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sábado, 17 de mayo de 2014

Intercambio de presos para pacificar las relaciones entre Cuba y EEUU

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Juddy Gross y Olga Salanueva


Alan Gross, agente estadounidense, cumple una pena de prisión de 15 años en Cuba desde 2009. Por otro lado, tres agentes cubanos están encarcelados en Estados Unidos desde 1998. Existe la posibilidad de un intercambio de presos y el caso de Gerardo Hernández, uno de los tres cubanos, condenado a dos cadenas perpetuas, se prestaría particularmente a un acuerdo humanitario. He aquí las razones en 25 puntos.
1. Durante los años 1990, tras el desmoronamiento de la Unión Soviética, el sector radical del exilio cubano basado en Florida multiplicó los atentados contra Cuba, particularmente contra la industria turística -sector vital para la frágil economía cubana- Esos atentados con bombas causaron decenas de víctimas. Ante la impunidad de la que gozaban esos grupúsculos violentos por parte de las autoridades estadounidenses, el Gobierno de La Habana decidió mandar a varios agentes a Estados Unidos para que se infiltraran en esas organizaciones criminales e impidieran la realización de actos potencialmente mortíferos.
2. En junio de 1998, tras reunir las pruebas relativas a las actividades terroristas de 64 exilados de Florida, el Gobierno cubano invitó a La Habana a dos oficiales del FBI para entregarles el informe. En vez de arrestar a los responsables de los actos criminales, el FBI decidió arrestar a los cinco agentes de los servicios de inteligencia infiltrados. Se trata de René González Sehweret, Ramón Labañino Salazar, Fernando González Llort, Antonio Guerrero Rodríguez y Gerardo Hernández Nordelo.
3. Tras un juicio denunciado por muchas instituciones jurídicas por sus numerosas irregularidades, los cinco cubanos ganaron la primera apelación en la Corte de Atlanta. El Tribunal estimó que no tuvieron un juicio justo. Pero el Gobierno de Estados Unidos, a su vez, apeló esa decisión y finalmente los cinco fueron condenados en total a cuatro cadenas perpetuas más 77 años.El 13 de octubre de 2009 el Tribunal de Florida, obligado por la Corte de Apelación de Atlanta a modificar las sentencias de tres de los cinco detenidos, hizo públicas las nuevas condenas. Así, la pena de Antonio Guerrero pasó de cadena perpetua y 10 años a 21 años más 5 años de libertad supervisada. El 8 de diciembre de 2009 la condena de Fernando González pasó de 19 años a 17 años y 9 meses. En cuanto a Ramón Labañino, se rebajó su condena a una cadena perpetua más de 18 años a 30 años de prisión. Fernando González y René González salieron de prisión tras cumplir sus condenas.
4. Gerardo Hernández fue condenado a dos cadenas perpetuas más 15 años por conspiración para cometer un cuádruple asesinato. Se le acusa de estar directamente involucrado en el incidente del 24 de febrero de 1996. Ese día dos avionetas en las que se encontraban cuatro pilotos de la organización terrorista Brothers to the Rescue (BTTR), basada en la Florida, fueron derribados por las fuerzas aéreas cubanas tras violar 25 veces el espacio aéreo cubano en 20 meses.
5. José Basulto, presidente de BTTR, es un antiguo agente de la CIA que participó en la invasión de la Bahía de Cochinos. Está gravemente implicado en el terrorismo contra Cuba. Basulto admitió públicamente en una entrevista televisiva en un canal de Miami haber participado en varios atentados contra Cuba, incluso en el ataque de hotel con bazuca en agosto de 1962.
6. BTTR se fundó en 1991 para auxiliar a los cubanos que intentaban alcanzar la Florida en balsas. En 1994, Washington y La Habana firmaron acuerdos migratorios que permiten otorgar 20.000 visas al año a los cubanos que desean emigrar. Esos acuerdos estipulan también que todo candidato a la emigración encontrado en pleno mar sería automáticamente devuelto a Cuba. A partir de esa fecha, BTTR perdió su razón de ser y empezó entonces a organizar incursiones en el espacio aéreo cubano.
7. Una cronología de los hechos permite entender los principales elementos de esta historia. Durante los meses anteriores al grave incidente del 24 de febrero, las autoridades cubanas advirtieron varias veces a Estados Unidos mediante notas diplomáticas y canales no oficiales de que las reiteradas violaciones de su espacio aéreo constituía una amenaza para la seguridad nacional y que las avionetas corrían el riesgo de ser derribadas. Washington decidió ignorar esas advertencias.
8. Varias veces, las avionetas de BTTR provocaron a las fuerzas armadas cubanas en el espacio aéreo nacional e ignoraron las advertencias sobre el riesgo de ser derribadas. Además de sus incursiones en la capital, BTTR creaba interferencias entre la torre de control de La Habana y los aviones comerciales que despegaban y aterrizaban en el aeropuerto internacional José Martí, poniendo en peligro la vida de miles de pasajeros cubanos y turistas extranjeros.
9. El 13 de julio de 1995, BTTR sobrevoló el centro de la ciudad de La Habana y lanzó 20.000 folletos, incitando a la población a sublevarse contra el Gobierno.
