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sábado, 21 de junio de 2014

DIARIO JUDIO EN EEUU PIDE CANJE DE PRESOS



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Un artículo firmado por Armstrong T. Fulton, ex asesor principal del Presidente del Comité de relaciones exteriores del Senado y ex oficial de Inteligencia Nacional de Estados Unidos para América Latina, publicado el 16 de junio en el diario judío de Nueva York “Forward”

(Adelante) se pronuncia contra la política de doble cara de Washington en las gestiones para obtener la liberación del sargento del ejército Bowe Bergdahl, prisionero en Afganistán de las fuerzas del talibán, y la del  mercenario estadounidense Alan Gross, quien lleva 4 años y medio cumpliendo condena en La Habana por probados delitos contra la seguridad del estado cubano.

“Las actividades que Gross estaba realizando en Cuba cuando fue detenido a finales de 2009 fueron instigadas, aprobadas y financiadas íntegramente por el gobierno de Estados Unidos y eran operaciones a las que este país dedica 45 millones de dólares al año como parte de su estrategia para cambiar el régimen de Cuba promovida por la administración Bush.  Washington no puede esconder esa responsabilidad más de lo que podría negar que Bergdahl era un soldado estadounidense”.

A juicio de Fulton, el gobierno cubano arrestó y condenó a Gross por tres razones principales: por su participación en el "programa de promoción de la democracia" que violó la ley cubana (y, como puede verse claramente en los informes de su viaje que enviaba, sabía bien lo que estaba haciendo); porque La Habana quería poner coto a actividades similares a las que Gross realizaba, y porque el gobierno cubano, atendiendo a la retórica del Presidente Obama sobre un "nuevo comienzo" en las relaciones bilaterales, vio una oportunidad para obligar a Washington a un diálogo creíble.

“Con tales acciones la administración Obama rechazó la mano tendida por los cubanos y denigró las leyes cubanas sabiendo bien que un agente del gobierno cubano enfrentaría graves cargos si intentara establecer redes sofisticadas de comunicaciones secretas en Estados Unidos, como lo hacía Gross en Cuba”.

Luego de algunas tímidas reformas iniciales para suavizar los programas de cambio de régimen contra Cuba, Obama cedió a la presión del puñado de legisladores cubano norteamericanos que pretenden que cualquier operación relacionada con Cuba sea tan provocativa y bien financiada como sea posible, considera Fulton.

Así, pese a algunos posibles actos de cuestionable conducta personal, Bergdahl ha podido regresar a casa a cambio de la liberación de cinco peligrosos comandantes del talibán y a Gross le tocó sentarse a esperar, según valoración de Fulton. “¿Cómo es posible que la administración pueda negociar con un grupo como los talibanes y no pueda hacerlo con Cuba, que no plantea amenaza alguna para Estados Unidos?”.

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Por supuesto –dice el ex alto oficial de inteligencia de Estados Unidos-,  hay muchas diferencias entre Bergdahl y Gross. Uno lleva un fotogénico uniforme militar con la bandera de su país en el hombro, el otro una guayabera que necesita planchado. Uno es un suboficial en el ejército de Estados Unidos, el otro un subcontratista civil. Uno trabajaba para terroristas y torturadores conocidos, el otro para un gobierno que no nos gusta pero que tiene a nuestro recluso en una celda de hospital con buena atención médica.

Para Fulton, los argumentos en el Congreso a favor de uno y otro prisionero también han sido radicalmente diferentes: los defensores de  Bergdahl insisten en que los militares nunca deben abandonar a un hombre suyo y que Washington está en el deber de traerlo de regreso a casa. Quienes apoyan a Gross defienden sus actividades secretas, exigen su liberación incondicional y unilateral, enérgicamente instan a incrementar los programas de cambio de régimen para provocar a Cuba y se oponen a las negociaciones. (El senador Patrick Leahy, que considera "locuras" esos programas y sugiere dialogar con los cubanos, es la excepción).

