Como ya habíamos
advertido en un artículo anterior titulado Otro
desesperado intento USA contra Cuba y Venezuela, un ridículo informe
elaborado por la Fundación para los
Derechos Humanos en Cuba (FDHC) y el Tribunal Supremo de Venezuela en el Exilio,
trata de satanizar a Cuba y a Venezuela sobre la base de las siguientes tesis
principales: a) en Venezuela existe un
estado fallido controlado por un grupo criminal vinculado al narcotráfico y al
terrorismo transnacional, implementado por Cuba, b) la entrega por parte del
gobierno venezolano de la independencia nacional a Cuba que ha establecido allí
un modelo moderno de dominación colonial, c) este esquema de dominación,
supuestamente, comete
de forma continuada crímenes de lesa humanidad, como son la tortura y el
genocidio por la actual hambruna y desastre humanitario que azota a la
población, sumado a la violación de los DDHH y la inseguridad ciudadana, d) la
intención de vender a Venezuela como una amenaza a sus países vecinos, e)
validación del llamado gobierno constitucional de Juan Guaidó, f) vender la
falsa matriz de opinión de que el conflicto interno en Venezuela se internacionalizó
desde el momento en que se manifestó una supuesta injerencia cubana dentro de
esa nación, a la que se suma actualmente Rusia, así como la total justificación
para legalizar una acción armada contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Lo
interesante de este manipulado informe es que abre las puertas a acciones
contra la nación bolivariana bajo la deformada interpretación de instrumentos
jurídicos internacionales tales como la Convención de Palermo de Naciones Unidas contra
el crimen transnacional organizado, la resolución
adoptada por la Cumbre Mundial de esa organización en 2005: la Responsabilidad
de Proteger y lo estipulado en el Artículo 51 (Capítulo VII) de la Carta de
Naciones Unidas sobre el derecho de todo estado a la defensa individual o
colectiva frente a agresiones armadas de otro país, con los que se busca
bendecir una intervención militar contra Venezuela a espaldas del Consejo de
Seguridad de la ONU.
Dentro de la
estrategia propuesta en el documento
–muchas de las acciones ya están en plena implementación– se contempla
sumar a la comunidad internacional al bloqueo del acceso a nuevos recursos
financieros y de armamentos, la intercepción de cargamentos aéreos y/o navales y
la apertura de un corredor humanitario protegido para llevar alimentos y
medicinas para la población. Sin embargo, lo más peligroso de este documento es
que sus autores apuestan por el uso de
la fuerza e incluso la amenaza de uso de la fuerza dejando a un lado una
solución negociada. Al respecto, destaca: “Para
obtener éxito en una negociación es necesario que la otra parte se convenza de
que no tiene a su alcance una “Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado”. Las
promesas de amnistía y desbloqueo de cuentas bancarias no son tan persuasivos
como preservar la vida. Retirar de la mesa el uso de la fuerza –incluso la
amenaza de usarla– solo favorece la reticencia a toda negociación genuina. La pública
exclusión previa de esas opciones no contribuye a crear incentivos para que el
ejército reconsidere su lealtad al actual régimen criminal”. ”
Los autores del
informe, el cual fue entregado el 19 de abril, hace apenas cuatro días, al
Congreso norteamericano, particularmente a Rick Scott y Marco Rubio, tiene como
propósito recrudecer la guerra mediática contra Venezuela mediante dos premisas
básicas: No es posible llegar a un acuerdo negociado con el régimen venezolano
sin hacerles sentir miedo creíble a las consecuencias de su rechazo. El uso
exclusivo de sanciones económicas no resolverá el fin de la usurpación. (…) Pero
la idea de que Maduro puede sostener una guerra prolongada en Venezuela y la
región por medio irregulares tiene más que ver con un mantra de propaganda que
con la realidad.
Para justificar su
agresión inmediata a Venezuela minimizan el costo en vidas y la justifican
arguyendo que “solo el pasado año,
produjo 23.047 muertes violentas (en comparación con 2.640 en Afganistán en el
mismo periodo) –sin contar las miles de muertes como resultado de la hambruna y
falta de medicamentos.” A la par comparan el supuesto éxodo de venezolanos
como superior al ocasionado en Siria por la guerra, presentándolo como una
amenaza a las naciones vecinas.
Otra justificación
para la agresión militar es argumentar que la comunidad internacional ha
distorsionado el uso de la fuerza contra Venezuela ya que, según los autores,
el uso de la fuerza no presupone exclusivamente el empleo de tropas terrestres
y ocupaciones prolongadas. Para ellos resultaría más práctica la realización de
golpes quirúrgicos contra objetivos gubernamentales y/o implementar zonas de
vuelo restringidas para supuestamente proteger entregas de ayuda humanitaria, a
la par que usar tropas de élite de gran movilidad que desarrollen acciones
selectivas contra los partidarios de Maduro y, lógicamente, la eliminación personalizada
de la dirigencia bolivariana mediante ataques con drones y atentados.
Equiparar el uso de
la fuerza solo a acciones en gran escala con desembarcos y ocupaciones
prolongadas solo tiene el propósito de confundir a incautos y neutralizar a los
que desean alguna acción decisiva para sacar del poder a una pandilla de
facinerosos que no se marcharán por voluntad propia.
Una gran parte del
trabajo de los autores está encaminada a demostrar la presencia de fuerzas
especializadas de corte militar y de contrainteligencia desplegadas dentro de
las FANB y organismos institucionales, para lo cual acuden a supuestos “expertos”
que, como el general venezolano Antonio Rivero y el coronel Julio Rodríguez
Salas, se desviven en tratar de desnudar una supuesta presencia militar cubana
en Venezuela. Asimismo usaron como fuentes al ex ministro del interior y
defensa boliviano, Carlos Sánchez, y el experto norteamericano Douglas Farah.
Los autores de este
informe fueron los ya destacados anticubanos Juan Antonio Blanco quien tiene un
largo historial al servicio de los enemigos de Cuba y Venezuela al haber
fungido como Director de Programas Latinoamericanos de Human Rights Internet, Director
Asociado Visitante del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad
Internacional de Florida, y luego como Director Ejecutivo del Centro de
Iniciativas para América Latina y el Caribe de Miami Dade College trabajando
últimamente como Director Ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos
en Cuba (FDHC); Rolando Cartaya quien ha estado vinculado a Radio Martí y a
otras entidades encargadas de llevar a cabo la guerra mediática anticubana
desde EEUU; Luis Domínguez, connotado fabricante de mentiras sobre
revolucionarios cubanos dedicados a la gobernabilidad y a funciones de defensa
de nuestro Estado a través de del foro “Secretos de Cuba” y del blog “Cuba al
Descubierto”; por último el venezolano Casto Ocando, quien se ha dedicado a
inventar supuestas investigaciones de dudosa credibilidad sobre el gobierno bolivariano.
Detrás de este
intento, en gran parte obtenido de fuentes públicas dedicadas a la guerra
ideológica contra nuestras dos naciones, basado también en las especulaciones
de traidores venezolanos y de dudosos expertos en temas de seguridad
hemisférica, se pretende ofrecer a la ultraderecha reaccionaria en el Congreso
USA y a los halcones aupados por la administración Trump, de un nuevo
instrumento para tratar de vulnerar y desvirtuar los vínculos solidarios entre
las dos grandes patrias de Bolívar y Martí, azuzar a una guerra de
consecuencias incalculables y a reforzar el hegemonismo norteamericano en la
región.