10. Ese mismo día, las autoridades cubanas transmitieron un correo a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos enfatizando el carácter ilegal de las incursiones en el espacio aéreo nacional y las "graves consecuencias" que semejantes actos podían ocasionar si se repitieran, aludiendo a la posibilidad de una respuesta militar.
11. El Gobierno de Estados Unidos, en vez de tomar las medidas necesarias para impedir esas graves violaciones del Derecho Internacional, dio todo el margen necesario para que BTTR multiplicara sus incursiones, a pesar de que rellenó varias veces falsos planes de vuelo que entregó a la Administración Federal de Aviación.
12. Gerardo Hernández no participó en ningún momento en las violaciones del espacio aéreo cubano ni incitó a los miembros de BTTR a que cometieran esos actos ilegales y peligrosos. Gerardo Hernández no disponía del nivel jerárquico necesario en BTTR para impedir esos vuelos. Todo se encontraba bajo el control de José Basulto.
13. El Departamento de Estado emitió varias declaraciones alertando a BTTR de que sus avionetas corrían el riesgo de ser derribadas si persistían en violar el espacio aéreo cubano.
14. En enero de 1996, BTTR lanzó 500.000 folletos sobre La Habana incitando a la población a rebelarse contra el Gobierno. El 15 de enero de 1996, Cuba exigió otra vez que Estados Unidos pusiera fin a las repetidas violaciones de su espacio aéreo.
15. Tras las violaciones del espacio aéreo nacional en enero de 1996, Cuba advirtió a Washington de que en caso de nuevos vuelos las avionetas serían derribadas. La Habana reiteró esas advertencias a todas las personalidades que visitaron la isla entre el 15 de enero de enero y el 23 de febrero de 1996.
16. El 22 de enero de 1996, el Departamento de Estado alertó a la Agencia Federal de Aviación: "Uno de esos días, los cubanos derribarán una de esas avionetas". José Basulto declaró repetidas veces en los medios informativos que era consciente del peligro.
17. En febrero de 1996, las autoridades cubanas enviaron un mensaje a sus agentes en Miami indicándoles que de ninguna manera debían participar en los vuelos de BTTR.
18. El 23 de febrero de 1996, la Agencia Federal de Aviación transmitió una "alerta Cuba" a varias agencias indicando que BTTR había previsto una nueva incursión en el espacio aéreo cubano para el día siguiente. "El Departamento de Estado indicó que sería poco probable que el Gobierno cubano se quedara cruzado de brazos esta vez".
19. El 24 de febrero de 1996, el Gobierno de Estados Unidos advirtió a las autoridades cubanas de que tres avionetas de BTTR acababan de despegar de Miami y que era posible que entraran en el espacio aéreo cubano.
20. Tras varias advertencias, las fuerzas armadas cubanas derribaron dos de las tres avionetas en el espacio aéreo cubano, lo que constituye un acto de autodefensa según el Derecho Internacional. Ningún país del mundo -aún menos Estados Unidos- habría esperado a la violación número 26 de su espacio aéreo por una organización, que lanzaba llamados a la sublevación, para tomar semejante medida.
21. No obstante, Estados Unidos afirma que, según sus datos satelitales, las dos avionetas fueron derribadas en la zona internacional, lo que constituiría un crimen del que se acusa a Gerardo Hernández. La publicación de los datos satelitales permitiría levantar toda ambigüedad al respecto. Ahora bien, desde 1996, Washington se niega a publicar esas informaciones por cuestiones de "seguridad nacional", a pesar de que los abogados de Gerardo Hernández lo han pedido reiteradamente.
22. En ningún momento Hernández estuvo implicado en la decisión de derribar las avionetas que tomaron las autoridades cubanas al más alto nivel.
23. Para condenar a Gerardo Hernández, la fiscalía debía demostrar que existía un proyecto ilegal de derribar las avionetas de BTTR en el espacio aéreo internacional, que Hernández tenía un conocimiento preciso de este proyecto ilegal y que brindó su apoyo a semejante acción. La fiscalía no pudo presentar la menor prueba que demostrase la implicación de Gerardo Hernández en ese incidente. Mejor aún, el fiscal reconoció que "a la luz de las pruebas presentadas en el juicio, esto [probar la implicación de Hernández] constituye un obstáculo insuperable para Estados Unidos".
24. La jueza Phyllis A. Kravitch, de la Corte de Apelación de Atlanta, expresó su punto de vista sobre el caso de Gerardo Hernández: "No es suficiente que el Gobierno simplemente muestre que ocurrió un derribo en el espacio aéreo internacional, el Gobierno debe probar más allá de toda duda razonable que Hernández estuvo de acuerdo con un derribo en el espacio aéreo internacional. [...] El Gobierno no presentó prueba alguna, ni directa ni circunstancial, de que Hernández estuviera de acuerdo con un derribo en el espacio aéreo internacional. En cambio los indicios apuntan hacia una confrontación en el espacio aéreo cubano, lo que niega el requisito de que estuviera de acuerdo en cometer un acto ilícito".
25. Por todas esas razones, Barack Obama debe usar sus prerrogativas como Presidente de Estados Unidos e indultar a los tres agentes cubanos que aún quedan en prisión. Ello tendría como efecto inmediato conseguir la liberación de Alan Gross y de este modo pacificar las relaciones entre Washington y La Habana.