Pero Fulton admite que las similitudes son más importantes: Ambos realizaban operaciones aprobadas por y en nombre del gobierno de Estados Unidos. Ambos sabían del riesgo que corrían como agentes de Estados Unidos y ambos conocían las limitaciones que tendría el gobierno para ayudarles. Ambos aceptaron pagos especiales o subsidios por estos riesgos. Obviamente ambos llevaban a cabo actividades destinadas a socavar la legitimidad y la autoridad de sus captores.

Fulton se pregunta y se responde: “¿Por qué excluir a Gross de este solemne contrato? ¿Porque no era un empleado a tiempo completo del gobierno? ¿Porque algunos en Washington no quieren ver progresos en las relaciones con Cuba? Los cubanos son difíciles y, como a nosotros, les preocupa aparecer débiles. Pero son inteligentes, saben que los intereses de nuestros dos países pueden ser servidos por la negociación y tienen una buena reputación en materia de implementación de los acuerdos”.


Por Manuel E. Yepe



Junio 21 de 2014.

sábado, 17 de mayo de 2014

Intercambio de presos para pacificar las relaciones entre Cuba y EEUU

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Juddy Gross y Olga Salanueva


Alan Gross, agente estadounidense, cumple una pena de prisión de 15 años en Cuba desde 2009. Por otro lado, tres agentes cubanos están encarcelados en Estados Unidos desde 1998. Existe la posibilidad de un intercambio de presos y el caso de Gerardo Hernández, uno de los tres cubanos, condenado a dos cadenas perpetuas, se prestaría particularmente a un acuerdo humanitario. He aquí las razones en 25 puntos.
1. Durante los años 1990, tras el desmoronamiento de la Unión Soviética, el sector radical del exilio cubano basado en Florida multiplicó los atentados contra Cuba, particularmente contra la industria turística -sector vital para la frágil economía cubana- Esos atentados con bombas causaron decenas de víctimas. Ante la impunidad de la que gozaban esos grupúsculos violentos por parte de las autoridades estadounidenses, el Gobierno de La Habana decidió mandar a varios agentes a Estados Unidos para que se infiltraran en esas organizaciones criminales e impidieran la realización de actos potencialmente mortíferos.
2. En junio de 1998, tras reunir las pruebas relativas a las actividades terroristas de 64 exilados de Florida, el Gobierno cubano invitó a La Habana a dos oficiales del FBI para entregarles el informe. En vez de arrestar a los responsables de los actos criminales, el FBI decidió arrestar a los cinco agentes de los servicios de inteligencia infiltrados. Se trata de René González Sehweret, Ramón Labañino Salazar, Fernando González Llort, Antonio Guerrero Rodríguez y Gerardo Hernández Nordelo.
3. Tras un juicio denunciado por muchas instituciones jurídicas por sus numerosas irregularidades, los cinco cubanos ganaron la primera apelación en la Corte de Atlanta. El Tribunal estimó que no tuvieron un juicio justo. Pero el Gobierno de Estados Unidos, a su vez, apeló esa decisión y finalmente los cinco fueron condenados en total a cuatro cadenas perpetuas más 77 años.El 13 de octubre de 2009 el Tribunal de Florida, obligado por la Corte de Apelación de Atlanta a modificar las sentencias de tres de los cinco detenidos, hizo públicas las nuevas condenas. Así, la pena de Antonio Guerrero pasó de cadena perpetua y 10 años a 21 años más 5 años de libertad supervisada. El 8 de diciembre de 2009 la condena de Fernando González pasó de 19 años a 17 años y 9 meses. En cuanto a Ramón Labañino, se rebajó su condena a una cadena perpetua más de 18 años a 30 años de prisión. Fernando González y René González salieron de prisión tras cumplir sus condenas.
4. Gerardo Hernández fue condenado a dos cadenas perpetuas más 15 años por conspiración para cometer un cuádruple asesinato. Se le acusa de estar directamente involucrado en el incidente del 24 de febrero de 1996. Ese día dos avionetas en las que se encontraban cuatro pilotos de la organización terrorista Brothers to the Rescue (BTTR), basada en la Florida, fueron derribados por las fuerzas aéreas cubanas tras violar 25 veces el espacio aéreo cubano en 20 meses.
