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miércoles, 28 de mayo de 2014

Chevron: 50 años de impunidad tras contaminar zonas con gran biodiversidad

Chevron: 50 años de impunidad tras contaminar zonas con gran biodiversidad

Coincidiendo con la Asamblea General de Accionistas de la petrolera estadounidense Chevron, cientos de entidades de todo el mundo han convocado actos para rechazar las prácticas dañinas para el medioambiente de la compañía.

Este miércoles, en la localidad de Midland, Texas, se reúnen los accionistas de la segunda petrolera de EE.UU. y una de las más poderosas del planeta, por lo que diferentes organizaciones de los países afectados por sus actividades hicieron un llamamiento público para denunciar las acciones de la multinacional.

Uno de los principales afectados es Ecuador, donde en 1964 la petrolera estadounidense Texaco, que más tarde sería absorbida por Chevron, firmó con el gobierno de turno un contrato de concesión para la extracción de petróleo en la Amazonía de ese país.


Empezaba así uno de los peores desastres medioambientales de la historia debido a las malas prácticas extractivas empleadas por la compañía, que por consiguiente afectaron al ecosistema, a las personas, a las especies; alteraron tanto el medioambiente que hasta obligaron a desplazarse a poblaciones indígenas de sus territorios ancestrales.

En 1992 la petrolera salió del país dejando contaminada una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta e ignorando las responsabilidades frente a las comunidades afectadas por sus actividades.


Durante los casi 30 años que duró la concesión, Texaco (Chevron) perforó y operó 356 pozos de petróleo en la Amazonía ecuatoriana, abriendo para ello unas 1.000 fosas, sin ningún tipo de recubrimiento o material que impidiera que se filtraran los residuos de crudo que en ellas se arrojaban con el afán de disminuir sus costos de producción.

Se calcula que se vertieron aproximadamente 80.000 toneladas de residuos tóxicos en un área de unas 500.000 hectáreas, por lo que este desastre petrolero ha sido calificado por algunas organizaciones ecologistas como "el peor de la historia".


Además, se estima que esta contaminación se ha cobrado al menos 1.400 vidas en la región, por enfermedades derivadas de los vertidos. Muchos indígenas y agricultores siguen afectados por las secuelas, que incluyen malformaciones de nacimiento y distintos tipos de cáncer.

Los habitantes de las zonas afectadas iniciaron en 1993 el primer juicio en un tribunal de Nueva York contra la multinacional, pero esta presionó para que la jurisdicción pasara a Ecuador, donde el sistema judicial era "perfecto para procesar este litigio".


No obstante, tras varios años de batalla judicial, en 2011, una corte de la nación sudamericana condenó a la petrolera a pagar 19.000 millones de dólares de indemnización por daños ambientales, sociales y culturales, y más tarde la sentencia fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, pero se rebajó la suma a 9.500 millones de dólares.

Sin embargo, la compañía se ha negado a pagar la indemnización y denunció como fraudulento ese juicio ante un tribunal de Nueva York, donde los jueces, en un proceso poco transparente, decretaron en marzo pasado que la sentencia dictada en el país andino se "obtuvo a través de medios corruptos".


De acuerdo con documentos filtrados por WikiLeaks, Chevron incluso pidió a la Embajada de EE.UU. en Quito que presionara al Gobierno ecuatoriano para frenar la demanda en su contra interpuesta por los damnificados.

La compañía también afirmó que no es responsable por el daño ambiental en la selva Amazónica y que se debe solicitar el monto de la condena al Gobierno ecuatoriano, ya que en 1998 "el Estado la liberó de sus responsabilidades".


Chevron también ha llevado al Estado latinoamericano al Tribunal Arbitral de La Haya para intentar obligar a que sea Ecuador quien asuma la millonaria condena. El Gobierno ecuatoriano ha denunciado que el juicio no es entre el Estado y la transnacional, sino entre entidades privadas, lo cual "no es materia de arbitraje". Sin embargo, la corte se declaró competente para tratar el caso.

