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| Enrique Peña Nieto y Óscar Adolfo Naranjo Trujillo |
Documentos de la DEA señalan que durante el gobierno del
colombiano Álvaro Uribe varios de sus colaboradores apoyaron las
actividades de tráfico de drogas de la organización paramilitar
Autodefensas Unidas de Colombia, del grupo criminal Oficina de Envigado y
del Cártel del Norte del Valle. Uno de los señalados por la agencia
estadunidense es el general Óscar Naranjo, a quien el candidato priista
Enrique Peña Nieto nombrará asesor en materia de seguridad en caso de
que asuma la Presidencia de México.El general colombiano Óscar Adolfo
Naranjo Trujillo –a quien Enrique Peña Nieto anunció como su próximo
asesor en materia de seguridad, en caso de llegar a la Presidencia de
México– tenía relaciones con narcotraficantes y paramilitares de su país
y estuvo implicado en sobornos y otros actos de corrupción.
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Así quedó asentado en documentos de la Administración
Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) elaborados a
partir de interrogatorios a exdirigentes del grupo paramilitar
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes afirmaron que políticos y
funcionarios cercanos al presidente Álvaro Uribe (2002-2010) les
otorgaron apoyo para sus actividades militares y de tráfico de drogas.
Salvatore
Mancuso Gómez –uno de los exdirigentes de las AUC, extraditado en 2008 a
Estados Unidos acusado de narcotráfico– fue más lejos y le dijo a la
DEA que Juan Manuel Santos, ministro de Defensa del gobierno de Uribe y
actual presidente colombiano, participó en un complot para derrocar en
1995 al entonces mandatario Ernesto Samper. Explicó que ese complot
derivó en el asesinato del político Álvaro Gómez Hurtado y afirmó
incluso que en ese homicidio “estuvieron involucrados” el general
Naranjo y uno de sus oficiales, Danilo González Gil.
Agentes de la
DEA también interrogaron a Rafael García, exfuncionario del
Departamento Administrativo y de Seguridad (DAS), organismo de
inteligencia de Colombia.
García reveló que Jorge Noguera Cotes,
director del DAS de 2002 a 2005, facilitó el apoyo logístico y la
infraestructura de esa institución para que las AUC traficaran drogas a
Estados Unidos a través de Venezuela y México y que incluso el propio
Noguera “fue responsable de los contactos iniciales” con el Cártel de
los Beltrán Leyva.
Los memorándums de la DEA –cuyas copias tiene
Proceso– tienen como propósito documentar “la corrupción de funcionarios
públicos de Colombia”. Están fechados entre marzo de 2010 y marzo de
2011, y tienen como destinatario a Jay Bergman, director regional de la
División de los Andes de la DEA, cuyas oficinas están en Bogotá.
En
el paquete de documentos hay también un “reporte de investigación”
fechado el 4 de agosto de 2009. Fue elaborado por agentes de la oficina
de la DEA en Nueva York.
En todos ellos aparecen nombres de
funcionarios, jefes policiacos y militares, legisladores y empresarios
supuestamente vinculados con las actividades de las AUC. De hecho,
cuando los agentes de la DEA preguntaron a Mancuso sobre la corrupción
de los políticos en Colombia, éste contestó que “según las propias
estimaciones de las AUC más de 35% de los congresistas elegidos en 2002
tuvieron algún tipo de vínculo, financiero o de otro tipo”, con esa
organización.
Los contactos del general
Según
un memorándum de la DEA fechado el 25 de marzo de 2010, Mancuso relató
que en 1997 la policía lo arrestó junto con Rodrigo Tovar Pupo,
comandante del Bloque Norte de las AUC, debido a que se encontraban en
posesión de armas automáticas y granadas. La policía los recluyó
temporalmente en una prisión del departamento de La Guajira. Pidieron
ayuda a Carlos Castaño, en ese momento dirigente máximo de las AUC.