5. José Basulto, presidente de BTTR, es un antiguo agente de la CIA que participó en la invasión de la Bahía de Cochinos. Está gravemente implicado en el terrorismo contra Cuba. Basulto admitió públicamente en una entrevista televisiva en un canal de Miami haber participado en varios atentados contra Cuba, incluso en el ataque de hotel con bazuca en agosto de 1962.
6. BTTR se fundó en 1991 para auxiliar a los cubanos que intentaban alcanzar la Florida en balsas. En 1994, Washington y La Habana firmaron acuerdos migratorios que permiten otorgar 20.000 visas al año a los cubanos que desean emigrar. Esos acuerdos estipulan también que todo candidato a la emigración encontrado en pleno mar sería automáticamente devuelto a Cuba. A partir de esa fecha, BTTR perdió su razón de ser y empezó entonces a organizar incursiones en el espacio aéreo cubano.
7. Una cronología de los hechos permite entender los principales elementos de esta historia. Durante los meses anteriores al grave incidente del 24 de febrero, las autoridades cubanas advirtieron varias veces a Estados Unidos mediante notas diplomáticas y canales no oficiales de que las reiteradas violaciones de su espacio aéreo constituía una amenaza para la seguridad nacional y que las avionetas corrían el riesgo de ser derribadas. Washington decidió ignorar esas advertencias.
8. Varias veces, las avionetas de BTTR provocaron a las fuerzas armadas cubanas en el espacio aéreo nacional e ignoraron las advertencias sobre el riesgo de ser derribadas. Además de sus incursiones en la capital, BTTR creaba interferencias entre la torre de control de La Habana y los aviones comerciales que despegaban y aterrizaban en el aeropuerto internacional José Martí, poniendo en peligro la vida de miles de pasajeros cubanos y turistas extranjeros.
9. El 13 de julio de 1995, BTTR sobrevoló el centro de la ciudad de La Habana y lanzó 20.000 folletos, incitando a la población a sublevarse contra el Gobierno.
10. Ese mismo día, las autoridades cubanas transmitieron un correo a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos enfatizando el carácter ilegal de las incursiones en el espacio aéreo nacional y las "graves consecuencias" que semejantes actos podían ocasionar si se repitieran, aludiendo a la posibilidad de una respuesta militar.
11. El Gobierno de Estados Unidos, en vez de tomar las medidas necesarias para impedir esas graves violaciones del Derecho Internacional, dio todo el margen necesario para que BTTR multiplicara sus incursiones, a pesar de que rellenó varias veces falsos planes de vuelo que entregó a la Administración Federal de Aviación.
12. Gerardo Hernández no participó en ningún momento en las violaciones del espacio aéreo cubano ni incitó a los miembros de BTTR a que cometieran esos actos ilegales y peligrosos. Gerardo Hernández no disponía del nivel jerárquico necesario en BTTR para impedir esos vuelos. Todo se encontraba bajo el control de José Basulto.
13. El Departamento de Estado emitió varias declaraciones alertando a BTTR de que sus avionetas corrían el riesgo de ser derribadas si persistían en violar el espacio aéreo cubano.
14. En enero de 1996, BTTR lanzó 500.000 folletos sobre La Habana incitando a la población a rebelarse contra el Gobierno. El 15 de enero de 1996, Cuba exigió otra vez que Estados Unidos pusiera fin a las repetidas violaciones de su espacio aéreo.
15. Tras las violaciones del espacio aéreo nacional en enero de 1996, Cuba advirtió a Washington de que en caso de nuevos vuelos las avionetas serían derribadas. La Habana reiteró esas advertencias a todas las personalidades que visitaron la isla entre el 15 de enero de enero y el 23 de febrero de 1996.