 Por Salim Lamrani

*Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de La Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Cuba. Les médias face au défi de l’impartialité, Paris, Editions Estrella, 2013, con un prólogo de Eduardo Galeano.


Tomado de  http://www.tercerainformacion.es

viernes, 14 de junio de 2013

Cuba, Estado Unidos y la lucha contra el terrorismo



Estados Unidos acaba de colocar otra vez a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, lo que suscitó la ira de La Habana que rechaza una acusación “arbitraria”.

Desde 1982, Cuba forma parte de la lista de las naciones que patrocinan el terrorismo internacional, que establece el Departamento de Estado, con la aplicación de diversas sanciones como consecuencia. La administración republicana de Ronald Reagan decidió incluir la isla por el apoyo que brindaba a los movimientos revolucionarios de América Latina, particularmente en El Salvador. En aquella época, el gobierno conservador había decidido abandonar la política de acercamiento con La Habana que estableció su predecesor James Carter, el cual estaba a punto de normalizar las relaciones con Cuba. 

En su último informe publicado el 30 de mayo de 2013, Washington justifica el mantenimiento de La Habana en el grupo que incluye a Irán, Siria y Sudán, subrayando que “en el pasado, algunos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estuvieron autorizadas a refugiarse en Cuba”. El informe enfatiza también que “el gobierno cubano sigue protegiendo a fugitivos buscados en Estados Unidos. El gobierno cubano también proporciona apoyos como viviendas, bonos alimentarios y atención médica a esos individuos”. Por fin, el documento alude a la presencia de separatistas vascos en Cuba.1

No obstante, Washington omite resaltar varios elementos fundamentales que destrozan las distintas acusaciones. En cuanto a las FARC, La Habana acogió efectivamente a algunos elementos en el pasado. Pero fue Colombia quien solicitó al gobierno cubano para ello en el marco de negociaciones destinadas a desembocar en un acuerdo de paz. Así, desde noviembre de 2012, Cuba es la sede de negociaciones entre representantes de las FARC y del gobierno colombiano. El informe del Departamento de Estado admite que Cuba “acoge un diálogo de paz” entre la guerrilla y el Estado colombiano, y señala que no hay “ningún indicio de que el gobierno cubano proporcione armas o entrenamiento paramilitar a grupos terroristas”.2

Wayne S. Smith, antiguo embajador estadounidense en Cuba, hizo partícipe de su incomprensión tras la publicación del informe: “El gobierno colombiano, lejos de acusar a Cuba de albergar a guerrilleros, saludó varias veces la contribución de La Habana al proceso de paz”.3

En cuanto a los miembros de ETA, Washington omite señalar también que La Habana sólo respondió a una petición del gobierno español de Felipe González de acoger a unos dirigentes, en el marco de negociaciones de paz con la organización separatista vasca.