“Entonces
–apunta el documento– Castaño llamó al (en esas fechas) jefe de la
Policía Nacional de Colombia, general Rosso José Serrano Cadena, y le
pidió ayuda. Serrano a su vez llamó a Óscar Naranjo con instrucciones de
sacar de la cárcel a Mancuso y a Tovar Pupo. Éste (Naranjo) por su
parte envió al coronel Danilo González Gil, quien rentó un avión que lo
trasladó a La Guajira con el propósito de resolver la situación judicial
(de los paramilitares). Ambos fueron puestos en libertad después de
pagar un soborno.”
Como parte del llamado Proceso de Justicia y
Paz –que permitió la desmovilización de los paramilitares a cambio de
reducir sus sanciones por los delitos que cometieron, entre ellos
matanzas de civiles–, Mancuso compareció en 2006 y 2007 ante fiscales
colombianos. Según el memorándum de la DEA, Mancuso afirmó que cuando
inició esas comparecencias Naranjo lo calificó ante los medios como “un
mentiroso” y que el propio general “instruyó a Diego Murillo Bejarano,
Don Berna (narcotraficante, jefe de la organización criminal de Envigado
y luego uno de los voceros de las AUC), para que callara” a Mancuso.
En
ese entonces Don Berna y Mancuso estaban en la misma prisión en el
municipio de Itagüí, Antioquia. Según el documento, el primero le dijo
al segundo “que guardara silencio sobre la corrupción en la policía o
ellos podrían herir a su familia”. Mancuso afirmó que a consecuencia de
sus declaraciones “hubo intentos de asesinatos contra su familia, al
mismo tiempo que el gobierno colombiano retiró los dispositivos de
seguridad que protegían” a ésta.
Mancuso dijo a la DEA que el
coronel de la policía Danilo González –a quien calificó de “hijo
favorito de Naranjo”– “solía ser visto en reuniones con miembros del
Cártel del Norte del Valle”, a las que incluso acudía “con su uniforme
de policía”.
González era subalterno de Naranjo en la Policía
Nacional de Colombia y colaborador cercano de la DEA. Fue asesinado en
marzo de 2004 en una oficina de abogados de capos de la mafia. Para esas
fechas el gobierno de Colombia lo había dado de baja en la policía y
las autoridades de Estados Unidos lo habían incriminado por sus
relaciones con el Cártel del Norte del Valle.
El memorándum señala
que cuando los agentes de la DEA le preguntaron a Mancuso “quién más
podría verificar sus afirmaciones sobre la corrupción de la policía”,
éste respondió que Don Berna y Luis Gómez Bustamante, Rasguño –otro
exdirigente de las AUC también extraditado a Estados Unidos–, “eran
conscientes de la extendida corrupción del general Naranjo”. Incluso
mencionó que “la relación entre Gómez Bustamante y Naranjo se inició
cuando ambos estaban afiliados a Los Pepes, el grupo paramilitar creado
para asesinar a los socios y familiares de Pablo Escobar Gaviria”.
Según
el documento, Mancuso recordó que en 2003 la policía arrestó en Bogotá
al narcotraficante Alberto Agredo. Dijo que mientras éste se encontraba
en custodia de la policía, Murillo Bejarano envió a su entonces
subalterno Carlos Aguilar Echeverri con Naranjo y le pagó “500 mil
dólares como soborno para que lo dejara ir (a Agredo)”. Afirmó que
“Agredo fue arrestado en otras dos ocasiones con el solo propósito de
extorsionarlo”.
Otro memorándum de la DEA, también fechado el 25
de marzo de 2010, reseña el interrogatorio a Carlos Mario Jiménez
Naranjo, Macaco, exintegrante del Cártel del Norte del Valle, comandante
del Bloque Central Bolívar de las AUC de 1998 a 2006 y también
extraditado a Estados Unidos en 2008 por narcotráfico.
