo dicho cabe
preguntarse a estas alturas, cuando se aproxima en La Habana la
discusión sobre el tema de los cultivos de uso ilícito, cuál es el
verdadero papel que esta oligarquía vendepatria concede en realidad a la
Mesa de Diálogos y el Proceso de Paz con las FARC-EP, o a una eventual
Mesa con el ELN, cuando está expuesta ante la opinión nacional e
internacional la suma de intereses que impulsan la profundización del
conflicto armado en nuestro país. Cuántas dudas deja sembradasel informe
comentado sobre la voluntad de paz del Estado colombiano y su amo
imperial. Lo cual nos reafirma en la idea de que una verdadera paz en
nuestro país sólo puede ser conseguida con la participación masiva y
decidida de los millones de colombianos víctimas de este régimen, que
acaban de sufrir una burla más con el ridículo aumento del salario
mínimo legal, mientras crece geométricamente el presupuesto militar para
aplastar su inconformidad.
SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP
Montañas de Colombia, enero de 2014, año del 50 aniversario de nuestro alzamiento.