Jim McGovern, representante republicano del Estado de Massachussetts, también expresó su desacuerdo con la decisión del Departamento de Estado. “No hay ninguna prueba de que Cuba brinde apoyo a grupos terroristas”, apuntó, recordando que Colombia había saludado a menudo “el papel constructivo” de la isla en la búsqueda de un acuerdo de paz.4 Anthony Quainton, embajador al origen de la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas en 1982, también expresó su desaprobación: “Ha llegado el tiempo de retirar a Cuba de la lista, por nuestros intereses mutuos”. 

Del mismo modo, Patrick Ryan, antiguo embajador estadounidense, autor de los informes sobre el terrorismo entre 2007 y 2009, lanzó un llamado a Washington de poner fin a la estigmatización de La Habana:

“Como antiguo diplomático americano, autor de los informes sobre el terrorismo entre 2007 y 2009 […], visité Cuba varias veces en el marco de mi trabajo. Estoy convencido de que mantener a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo es absurdo y altamente político, particularmente vistas las evidentes omisiones.

¿Dónde está Corea del Norte, que lanzó ataques contra el sur durante los últimos años –y que amenazó recientemente con lanzar un ataque nuclear contra Estados Unidos? […] Ninguna fuente creíble de información afirma que Cuba representa actualmente una amenaza a nuestra seguridad.

Desde hace demasiado tiempo, una pequeña minoría de políticos cubanoamericanos dicta la política exterior de Estados Unidos hacia uno de nuestros vecinos geográficamente más cercanos, y ha utilizado esta lista de países terroristas altamente cuestionable para justificar el mantenimiento de un embargo que data de la Guerra Fría.

Curiosamente, esos miembros del Congreso apoyan la libertad de los cubanos de viajar a Estados Unidos, pero no la libertad de los americanos a viajar a Cuba, y utilizan la justificación del terrorismo para ello.

El hecho de que algunos miembros del grupo separatista vasco ETA se encuentren en la isla con la bendición del gobierno español, que los miembros de las FARC se hallen en Cuba durante las negociaciones de paz apoyadas por el gobierno colombiano y que varios fugitivos de la justicia americana –de hecho ninguno de ellos ha sido acusado de terrorismo– hayan vivido allí exilados desde los años 1979, no son argumentos creíbles para mantener la acusación […].

Es tiempo de adoptar un nuevo enfoque pues nuestra política actual anacrónica ha fracasado estrepitosamente desde hace más de medio siglo”.5

Por su parte, el gobierno de La Habana condenó la instrumentalización de la guerra contra el terrorismo para fines políticos. En una larga declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores respondió a Washington:

“Nuevamente, esta decisión bochornosa ha sido tomada faltando de manera deliberada a la verdad e ignorando el amplio consenso y el reclamo explícito de numerosos sectores de la sociedad estadounidense y de la comunidad internacional para que se ponga fin a esa injusticia.

El único propósito de este ejercicio desprestigiado contra Cuba es intentar justificar el mantenimiento del bloqueo, una política fracasada que el mundo entero condena.

El Gobierno de los Estados Unidos insiste en mantener esta designación arbitraria y unilateral, a pesar del desplome total de las acusaciones ridículas y de los argumentos endebles que tradicionalmente ha utilizado en los últimos años como excusas para ello […].

El territorio de Cuba nunca ha sido utilizado y nunca se usará para cobijar a terroristas de ningún origen, ni para organizar, financiar o perpetrar actos de terrorismo contra ningún país del mundo, incluyendo los Estados Unidos. El Gobierno cubano rechaza y condena inequívocamente todo acto de terrorismo, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia y cualesquiera que sean las motivaciones que se aleguen.

Por el contrario, el Gobierno de los Estados Unidos emplea el terrorismo de Estado como un arma contra países que desafían sus intereses, causando muertes en la población civil. Ha usado aviones no tripulados para perpetrar ejecuciones extrajudiciales de supuestos terroristas, incluso estadounidenses, resultado de lo cual han muerto cientos de civiles inocentes.6