16. El 22 de enero de 1996, el Departamento de Estado alertó a la Agencia Federal de Aviación: "Uno de esos días, los cubanos derribarán una de esas avionetas". José Basulto declaró repetidas veces en los medios informativos que era consciente del peligro.
17. En febrero de 1996, las autoridades cubanas enviaron un mensaje a sus agentes en Miami indicándoles que de ninguna manera debían participar en los vuelos de BTTR.
18. El 23 de febrero de 1996, la Agencia Federal de Aviación transmitió una "alerta Cuba" a varias agencias indicando que BTTR había previsto una nueva incursión en el espacio aéreo cubano para el día siguiente. "El Departamento de Estado indicó que sería poco probable que el Gobierno cubano se quedara cruzado de brazos esta vez".
19. El 24 de febrero de 1996, el Gobierno de Estados Unidos advirtió a las autoridades cubanas de que tres avionetas de BTTR acababan de despegar de Miami y que era posible que entraran en el espacio aéreo cubano.
20. Tras varias advertencias, las fuerzas armadas cubanas derribaron dos de las tres avionetas en el espacio aéreo cubano, lo que constituye un acto de autodefensa según el Derecho Internacional. Ningún país del mundo -aún menos Estados Unidos- habría esperado a la violación número 26 de su espacio aéreo por una organización, que lanzaba llamados a la sublevación, para tomar semejante medida.
21. No obstante, Estados Unidos afirma que, según sus datos satelitales, las dos avionetas fueron derribadas en la zona internacional, lo que constituiría un crimen del que se acusa a Gerardo Hernández. La publicación de los datos satelitales permitiría levantar toda ambigüedad al respecto. Ahora bien, desde 1996, Washington se niega a publicar esas informaciones por cuestiones de "seguridad nacional", a pesar de que los abogados de Gerardo Hernández lo han pedido reiteradamente.
22. En ningún momento Hernández estuvo implicado en la decisión de derribar las avionetas que tomaron las autoridades cubanas al más alto nivel.
23. Para condenar a Gerardo Hernández, la fiscalía debía demostrar que existía un proyecto ilegal de derribar las avionetas de BTTR en el espacio aéreo internacional, que Hernández tenía un conocimiento preciso de este proyecto ilegal y que brindó su apoyo a semejante acción. La fiscalía no pudo presentar la menor prueba que demostrase la implicación de Gerardo Hernández en ese incidente. Mejor aún, el fiscal reconoció que "a la luz de las pruebas presentadas en el juicio, esto [probar la implicación de Hernández] constituye un obstáculo insuperable para Estados Unidos".
24. La jueza Phyllis A. Kravitch, de la Corte de Apelación de Atlanta, expresó su punto de vista sobre el caso de Gerardo Hernández: "No es suficiente que el Gobierno simplemente muestre que ocurrió un derribo en el espacio aéreo internacional, el Gobierno debe probar más allá de toda duda razonable que Hernández estuvo de acuerdo con un derribo en el espacio aéreo internacional. [...] El Gobierno no presentó prueba alguna, ni directa ni circunstancial, de que Hernández estuviera de acuerdo con un derribo en el espacio aéreo internacional. En cambio los indicios apuntan hacia una confrontación en el espacio aéreo cubano, lo que niega el requisito de que estuviera de acuerdo en cometer un acto ilícito".
25. Por todas esas razones, Barack Obama debe usar sus prerrogativas como Presidente de Estados Unidos e indultar a los tres agentes cubanos que aún quedan en prisión. Ello tendría como efecto inmediato conseguir la liberación de Alan Gross y de este modo pacificar las relaciones entre Washington y La Habana.

 Por Salim Lamrani

*Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de La Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Cuba. Les médias face au défi de l’impartialité, Paris, Editions Estrella, 2013, con un prólogo de Eduardo Galeano.


Tomado de  http://www.tercerainformacion.es

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