Macaco dijo
a los agentes de la DEA que Wilber Varela, jefe del Cártel del Norte
del Valle, estuvo “largamente asociado” con Naranjo. Afirmó que el
propio Varela “una vez le dijo que había comprado ocho celulares con
dispositivos de intercepción y que le dio tres de ellos a la Dijin
(Dirección de Investigación Criminal e Interpol) para que los usara el
general Naranjo”.
Varela fue asesinado en Mérida, Venezuela, en
enero de 2008. Tras su muerte –y en medio de tensiones diplomáticas
entre Bogotá y Caracas–, Ramón Rodríguez Chacín, ministro del Poder
Popular para Relaciones Interiores y Justicia de Venezuela, ofreció el 4
de marzo de ese año una conferencia de prensa en la que acusó al
gobierno colombiano de ser autor del asesinato.
El funcionario
mostró una computadora que los investigadores venezolanos encontraron en
el lugar donde murió Varela y que le habría pertenecido. Sostuvo que en
dicha computadora había información que establecía “lazos de afinidad
consanguíneos y, más que eso, de negocios” entre el narcotraficante y
Naranjo. Y añadió que Varela “fue asesinado antes de que lo capturáramos
para que no revelara información importante” (Proceso 1859).
Complot
Durante
el interrogatorio al que fue sometido por la DEA, Salvatore Mancuso
afirmó que Juan Manuel Santos, exministro de Defensa del gobierno de
Uribe y actual presidente de Colombia, “mantuvo vínculos con las AUC y
con traficantes de cocaína”. Más aún, dijo que Santos “estuvo
involucrado en la planeación de un golpe militar contra la
administración de (Ernesto) Samper” (1994-1998).
El citado memorándum de la DEA del 25 de marzo de 2010 asienta:
“Mancuso
sostuvo que Santos y el resto de la oligarquía de Bogotá estaban
molestos por la corrupción y la ineficacia de la administración de
Samper y decidieron unir fuerzas con el Cártel del Norte del Valle y las
AUC con el propósito de remplazar a Samper por un político popular de
su elección (…)
“El presidente interino debería ser Álvaro Gómez
Hurtado. Mancuso afirmó que Santos y el resto de los conspiradores
querían información sobre sobornos que el Cártel del Norte del Valle
había pagado a la administración de Samper y que con esta información y
el apoyo de los militares colombianos ellos desestabilizarían al
gobierno de Samper, al cual remplazarían por un gobierno interino
encabezado por Gómez Hurtado.”
El documento sigue: “Mancuso dijo
que Santos y otros 20 individuos volaron a la ciudad de Montería, en el
departamento de Córdoba, y de ahí tomaron un helicóptero perteneciente a
Luis Hernando Gómez Bustamante (alias Rasguño, uno de los principales
capos del Cártel del Norte del Valle) que los transportó a San Pedro de
Uraba, Antioquia, donde planearon el golpe de Estado. Desafortunadamente
para los conspiradores, resultó que Gómez Hurtado no quiso ser
presidente y amenazó con exponer el plan. Según Mancuso, Danilo González
Gil y Naranjo estuvieron involucrados en el asesinato de Gómez Hurtado
para cubrir la conspiración”.
Gómez Hurtado fue diputado, senador y
tres veces candidato a la Presidencia de Colombia. Su asesinato ocurrió
el 2 de noviembre de 1995 cuando salía de las instalaciones de la
Universidad Sergio Arboleda.
En realidad las declaraciones de
Mancuso a la DEA sobre la participación de Santos en un complot para
derrocar a Samper no eran nuevas. Ya las había hecho el 15 de mayo de
2007 ante fiscales de Colombia, durante el Proceso de Justicia y Paz.
Sólo que entonces no mencionó que dicho complot hubiera derivado en la
muerte de Gómez Hurtado.
Según una nota de Radio Caracol publicada
en mayo de 2007, Santos, entonces ministro de Defensa, negó las
acusaciones que Gómez Bustamante hizo en su contra durante el Proceso de
Justicia y Paz. Admitió: quería que Samper dejara el gobierno, pero
nunca propuso derrocarlo.