El juicio contra Chevron es considerado uno de los más paradigmáticos procesos sobre derechos humanos y ambientales, por ello cientos de entidades de varios países se han sumado a esta lucha para rechazar las prácticas dañinas para el medioambiente y para la integridad de su población, llevadas a cabo por la compañía norteamericana. 
 
Rusia Today

viernes, 23 de mayo de 2014

Microsoft gana al FBI

microsoft_logo

Buen golpe el que acaba de dar Microsoft a las pretensiones de las agencias del gobierno de los EEUU para conseguir los datos de sus usuarios. Recordemos que Microsoft, junto con muchas otras compañías dedicadas al negocio de Internet, formaron parte de la polémica recolección de datos de la NSA, y según algunas informaciones, con conocimiento de causa. Por eso todos los que aparecieron en los documentos filtrados desde entonces se han centrado en quitarse de encima cualquier sospecha que pudiera haber de que colaboran con el espionaje de sus usuarios.

Peticiones de datos polémicas

Parece que Microsoft quiere hacerlo retando públicamente a las agencias gubernamentales, esperando que la presión social les obligue a abandonar esta política; por el momento se ha hecho con una pequeña gran victoria, al conseguir la retirada de una petición de datos de un usuario empresarial por parte del FBI. La petición incluía una cláusula que obligaba a Microsoft a no decir nada al usuario afectado, e iba en contra de la política de transparencia de la compañía.

Microsoft decidió ir a un juzgado federal para evitar cumplir esa cláusula, alegando que afectaba a su derecho constitucional de libertad de expresión; ante este movimiento, el FBI decidió retirar la petición. Esto es importante, porque puede mostrar el camino a otras compañías mas pequeñas que estén inseguras de qué hacer ante una petición similar.

Irónicamente, al final el FBI consiguió la información que buscaba de manera legal, pero directamente a través del propio usuario. Sin embargo esta pelea no era tanto sobre el hecho de compartir información con las autoridades, sino de avisar a los usuarios afectados y en ese sentido se puede catalogar como una victoria.

Adrian Raya



Tomado de  http://www.omicrono.com

viernes, 5 de abril de 2013

Google contra Estados Unidos: No darán datos ni al Gobierno ni al FBI

Google

Google ha presentado una petición muy poco común para contrarrestar una carta de seguridad nacional de Estados Unidos emitida por el gobierno central para poder obtener información privada de los usuarios del gigante de Internet.

El recurso legal fue presentado en la corte del distrito del Norte de California el 29 de Marzo pocos días después de que en el Juzgado del Distrito del Norte de California empezara a llevar un caso entregado por una desconocida compañia y la ‘Electronic Frontier Foundation‘ que dice que las Cartas de Seguridad Nacional (NSL por sus siglas en ingles) vienen con la orden de que las identidades de su emisor y receptor son privados y que no se pueden publicar sin una orden judicial.

La compañia de identidad desconocida y la ‘Electronic Frontier Foundation‘ pretendían conocer los datos de los usuarios que usaban el servicio de correo estatal de los Estados Unidos, con lo que Google no esta de acuerdo. Esto fue ratificado en Marzo 14 por la Juez del Distrito Susan Illston y mas aun ordeno reforzar los controles para mantener esas identidades secreteas y protegidas y también ordenó endurecer las penas a quienes trataran de descubrir esos datos. Aun con todo esto la corte permitió un plazo de 90 días al gobierno central para poder apelar esta decisión en el Noveno Circuito de Cortes de Apelaciones.
La peticion presentada por Google fue de hecho asignada a la juez Illston.

