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| Los miembros de la misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos, durante la presentación de las conclusiones preliminares de su visita a Brasil. Crédito: Justiça Global |
Empresas privadas de Brasil, de sectores estratégicos como la
minería o la infraestructura, espían e infiltran a los movimientos
sociales y sus actividades, determinó una misión de la Federación
Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Hace casi un año, el 24 de febrero de 2013, durante una reunión de planificación de los líderes del Movimiento Xingú Vivo para Siempre en Altamira, una localidad del norteño estado de Pará, se sospechó que una persona estaba registrando las conversaciones y decisiones del encuentro.
Ese colectivo, que reúne a organizaciones sociales y ambientales de zonas cercanas al proyecto de la megacentral hidroeléctrica de Belo Monte, que sería la tercera del mundo cuando entre en operaciones, se opone a la instalación de la represa sobre el río Xingú, en la Amazonia brasileña.
Las sospechas se confirmaron cuando se verificó que uno de los participantes, recién sumado al movimiento, tenía en sus manos un bolígrafo espía.
"Todas las veces que alguien intervenía, el dirigía el bolígrafo a donde se encontraba. Fue algo completamente inesperado", dijo la abogada Roberta Amanajás, de la Sociedad Paraense de Derechos Humanos, que integra el Movimiento.
"Esa reunión fue un momento muy estratégico, en que intercambiamos informaciones privilegiadas, que solo tienen las organizaciones del colectivo. Él era un espía contratado por el consorcio que construye la obra", explicó la activista, que participó en el encuentro.
Al ponerlo al descubierto, el espía se identificó como Antonio y confesó que se había infiltrado en el Movimiento para así vigilar las actividades de su coordinadora, Antonia Melo.
Según Amanajás, el espía contó que iba a enviar el material a la división de inteligencia del Consorcio Constructor Belo Monte y a la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), que mantiene un agente en Altamira.
"Contó que tenía que seguir todos los pasos de la coordinadora para el consorcio y que también había sido responsable del despido de 80 trabajadores de la obra", detalló la abogada.
Otra función del infiltrado era detectar líderes sindicales que pudiesen organizar huelgas en la obra, añadió.
"No tenemos dudas sobre el proceso de espionaje, solo no sabemos cómo se realiza. El Movimiento Xingú Vivo es el que más representa la resistencia al modelo de construcción de las hidroeléctricas, y más aún, al desarrollo que se ha impuesto en la Amazonia", argumentó.
El Movimiento crítica la expropiación de los recursos naturales, que no garantiza los derechos de los pobladores naturales de la región.
El espionaje a las organizaciones sociales de la Amazonia no es un caso aislado en Brasil, denunciaron los activistas a la misión de la FIDH, que dialogó con miembros de organizaciones humanitarias, el Ministerio Público y directivos de empresas acusadas de espiar.
La misión internacional se integra en las actividades del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, un programa conjunto con la Organización Mundial Contra la Tortura, y ha recorrido Brasilia, Belém, capital de Pará, y Río de Janeiro.
"Lo que nos preocupa es la relación entre los organismos públicos y las empresas. Hay pruebas de una articulación con agentes del Estado", afirmó Jimena Reyes, jefa de la FIDH para América, al presentar las primeras conclusiones de la visita.
"Es una situación muy preocupante, se utilizan esquemas públicos para actuaciones ilegales e ilegítimas, para espiar a movimientos sociales", subrayó.
La connivencia de los funcionarios públicos con las empresas fue comprobada por la misión, al constatar que hay compañías que tienen acceso a datos secretos del gobierno, a través de Infoseg, una red que aglutina la información de seguridad pública recabada por más de 400 agencias brasileñas de investigación.
Alexandre Faro, integrante del Observatorio, opinó que debido a que se destinaron grandes recursos, las empresas tienen mucho interés en saber qué harán las organizaciones sociales sobre sus proyectos.
"Pienso que es una cultura que las empresas tienen hace mucho tiempo. Lo descubrimos el año pasado, no tenemos pruebas, pero supongo que son prácticas generalizadas en sectores sensibles como minería y energía", dijo Faro, sobre la actividad de espionaje de los grupos empresariales contra activistas en América Latina.