Sin embargo por este supuesto complot,
por un escándalo de escuchas ilegales por parte de los servicios de
inteligencia de la policía y por haber hecho declaraciones que tensaron
las relaciones con Venezuela, en mayo de ese año los partidos de
oposición al gobierno de Uribe y el Partido Cambio Radical (de la
coalición uribista) propusieron en el Congreso colombiano una moción de
censura contra Santos. El 13 de junio de ese año el Congreso rechazo la
moción debido a que Cambio Radical dio marcha atrás.
Como publicó
la revista Semana el 20 de enero de 2010, Gómez Bustamante –extraditado a
Estados Unidos en julio de 2007– declaró ante una comisión judicial
colombo-estadunidense que el expresidente Samper y su ministro del
Interior, Horacio Serpa, habrían sido autores intelectuales de la muerte
de Gómez Hurtado y que el coronel Danilo González se habría valido de
dos suboficiales de la Policía Nacional de su entera confianza para
cometer el asesinato. Tanto Samper como Serpa negaron cualquier
implicación en el homicidio y calificaron las declaraciones de Gómez
Bustamante de “fantasiosas”.
El guardaespaldas
En
los interrogatorios con la DEA, Mancuso y Jiménez Naranjo señalaron que
varios colaboradores cercanos al expresidente Uribe recibieron dinero
de las AUC y de organizaciones del narcotráfico a cambio de ofrecerles
apoyo.
Uno de ellos: el general retirado Mauricio Santoyo Velasco, jefe de Seguridad de Uribe de 2002 a 2005.
Jiménez
Naranjo afirmó que Santoyo recibía “un salario” de las AUC y que un
cuñado de éste era el jefe de seguridad del narcotraficante Daniel
Barrera Barrera, El Loco Barrera.
Otro de los interrogados por la
DEA, Francisco Flórez Upegui, Don Pancho –exdirigente de la Oficina de
Envigado–, sostuvo que Santoyo tenía vínculos con la Oficina de Envigado
y que Pedro Gallón Henao –ligado a actividades de narcotráfico– “había
tenido acceso a oficiales corruptos del más alto nivel en la policía
colombiana, los cuales recibían ‘favores especiales’ a través de
Santoyo”.
Dichas declaraciones ante la DEA –realizadas en marzo y
mayo de 2010, respectivamente– al parecer tenían fundamento: la prensa
colombiana publicó que el pasado lunes 2 Santoyo se entregó a la DEA en
el hangar de esta agencia en el aeropuerto militar de Bogotá. La razón:
enfrenta cargos por narcotráfico en una corte federal en Alexandria,
Virginia.
De acuerdo con la acusación estadunidense, las AUC y la
Oficina de Envigado pagaron sobornos a Montoya para que éste colaborara
en operaciones de tráfico de drogas y les entregara información secreta
sobre operativos de la DEA y de las autoridades colombianas.
Óscar
Rodríguez, abogado de Santoyo, dijo que éste “se declaró inocente”
durante una audiencia realizada el viernes 13 en la corte federal de
Alexandria, según publicó el miércoles 18 el diario colombiano El
Espectador.
El cártel de las tres letras
Un
“reporte de investigación” elaborado por la oficina de la DEA en Nueva
York, con fecha 4 de agosto de 2009, da cuenta del interrogatorio que
realizaron miembros de esa agencia a Rafael García, jefe de los Sistemas
de Información del DAS de septiembre de 2002 a enero de 2005. El
interrogatorio se efectuó en Montevideo, Uruguay, del 28 al 30 de julio
de 2009.
Según ese documento, García afirmó que durante las
elecciones presidenciales de 2002 “Raúl Montoya Flores, un rico
empresario que era amigo de Gilberto Molina, exmiembro del Cártel de
Medellín durante los noventa, proveyó de grandes cantidades de dinero
para financiar la campaña presidencial” de Uribe. Sostuvo que “cuentas
bancarias de Molina fueron utilizadas para pagar el asesinato del
director del diario El Espectador, Guillermo Cano”.