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Desde el año 2000 el gobierno de los Estados Unidos ha puesto en trafico 300.000 de estas Cartas de Seguridad Nacional y según varios grupos de derechos civiles solo 4 o 5 personas que aparecen en estas cartas nombradas han podido hacer algo para que las ordenes en estas cartas sean omitidas por invasión a la privacidad. El que el gobierno pueda obtener los datos de esas cartas le da un poder sin limites para poder espiar a las personas, el gobierno alega que es una herramienta fundamental en la lucha contra el terrorismo y las amenazas a la seguridad nacional.

Google en el pasado ha publicado la información de esas cartas pero solo despues de de largas negociaciones con el gobierno federal y con la condición de que solo publicaria el numero de veces que la cartas han sido enviadas a sus receptores. En un informe se indica que por Google habían pasado un rango de 0 a 999 Cartas de Seguridad Nacional entre el 2009 y el 2012, pero según el gobierno este numero no era muy útil y esto motivó al gobierno a buscar esa información, sobre todo después de los ataques del 9/11.

Google no ha presentado solo esta petición lo ha hecho con esas 4 o 5 personas que pudieron omitir las ordenes de las cartas, también se han unido organizaciones de derechos civiles.

Las cartas se han usado durante décadas bajo una ley llamada Ley Patriota’ donde muchas de estas cartas contienen demandas del FBI hacia proveedores de Internet, bancos, entidades publicas y otros a entregar datos privados como números de teléfono, correos electronicos, direcciones residenciales y de oficinas, así como también paginas web visitas y mas bajo el argumento de ser información vital para resguardar la seguridad nacional.

Las cartas son una fuerte herramienta para el FBI pues su ejecución no requiere de orden judicial, y permite libremente obtener información muy privada de las personas mencionadas, y también es de inmediato cumplimiento para quienes la información es requerida.

La falta de reglamento sobre estas cartas siempre fue motivo para que en algún momento se pudiera ejercer abuso de autoridad, de hecho en 2007 un Inspector General del Departamento de Justicia en una auditoria hecha al FBI encontró un mal uso a estas cartas, por ejemplo en un caso después del 9/11 un agente del FBI soborno a empleados de AT&T con mejores puestos a cambio de información de registros telefónicos de muchos usuarios del sistema de comunicaciones.

El problema también está en que muchas empresas han recibido estas cartas y de hecho pudiendo presentar peticiones a la corte pidiendo que se modifique o anule la orden en dicha carta, el proceso es lento y costoso y no muchas empresas se pueden dar el lujo de esos gastos y no ven mas remedio que cumplir con las ordenes, como resultado muy pocas peticiones de anulaciones han podido ser envidas.

El fallo del mes pasado de la juez Illston se produjo después de que un anónimo de telecomunicaciones presentara una de esas peticiones contra la Ley de Seguridad Nacional que recibió. A pesar de que la empresa de telecomunicaciones operaba en su derecho de impugnar el documento, el Departamento de Justicia demandó a la empresa, argumentando en documentos judiciales que la empresa estaba violando la ley al desafiar la autoridad del gobierno. En su fallo, la juez Illston dijo que las disposiciones de confidencialidad de las cartas estaban violando los derechos de la Primera Enmienda de la libertad de expresión y asociación.

También dijo que el proceso de revisión para impugnar la orden violaba la separación de poderes. Debido a las disposiciones de orden de privacidad no se puede separar del resto de la ley, Illston dictaminó que la ley era inconstitucional.

Chris Gaither, un portavoz de Google, declinó hacer comentarios sobre la presentación. Chris Allen, portavoz del FBI en Washington, también declinó hacer comentarios.

Así pues, a pesar de las criticas que se le hacen a Google por el uso de los datos privados de los usuario dentro de su plataforma, con este complicado caso legal se demuestra que si se preocupan por la protección de la privacidad aun en casos como el del FBI, solo queda esperar en que queda la petición de Google y que acciones tomara el el gobierno pues no se ve que esto termine pronto.

Iván Darío Posada Suárez

Tomado de  http://www.omicrono.com


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