Estas
anormalidades estadísticas ocurridas el 7-O tienen una misma explicación: el cambio
de candidatura de una organización que apoyaba a Capriles y lo sustituyó
(recuérdese el «fenómeno» Reyna Sequera, candidata que obtuvo el 7-O casi 71
mil votos, de los cuales 66 mil correspondieron a una tarjeta que inicialmente
apoyaba a Capriles), y las anulaciones del apoyo de otras tres organizaciones
al candidato de la oposición. En todos los casos, estos cambios fueron hechos a
última hora y no quedaron reflejados en la boleta electoral que ya estaba
impresa.
En
consecuencia, a Capriles no se le contabilizaron en 2012 unos 230 mil votos que
fueron emitidos en su favor por los electores, pero usando alguna de las
tarjetas que habían cambiado de candidato o anulado su postulación, y sin
embargo tenían su foto impresa en la boleta.
Obsérvese que el 14-A la oposición
participó bajo una denominación única (MUD), con lo que se eliminó la
posibilidad de que ocurrieran de nuevo estas situaciones. Así que el
crecimiento de la oposición de 2012 a 2013 no fue de 770 mil votos sino de
alrededor de 540 mil votos, seguramente procedentes en su mayoría de la porción
del electorado que se había abstenido el 7-O.
¿«Voto
castigo»?
El
resultado final del 14-A adjudica al Presidente Maduro más de 7 millones 586
mil votos, lo que representa una reducción con respecto al 7-O de unos 605 mil
votos, que muy probablemente se abstuvieron en esta oportunidad. Obsérvense los
siguientes hechos:
La
votación por el PSUV, principal partido de la alianza que impulsa el proceso de
cambios, sufrió apenas una leve disminución en términos proporcionales con
respecto al 7-O (-3,0%, unos 194 mil votos), y el grueso de la disminución del
voto de la alianza fue sufrido por el resto de los partidos de la misma. En
términos proporcionales, los partidos que más sufrieron fueron IPCN (-64,2% de
su votación del 7-O, unos 45 mil votos menos), PRT (-61,5%, 36 mil votos
menos), REDES (-52,4%, 104 mil votos), MEP (-49,9%, 93 mil votos), PPT (-46,6%,
103 mil votos) y PCV (-42,1% de su votación del 7-O, unos 206 mil votos menos).
La
argumentación del «voto castigo» se sustenta en la insatisfacción popular ante
las graves deficiencias de la gestión gubernamental, los efectos de la
devaluación, las deficiencias del servicio eléctrico, la escasez de bienes de
consumo, el auge de la delincuencia y el repunte de la inflación. Pero esto
plantea un problema estadístico: si los resultados de la alianza del proceso se
debieran simplemente al llamado «voto castigo», entonces ese castigo, bajo
condiciones ceteris paribus («con las demás variables
inalteradas») se habría repartido proporcionalmente entre todos los partidos de
la alianza y a cada cual le habría tocado una alícuota directamente
proporcional a su peso relativo en el total de la alianza.
Sin
embargo esto no fue así. Hasta el 14-A, el PSUV representaba el 78% de la
alianza, por lo que lo estadísticamente esperable era que este partido
recibiera el 78% del «castigo» y hubiera perdido 472 mil votos. De igual
manera, el PCV (que representaba 6,0% de la alianza), debería haber perdido
sólo 36 mil votos; y, siguiendo con la misma lógica, a PPT le correspondía una
reducción de apenas 16 mil votos, a REDES 15 mil, a MEP 14 mil, a IPCN 5 mil y
a PRT 4 mil. El hecho de que la reducción del voto de la alianza no se haya
distribuido proporcionalmente entre los partidos que la componen y que el
principal componente de la alianza haya sido el menos «castigado» por el
electorado, debilita la hipótesis del «voto castigo».
Tiene
que haber habido, por lo tanto, otros factores que entraron en juego y explican
los resultados de la alianza. Es probable, por ejemplo, que haya ocurrido el
fenómeno de la «abstención castigo», que ya se hizo presente con fuerza en 2007
y contribuyó a la derrota electoral del denominado «chavismo» en el referendo
por la reforma constitucional.
La
relativamente pequeña disminución de la votación del PSUV, también debilita la
hipótesis de la deserción o fragmentación intencional de los votantes de esta
organización por supuestas tensiones o divisiones internas. Todo indica que la
reacción emotiva de los votantes del PSUV ante la muerte del Presidente Chávez,
unificó temporalmente a este partido y lo protegió de un mayor descalabro. Es
posible sin embargo que algunas de las tensiones intra-PSUV se hayan drenado
hacia Tupamaro (77 mil votos más que el 7-O), como podría haber ocurrido
también en las elecciones parlamentarias de 2010.