Hace casi un año, el 24 de febrero de 2013, durante una reunión de planificación de los líderes del Movimiento Xingú Vivo para Siempre en Altamira, una localidad del norteño estado de Pará, se sospechó que una persona estaba registrando las conversaciones y decisiones del encuentro.
Ese colectivo, que reúne a organizaciones sociales y ambientales de zonas cercanas al proyecto de la megacentral hidroeléctrica de Belo Monte, que sería la tercera del mundo cuando entre en operaciones, se opone a la instalación de la represa sobre el río Xingú, en la Amazonia brasileña.
Las sospechas se confirmaron cuando se verificó que uno de los participantes, recién sumado al movimiento, tenía en sus manos un bolígrafo espía.
"Todas las veces que alguien intervenía, el dirigía el bolígrafo a donde se encontraba. Fue algo completamente inesperado", dijo la abogada Roberta Amanajás, de la Sociedad Paraense de Derechos Humanos, que integra el Movimiento.
"Esa reunión fue un momento muy estratégico, en que intercambiamos informaciones privilegiadas, que solo tienen las organizaciones del colectivo. Él era un espía contratado por el consorcio que construye la obra", explicó la activista, que participó en el encuentro.
Al ponerlo al descubierto, el espía se identificó como Antonio y confesó que se había infiltrado en el Movimiento para así vigilar las actividades de su coordinadora, Antonia Melo.
Según Amanajás, el espía contó que iba a enviar el material a la división de inteligencia del Consorcio Constructor Belo Monte y a la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), que mantiene un agente en Altamira.
"Contó que tenía que seguir todos los pasos de la coordinadora para el consorcio y que también había sido responsable del despido de 80 trabajadores de la obra", detalló la abogada.
Otra función del infiltrado era detectar líderes sindicales que pudiesen organizar huelgas en la obra, añadió.
"No tenemos dudas sobre el proceso de espionaje, solo no sabemos cómo se realiza. El Movimiento Xingú Vivo es el que más representa la resistencia al modelo de construcción de las hidroeléctricas, y más aún, al desarrollo que se ha impuesto en la Amazonia", argumentó.
El Movimiento crítica la expropiación de los recursos naturales, que no garantiza los derechos de los pobladores naturales de la región.
El espionaje a las organizaciones sociales de la Amazonia no es un caso aislado en Brasil, denunciaron los activistas a la misión de la FIDH, que dialogó con miembros de organizaciones humanitarias, el Ministerio Público y directivos de empresas acusadas de espiar.
La misión internacional se integra en las actividades del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, un programa conjunto con la Organización Mundial Contra la Tortura, y ha recorrido Brasilia, Belém, capital de Pará, y Río de Janeiro.
"Lo que nos preocupa es la relación entre los organismos públicos y las empresas. Hay pruebas de una articulación con agentes del Estado", afirmó Jimena Reyes, jefa de la FIDH para América, al presentar las primeras conclusiones de la visita.
"Es una situación muy preocupante, se utilizan esquemas públicos para actuaciones ilegales e ilegítimas, para espiar a movimientos sociales", subrayó.
La connivencia de los funcionarios públicos con las empresas fue comprobada por la misión, al constatar que hay compañías que tienen acceso a datos secretos del gobierno, a través de Infoseg, una red que aglutina la información de seguridad pública recabada por más de 400 agencias brasileñas de investigación.
Alexandre Faro, integrante del Observatorio, opinó que debido a que se destinaron grandes recursos, las empresas tienen mucho interés en saber qué harán las organizaciones sociales sobre sus proyectos.
"Pienso que es una cultura que las empresas tienen hace mucho tiempo. Lo descubrimos el año pasado, no tenemos pruebas, pero supongo que son prácticas generalizadas en sectores sensibles como minería y energía", dijo Faro, sobre la actividad de espionaje de los grupos empresariales contra activistas en América Latina.
(Fabíola Ortiz, IPS)
Tomado de http://www.laarena.com.ar