El gobierno también acusa a Washington de albergar a terroristas de origen cubano responsables de varias centenas de asesinatos, algo que Estados Unidos no niega. Desde 1959, el terrorismo procedente de Estados Unidos costó la vida a 3.478 cubanos y 2.099 incapacitados. El caso más emblemático es el de Luis Posada Carriles. Antiguo policía bajo el régimen dictatorial de Fulgencio Batista, Posada fue reclutado por la CIA en 1961 y se volvió un experto en explosivos. Es responsable de más de un centenar de asesinatos, entre ellos el atentado del 6 de octubre de 1976 que provocó la explosión en pleno vuelo de un avión civil en Barbados, ocasionando la muerte de 73 personas, entre ellas todo el equipo juvenil de esgrima que acababa de ganar los juegos panamericanos. También es autor de la ola de atentados terroristas que golpeó la industria turística cubana entre abril y septiembre de 1997 que costó la vida al ciudadano italiano Fabio di Celmo y que hizo decenas de víctimas.7

No hay ninguna duda de la culpabilidad de Luis Posada Carriles. En efecto, los informes del FBI y de la CIA son explícitos al respecto: “Posada y Bosch orquestaron el atentado contra el avión”.8 Del mismo modo, en su autobiografía Los caminos del guerrero, reivindica abiertamente su trayectoria terrorista. Además, el 12 de julio de 1998, Posada Carriles concedió una entrevista al New York Times en la cual se vanagloriaba de ser la persona que más atentados realizó contra Cuba, reivindicando la paternidad intelectual de los atentados de 1997. Según él, el turista italiano “se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado”.9

Frente al recrudecimiento de los atentados en los años 1990, Cuba infiltró a varios de agentes en Florida para impedir la realización de los proyectos terroristas de grupúsculos de extrema derecha de origen cubano. Tras reunir un voluminoso informe sobre 64 personas implicadas en actos violentos contra la isla, La Habana transmitió la información al FBI. En vez de proceder al arresto de los individuos que pertenecían a organizaciones criminales, Washington arrestó a los cinco agentes infiltrados en el exilio cubano y los condenó a penas de prisión que van de 15 años a cadena perpetua, durante un juicio que denunciaron Amnistía Internacional, las Naciones Unidas y no menos de diez Premios Nobel.10

La instrumentalización para fines políticos de un tema tan grave como el terrorismo perjudica la credibilidad del Departamento de Estado, acusado de cálculo e hipocresía. Por un lado, Washington afirma que lleva una guerra contra el terrorismo, y del otro ofrece la protección a criminales como Luis Posada Carriles y sanciona a cinco agentes cubanos cuyo papel era impedir la realización de atentados contra Cuba. En nombre de la guerra económica e ideológica que Washington lleva contra La Habana desde hace más de medio siglo, Estados Unidos no vacila en ubicar en la lista de países terroristas a una nación cuya principal característica es ser una víctima del terrorismo desde hace cincuenta años.

Salim Lamrani

1 Unites States Department of State, «Country Reports on Terrorism 2013», mayo de 2013. http://www.state. gov/documents/ organization/ 210204.pdf (sitio consultado el 2 de junio de 2013). 
2 Ibid.
3 Latin American Herald Tribune, «U.S. Urged to Drop Cuba from Terror List», 8 de marzo de 2013.
4 Ibid. 
5 Patrick Ryan, «Former U.S. Diplomat Patrick Ryan: Time to Drop Cuba from Terror List», The Hill, 30 de abril de 2013. http://thehill.com/blogs/global-affairs/guest-commentary/296867-former-us-diplomat-patrick-ryan-#ixzz2SnlLc3RR (sitio consultado el 2 de junio de 2013). 
6 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, «Cuba no reconoce al Gobierno de EE.UU. la más mínima autoridad moral para juzgarlo», Cubadebate, 30 de mayo de 2013.
7[1] Salim Lamrani, Cuba, ce que les médias ne vous diront jamais, Paris, Estrella, 2009, p. 135-154. 
8 Federal Bureau of Investigation, «Suspected Bombing of Cubana Airlines DC-8 Near barbados, West Indies, October 6, 1976», 7 de octubre de 1976, Luis Posada Carriles, the Declassified Record, The National Security Archive, George Washington University. http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB153/19761008.pdf (sitio consultado el 3 de junio de 2013).
9 Ann Louise Bardach & Larry Rohter, «Key Cuba Foe Claims Exiles' Backing», New York Times,12 de ulio de 1998.
10[1] Salim Lamrani, op. cit.

*Salim Lamrani, Dr., Profesor universitario, investigador, escritor, especialista en relaciones Cuba-EE.UU.
Enviado por el autor a: Martianos-Hermes-Cubainformación

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