La
votación del PCV
El
PCV sufrió una significativa reducción de su votación: de casi 490 mil votos el
7-O a unos 284 mil el 14-A. Esta reducción, aunque sensible, no era enteramente
inesperada ni debe alarmarnos en exceso; ya nuestro Buró Político, en su
reunión del 8 de octubre, y el XI Pleno del Comité Central –realizado menos de
dos semanas más tarde–, advirtieron que esos 490 mil votos no eran «nuestros»,
sino que representaban la voluntad de diferentes corrientes del movimiento
obrero y popular, de amplios sectores clasistas, críticos, propositivos,
autónomos y revolucionarios, que están a favor de la profundización del
proceso, su depuración y orientación consecuente hacia el socialismo. Una parte
de estas corrientes que expresaron sus aspiraciones y su disconformidad el año
pasado a través de nuestra tarjeta, no lo hicieron el 14-A, pero seguramente
volverán a hacerlo en el futuro. No obstante, es nuestra obligación profundizar
en las causas de esa notable reducción de nuestro caudal electoral.
La
hipótesis del «voto castigo» es todavía menos adecuada para explicar la
reducción de la votación del PCV, que para la del resto de la alianza. No tiene
sentido suponer que el partido que ha estado menos asociado con la gestión de
gobierno, haya sido uno de los más «castigados» por la reacción popular ante
esa gestión.
Obsérvese
que, como lo apuntaban el Buró Político y el Comité Central en octubre, uno de
los componentes importantes de nuestra votación proviene habitualmente de las
corrientes clasistas del movimiento obrero. Esto fue particularmente cierto en
2012, como resultado de la larga ofensiva liderizada por el PCV en pro de una
nueva y revolucionaria Ley Orgánica del Trabajo (LOT) y en pro de la aprobación
de la Ley de los Consejos de Trabajadores y Trabajadoras. En los más de tres
años que duró esa campaña, el PCV, especialmente a través de la Corriente Clasista
de Trabajadores «Cruz Villegas», forjó lazos estrechos de colaboración y apoyo
mutuo con los sectores más avanzados y organizados de la clase trabajadora, lo
que tuvo expresión electoral concreta el 7-O.
Pero
en los meses que transcurrieron entre ambas elecciones presidenciales, esa
relación se hizo algo menos estrecha, en parte porque ya se había logrado la
reforma de la LOT, pese a todas sus deficiencias, y en parte porque los
acontecimientos nacionales (tres procesos electorales en seis meses, la enfermedad
y muerte del Presidente Chávez, la devaluación y sus efectos) distrajeron el
foco de atención del movimiento obrero y modificaron sus prioridades, lo que
incidió en la política del PCV.
El
sindicalismo clasista y la «abstención castigo»
Asimismo,
debe tomarse en cuenta la tensión que existe entre los sectores más avanzados
del movimiento obrero-sindical y el gobierno, en vista de los numerosos
conflictos laborales que se han venido suscitando en los últimos años, y la
insatisfactoria respuesta que ha dado el gobierno a estas situaciones, ya en
calidad de patrono en los diferentes entes y empresas del Estado, o ya en
calidad de rector y árbitro de la relación laboral desde las Inspectorías y
otras dependencias del Ministerio del Trabajo (Mintrass). Los numerosos casos
de acoso y hostigamiento contra los Consejos de Trabajadores, obstaculización
de la formalización de sindicatos en proceso de constitución, demora y
renuencia en la discusión y firma de contratos y convenciones colectivas,
despido injustificado, y maltrato laboral generalizado en que ha incurrido el
gobierno, tanto en su condición de parte patronal como desde el Mintrass, han
creado un clima de molestia entre los trabajadores organizados.
Y a
ello hay que agregar los ataques orquestados en los dos últimos años desde el
gobierno y desde el PSUV contra la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE), en
el proceso de constitución de la llamada Central Bolivariana Socialista de
Trabajadores (CBST), organización de carácter patronal, dependiente y sumisa al
gobierno, que ha causado serios daños a la ya frágil unidad del movimiento
obrero-sindical. No es casual que UNETE, que había hecho campaña activamente a
favor de la reelección del Presidente Chávez en octubre, se haya inhibido de
participar en la campaña por la elección del hoy Presidente Maduro, a quien
además muchos identifican como uno de los dirigentes fundamentales del sector
que desató esa campaña de ataques contra UNETE y el sindicalismo clasista
autónomo.
No
nos cabe duda de que, con la inhibición de UNETE, en cuyo seno desarrolla su
actividad la Corriente Clasista de Trabajadores «Cruz Villegas», y el malestar
generalizado entre los sectores más conscientes y avanzados del movimiento
obrero-sindical, el PCV dejó de recibir el 14-A decenas de miles de votos que
nos habían acompañado en la anterior elección presidencial y que en esta
oportunidad pasaron a engrosar las filas de la «abstención castigo».
