Según reporta hoy UPI, como expresión de la desconfianza generada entre los ciudadanos norteamericanos y en el propio Congreso USA hacia el espionaje de la NSA, se está gestando la aprobación de una ley que restringiría la capacidad del gobierno en tareas de recopilación de datos
telefónicos de los ciudadanos en internet, a la par que implementaría restricciones al uso de la Ley USA Patriot.
Esta nueva tendencia busca establecer un balance entre la seguridad nacional y las libertades civiles de los estadounidenses.
La aprobación el pasado jueves por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de esta ley, paralelamente a otra que se está moviendo en el Senado, acabarían con el triste capítulo del espionaje doméstico en EEUU, a pesar de que aún existen presiones para mantener intacto las prerrogativas gubernamentales de mantener intacta la Ley USA Patriot, al menos por cinco años más.
Sin embargo, según mi criterio, la nueva legislación que se pretende promover en el Congreso tiene un punto flaco en cuanto a lograr una total transparencia de la comunidad de inteligencia norteamericana en cuanto al respeto a la privacidad y a las libertades civiles: el colocar esta misión en manos de compañías privadas telefónicas.
La cláusula que establece que las agencias de inteligencia solo pueden acceder a datos de los usuarios luego de la aprobación de la corte
secreta Ley del Servicio de Inteligencia Extranjero (FISA), dotada con un panel de expertos en temas de privacidad, libertades civiles y tecnología, resulta controvertido y siembra nuevas dudas.
¿Quién garantiza, a ciencia cierta, que los monopolios de la comunicación no se plieguen ante las presiones de agencias como la NSA, la CIA, el FBI, el NHS y otras, ante el manido pretexto de defender la "seguridad nacional"?
¿Hasta qué punto la corte secreta FISA no puede ser manipulada tras bambalinas? No sería la primera vez que asuntos como este sucedieran, en franca burla a las libertades civiles.
Considero, al igual que la Unión Americana de Libertades Civiles, que la mejor manera de recuperar la confianza del norteamericano es la inmediata derogación de la Ley USA Patriot a partir del momento en que la misma deba expirar el venidero primero de junio.
La desconfianza de los ciudadanos hacia su gobierno no puede ser eliminada con nuevas leyes que pongan en peligro su privacidad. Cualquier medida legal en este sentido solo puede avalada con un estricto control ciudadano sobre la actividad de espionaje interno realizado por el gobierno.
La seguridad nacional no debe servir de pretexto para vulnerar las libertades civiles.
Percy Francisco Alvarado Godoy
