A
casi un año de que Otto Pérez Molina asumiera la Presidencia del país, las
ingentes reformas que necesita el Estado
continúan a la espera. De todas las modificaciones propuestas, solo una pasó de
manera exprés y la otra avanza a marchas forzadas.
POR
LUIS ARÉVALO - Guatemala, jueves
27 de diciembre de 2012
Con
bombos y platillos, el 14 de enero asumió el poder del Organismo Ejecutivo de
Guatemala el general en situación de retiro Otto Fernando Pérez Molina, quien
resultó vencedor de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de
noviembre de 2011, en la que se enfrentaron el Partido Patriota (PP), encabezado
por el ahora mandatario y Libertad Democrática Renovada (Lider), apuntalado por
Manuel Baldizón.
En su discurso de toma de posesión, en el Domo
Polideportivo de la zona 13 capitalina, el flamante mandatario hacía un
parteaguas de lo que para él y los guatemaltecos significaría que el PP
gobernara a Guatemala.
Incluso, en sus palabras, relacionó el cambio de
Gobierno con una transformación para el país, vinculada con el cambio de Era
maya, por la finalización del 13 Baktún.
GRAN
EXPECTATIVA
Durante
sus primeros meses como Presidente de la República, Otto Pérez Molina se
presentaba en cada evento público disertando sobre las nuevas oportunidades que
se abrían para el país, les daba un espaldarazo a los empresarios nacionales y
extranjeros en cada actividad que tenía con alguna de las cámaras empresariales,
fueran de guatemaltecos o de otros lares.
Cuando les hablaba, les decía
que su Gobierno no toleraría la corrupción ni que un funcionario o empleado
público cobrara a los interesados por hacer lo que le correspondía, su
trabajo.
Para el área de seguridad, cuando tenía reuniones del gabinete
del ramo, siempre había anuncios de capturas de delincuentes. Rutinariamente
esto resultaba ser los días viernes. También se agregaba, en cada exposición
conjunta del Presidente y del Ministro de Gobernación, que la estrategia se
continuaba fortaleciendo con las fuerzas de tarea que contemplaba el plan de
Gobierno y que se estaban implementando.
LA
REFORMA PREDILECTA
Gran
parte del tiempo y esfuerzo del Gobierno del presidente Pérez Molina, se enfocó,
durante nueve meses, en impulsar una serie de reformas a la manera de
administrar el Estado, que necesariamente tenían que pasar por el Congreso de la
República, presidido por el partido oficial, pero también obstaculizado en
ocasiones por el partido de oposición más importante.
Pérez Molina, a
través de sus subalternos, promovió la reforma fiscal consagrada en la
Actualización Tributaria, única reforma que vio la luz durante este primer año
de Gobierno, y que aprobó el Congreso con más de 105 votos en el mes de febrero,
mecanismo facilitado por la entonces estrategia del partido oficial y sus
aliados.
La reforma tributaria realizada, disminuirá gradualmente el
Impuesto Sobre la Renta de las empresas desde 31 a 25 por ciento y eleva ese
mismo impuesto para los asalariados, razón por la cual se esgrime de parte de
sectores sociales que la modificación benefició a empresarios y perjudicó a los
trabajadores.
El Ejecutivo, posteriormente, llevó al organismo presidido
por el diputado Gudy Rivera, un paquete de leyes con el seudónimo de “paquete de
leyes de transparencia”, que al final de cuentas, según el ministro de Finanzas
Públicas, Pavel Centeno, no avanzó debido a que las iniciativas fueron enviadas
a varias comisiones parlamentarias y algunas trabajaron mientras que otras ni
las tocaron. Esta es una de las reformas pendientes, que según el mandatario
impulsará con fuerza desde el 14 de enero próximo, cuando rinda su informe del
primer año de gobierno. No obstante, la percepción de diputados de otros
partidos y expertos, es que en el Congreso se aprobó lo que al gobierno le
interesaba.
Una más de la reformas que aguardan el año próximo, es la de
industrias extractivas, a través de la iniciativa que reformaría la ley minera,
que busca, entre otras cosas, crear el consejo minero, en el cual participan las
empresas de ese sector y que eliminaría la consulta
comunitaria.
REFORMAS
SIN FORMA
Aunque
lo había mencionado con anterioridad, fue en el mes de mayo, cuando la
Constitución Política de la República arribó a 27 años de haber sido elaborada,
que el presidente Pérez Molina impulsó una discusión con diferentes sectores de
la sociedad para modificarla. La dinámica fue muy criticada por distintos
actores; tenía cuatro ejes para abordar, pero al final se quedó solo con
seguridad, justicia y un intento de modificación de los distritos electorales.
El elemento fiscal se expulsó de las propuestas de reforma.
Esta pudo ser
la reforma más ambiciosa de todas, pero según el mandatario, se dejó en suspenso
debido al terremoto del pasado 7 de noviembre, para que los recursos que iban a
utilizarse para la posible consulta popular, se destinaran a la reconstrucción
de los departamentos afectados; sin embargo, en la oposición, transciende que la
reforma no tenía apoyo político en el Congreso.
La modificación que el
Gobierno logró llevar a cabo, aunque falta una resolución de la Corte Suprema de
Justicia que resuelva, es la reforma a la carrera del magisterio, que este año
desató una serie de protestas por parte de estudiantes normalistas, que provocó
varios incidentes.
En el ámbito internacional, el gobierno de Pérez
Molina impulsó la discusión de la despenalización de las drogas, que tuvo un
impacto importante no tanto sobre el tema en sí mismo, sino por mostrar la
división de Centroamérica sobre el particular, además de que la expectativa
externa de la Cumbre de las Américas celebrada este año, giraba en torno a ese
tópico. Al llegar a Naciones Unidas, para exponerlo, en septiembre, el discurso
del mandatario se tornó un tanto mesurado y, aunque no se esperaría que la
estrategia de combate al narcotráfico cambie en el corto plazo, en 2014 se
discutiría el tema en esa organización.
Una de las reformas de las que no
se ha dicho mayor cosa, hasta el momento, es la laboral, pero se impulsará una
iniciativa que regule el trabajo de tiempo parcial, que algunas organizaciones
sindicales señalan de flexibilización laboral, que restaría derechos a los
trabajadores.
PROYECTO
SIN FUTURO PROMISORIO
El
Desarrollo Rural es parte del programa de gobierno del presidente Pérez Molina y
por eso se busca que el Congreso apruebe la ley de Desarrollo Rural Integral.
Sectores campesinos han advertido de medidas de hecho en enero, si los diputados
no proceden con su aprobación. La discusión de esa ley generó este año
efervescencia verbal entre actores antagónicos y, aunque el mandatario y su
equipo la impulsan, en el parlamento no parece haber indicios de querer
aprobarla ni siquiera en primera lectura. Es cuando vuelve el dilema entre
interpretar si el Ejecutivo realmente conduce la agenda legislativa.
Diario La Hora,
Reportajes
y Entrevistas