García cuenta
que cuando en 2002 Uribe ganó la elección presidencial, éste designó a
Jorge Noguera Cotes como director del DAS. Lo hizo por solicitud de
Sergio Araujo Castro, testaferro del comandante del Bloque Norte de las
AUC, Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40. En esas fechas Noguera nombró a
García jefe de los Sistemas de Información del DAS.
García señaló
que su trabajó consistió en “apoyar a las AUC”, lo cual incluía obtener
secretos de inteligencia y manipular o alterar información judicial para
beneficiar a las AUC y a importantes narcotraficantes. Dijo que, para
hacer esto, el DAS era apoyado por colaboradores ubicados dentro de
varias entidades judiciales del gobierno colombiano.
Por ejemplo:
“El exprocurador general y luego embajador de Colombia en México, Juan
Camilo Osorio, proveía al DAS de información sobre incautaciones de
activos que se encontraban pendientes, órdenes de aprehensión y
solicitudes de extradición, lo cual facilitaba al DAS la tarea de
alterar o borrar archivos criminales”.
García expuso que el
entonces coronel Mauricio Santoyo Velasco, jefe de Seguridad de Uribe,
era “el receptor” de la información obtenida ilegalmente por el DAS y
que a veces éste le solicitaba al organismo “investigar a individuos los
cuales posteriormente eran objeto de amenazas de muerte o de atentados
contra sus vidas”.
García contó que proveyó a las AUC de
información sobre una operación en su contra que la Policía Nacional de
Colombia iba a realizar en el departamento de Magdalena. Esta
corporación se dio cuenta y empezó a investigarlo. En ese momento el DAS
recibió información sobre una operación contra las AUC que debía
informar a éstas: La Operación Ciclón, que llevaría a cabo la Unidad
Antilavado de Dinero de la Procuraduría General de la Nación. García
declinó ofrecer la información a la organización paramilitar. Confesó
que temió por su seguridad y la de su familia. Habló con su jefe
Noguera.
“Noguera dijo a García que el presidente Uribe y el
procurador Osorio tenían conocimiento de cada cosa que ellos (Noguera y
García) estaban haciendo y concertó una cita con el mandatario en la
cual éste aprobó la entrega de la información secreta”, asienta el
reporte de la DEA.
Y añade: “García entregó la información a las AUC, lo cual resultó en el fracaso de la Operación Ciclón”.
García
indicó que en 2003 Noguera creó un grupo clandestino para infiltrarse
en Venezuela y proveer apoyo al Bloque Democrático (BD), organización
opositora al presidente Chávez. Afirmó que el BD permitió que ese grupo
clandestino utilizara territorio y áreas costeras venezolanas para
traficar drogas a cambio del apoyo del DAS y las AUC para derribar a
Chávez.
García comentó que el DAS empezó a ser conocido como “el
cártel de las tres letras” debido a que, en su apoyo a las AUC, se
implicó directamente en actividades de narcotráfico.
Contó: “Los
narcóticos eran transportados de Colombia a Venezuela y luego a
Guatemala y México a través de lanchas rápidas que llevaban toneladas de
cocaína. El exgobernador del departamento de César, Hernando Molina
Araujo, estableció las rutas y facilitó los contactos en Guatemala para
recibir las cargas de cocaína”.
El documento de la DEA añade:
“Noguera fue el responsable de iniciar los contactos con la organización
mexicana de los Beltrán Leyva. García también viajó a México y en
representación de Noguera se reunió con miembros de los Beltrán Leyva,
con quienes negoció cargamentos de drogas”.
García ya había
denunciado a Noguera en 2006 en Colombia. Un año después la justicia
colombiana lo detuvo e inició en su contra un juicio que escaló hasta la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual en septiembre de
2011 lo condenó a 25 años de prisión por aliarse con los paramilitares
de las AUC y facilitarles información privilegiada.
