El comunicado del
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP del pasado 15 de
enero daba cuenta de un hecho muy grave: El año anterior, más de medio
centenar de compatriotas integrantes de organizaciones sociales fueron
asesinados, se produjeron montajes judiciales contra líderes populares y
una masiva judicialización y persecución sicarial contra cualquier tipo
de manifestación social de protesta.
Casos como el de los asesinatos de César García, líder campesino
tolimense que encabezó la lucha contra la explotación de oro en la mina
“La Colosa”, y Óscar López, trabajador sindicalizado de la multinacional
Nestlé, siguen aún en la impunidad. Ambos casos son apenas una pálida
muestra de la acentuada ofensiva contra el movimiento social.
Los vientos de 2014 parecen seguir el mismo curso. Ya tenemos que
lamentar las trágicas muertes de Ever Luis Marín, dirigente sindical de
los trabajadores de Bavaria en Soledad, Atlántico; Giovany Leyton, líder
agrario de la MIA en el Chocó; y de Gerson Martínez, rapero y promotor
juvenil de Bogotá, defensor de la administración del alcalde Gustavo
Petro.
A eso se suman los montajes judiciales contra líderes de Marcha
Patriótica, entre los que se cuentan su principal vocera, la senadora
Piedad Córdoba, el más importante líder agrario que hay actualmente en
Colombia y vicepresidente de FENSUAGRO, Hubert Ballesteros y el
prestigioso intelectual y profesor universitario, Francisco Tolosa.
Si a esto agregamos la desproporcionada e intolerante persecución a
través del Procurador en contra del Alcalde Mayor de Bogotá, utilizando
para ello el fanatismo religioso y de paso burlar y ridiculizar el voto
ciudadano que soberanamente eligió a Gustavo Petro como su Alcalde,
amén de la ofensiva mediática en contra de la búsqueda de una salida
negociada al conflicto, no resulta errado sostener que el nuevo año
pareciera estar signado por la exacerbación de las luchas del pueblo,
como vía expedita para resistir y contener la arbitrariedad de un
régimen criminal, restringido y antidemocrático, a cuya cabeza se
encuentra un gobierno incapaz de frenar la violencia y la persecución
contra el pueblo, sus líderes y sus organizaciones.
En este contexto es válida la pregunta: ¿Qué garantías podemos
esperar los insurgentes de un régimen como éste, en el caso de un
eventual tránsito a la actividad política legal?
Hemos sido vehementes en sostener que resulta imposible un fin de la
confrontación, sin la previa superación de la represión sistemática en
contra de quienes enarbolan el pensamiento crítico. Las garantías para
la democracia no pueden ser promesas de papel, sino que requieren de un
compromiso firme por parte del Estado, en la transformación del actual
estado de cosas.
La Mesa de Conversaciones de La Habana no es un islote perdido de la
realidad nacional. Por el contrario, lo que ocurre en Colombia impacta y
afecta la actividad diaria de la Mesa y por eso, decimos sin vacilación
alguna, que el abuso, la arbitrariedad, el asesinato impune y la
persecución sistemática contra el movimiento popular, sus organizaciones
y sus dirigentes, promovida y estimulada desde el Ministerio de Defensa
y sus grupos criminales afines, repercute negativamente en la búsqueda
de una eventual solución política que constituye el anhelo mayoritario
de la nación.
El gobierno de Juan Manuel Santos, cuenta con un reto gigante para su
accionar próximo: o es capaz de transformar un contexto nacional del
cual resulta principal autor, o se alista para el escalonamiento del
conflicto, opción infeliz y no deseada por nadie que ame esta patria.
Pero, de darse esta última vía, la responsabilidad principal ha de
recaer sobre el mismo gobierno y sobre los hombros de la clase dirigente
de este país.
Porque, se pueden firmar todos los acuerdos de Paz que se quieran y
tener la mejor voluntad por parte de la insurgencia, pero mientras la
llamada clase dirigente no deponga su intransigencia política y su
cerrada oposición a los cambios democráticos, ningún acuerdo servirá.
¿De qué sirve firmar acuerdos de paz con la insurgencia, si el paramilitarismo y la intransigencia oficial siguen asesinando, desplazando e impidiendo que las cosas evolucionen?
¿De qué servirían los acuerdos, si los firmantes de un eventual acuerdo de paz, van a ser asesinados, cuando hagan política pública?
Es un hecho particularmente grave el ensañamiento contra la líder
comunitaria y adalid en la lucha por la restitución de tierras Ana
Fabricia Córdoba, prima hermana de la senadora Piedad Córdoba, a quien
no solo le asesinaron a su esposo Delmiro Ospina junto a su hijo Carlos
Mario de escasos 13 años, sino también a ella misma, después a su tercer
hijo Jonathan y ahora según reseñan las noticias, a su cuarto hijo, a
Carlos Arturo Ospina Córdoba. Es decir, un genocidio en toda la regla,
por el solo delito de reclamar sus derechos.
Mucho más grave aún es que todos estos crímenes permanezcan sin castigo y en total y absoluta impunidad.
Para completar, ahora aparece un panfleto firmado por el grupo de los
“Rastrojos” amenazando y poniendo precio a la cabeza de conocidos
líderes y dirigentes populares de la Unión Patriótica y de Marcha
Patriótica, sin que el gobierno pueda impedirlo.
Si el gobierno del presidente Santos no es capaz de controlar y
ponerle freno al sector militarista enemigo de la paz, que encabeza su
ministro Pinzón y a los grupos paramilitares que amenazan abiertamente
con hacer abortar el proceso, nos veremos abocados inexorablemente a
seguir en guerra por muchos años más, lo que sería fatal para el futuro
de nuestra Patria.
Es allí donde está el quid de la cuestión.
C. Pablo Catumbo
Tomado de http://www.pazfarc-ep.org
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