Las delegaciones de la guerrilla y el gobierno colombiano
anunciaron un acuerdo sobre el segundo punto de la agenda. Se refiere a
la participación política de los insurgentes. Es una gran noticia. Aún
falta mucho para festejar la paz.
EMILIO MARIN
El 6 de noviembre se dio una buena noticia para Colombia y el resto de Latinoamérica: los delegados de las FARC y del gobierno de Juan M. Santos habían arribado en La Habana a un acuerdo básico sobre el segundo punto de la agenda que vienen negociando. El comunicado de Iván Márquez por la fuerza guerrillera y el ex vicepresidente Humberto de la Calle por el gobierno tuvo un fuerte impacto, por varias razones.
Una, porque el capítulo concluido era uno de los más importantes pues versaba sobre la participación política de la fuerza guerrillera en caso que se convierta en un movimiento político. Eso sin quitar mérito a otras agrupaciones que pudieran provenir de otras expresiones armadas, caso del ELN, y una variada gama de organizaciones sociales.
La otra razón por la que la noticia fue tan celebrada tiene que ver con que en los últimos tiempos habían aparecido varios nubarrones sobre el porvenir de la negociación. El presidente Santos había criticado a su contraparte diciendo que ésta quería darles largas a la negociación. Los dirigentes guerrilleros lo habían cuestionado por enviar al Congreso un proyecto de ley para refrendar la negociación cuando ese punto figura en el quinto lugar de la agenda.
Tal apuro, denunciaba el comandante Rodrigo Londoño "Timochenko" desde las montañas de Colombia, tenía que ver con que en mayo de 2014 hay elecciones y el actual ocupante de la Casa de Nariño quiere ir por su reelección, para lo cual necesita un resultado rápido en la negociación. De ese modo diría al electorado: "yo derroté a las FARC en la guerra y luego las hice firmar la rendición en la mesa de diálogos, por lo tanto tienen que darme otros cuatro años más".
Cuando se reanudaron los diálogos, el 23 de octubre pasado, el ambiente no era el mejor en la mesa donde se sentaban Márquez con De la Calle. Afortunadamente en pocos días pudieron arribar a acuerdos básicos y anunciarlos el pasado miércoles 6.
Se amplía la participación.
De la Calle declaró a "El Tiempo" de Bogotá que se firmaron unas "20 cuartillas", aunque todo el documento no fue publicado aún. Sí se conocieron pautas generales, comentadas de uno y otro lado, que han generado buena expectativa, aún con críticas feroces del ex presidente Álvaro Uribe. Esta fea actitud prestigia más el núcleo de coincidencias alcanzado, aunque el mismo no supone que la paz esté ya asegurada o por llegar en el corto plazo.
En una columna suya en aquel diario, De la Calle puntualizó por qué lo firmado por los negociadores tiene buena calidad política.
Un aspecto serían las Garantías. Una vez firmado el Acuerdo Final de Paz, el movimiento político que puedan generar los guerrilleros y otros sectores sociales van a convenir los lineamientos para que el gobierno presente un "Estatuto de la Oposición" para su aprobación parlamentaria. Tales movimientos opositores verían favorecida su legalidad e intervención política. Se supone que tendrían asegurada su propia seguridad, con "la tolerancia y visión pluralista" de un Estado que en los últimos 60 años no hizo gala de ese punto de vista.
En participación política, el piso del 3 por ciento de los votos se mantendría al solo efecto de la distribución de las bancas, pero los partidos mantendrían su reconocimiento y personería aún con menos de ese rango, con financiación del Estado y acceso a los medios de comunicación.
Otra novedad son las "Circunscripciones Territoriales de Paz" a crearse en zonas muy afectadas en estos años por el conflicto armado. Se daría una suerte de "premio" o compensación a la población que más sufrió, permitiéndole elegir algunos diputados más que lleven la representación de los movimientos sociales, campesinos, originarios, etc.
El ex vicepresidente explicó: "No se trata de mecanismos para fomentar la representación del movimiento que surja de las FARC, sino de aumentar en forma transitoria la presencia en la Cámara de Representantes de aquellos territorios que por razón del conflicto se han visto marginados del sistema representativo. Serán a la manera de círculos electorales dentro de los departamentos para que se elijan representantes adicionales".
Ultraderecha cuestiona.
Santos usó la cadena nacional para informar y autofelicitarse por los avances de la negociación, luego del acuerdo sobre el segundo punto de la agenda. Se ufanó de no haber despejado "ni un milímetro del territorio" y, sin embargo, haber podido avanzar y conseguir buenos resultados, con la esperanza de llegar "al puerto de la paz".
Su campaña en ciernes para la reelección empezó a gozar de buenos impulsos. El Centro Nacional de Consultoría (CNC) publicó el 9 de noviembre un sondeo según el cual la imagen positiva del presidente había aumentado algo más de diez puntos, subiendo desde el 44 hasta el 55 por ciento.
Incluso acciones que no fueron propias, sino de las FARC, le dieron rédito reeleccionista. Por ejemplo, recibió los plácemes del secretario de Estado norteamericano, John Kerry, el 27 de octubre pasado, luego que la guerrilla liberara al ex marine Kevin Scott, capturado cuatro meses antes en el Guaviare, al sureste. Las FARC pidieron a la ex senadora Piedad Córdoba como facilitadora de la liberación y Santos la vetó. Luego hicieron otro tanto con el pastor estadounidense Jesse Jackson y aquél volvió a oponerse. Al final el ex marine fue entregado a una misión de la Cruz Roja Internacional y representantes de Colombia, Cuba y Noruega (facilitadores de la negociación que arrancó en Oslo y siguió en La Habana). Y Kerry terminó agradeciendo sólo a Santos...
La ultraderecha colombiana está en contra de los anuncios del 6/11 como estuvo en contra de lo firmado el 26 de mayo pasado sobre la cuestión agraria, primer saldo positivo. El vocero de esta oposición es Uribe, quien declaró: "no dijo el gobierno si los terroristas responsables de delitos atroces como secuestro, reclutamiento de niños, etc, serían elegibles, lo que nunca debe ser". Su gran temor es que los guerrilleros terminen ocupando escaños. Uribe no se baja de su deseo de pena de muerte para esas personas y, a lo sumo, querría reclusión perpetua para todos, aún cuando la ola de violencia comenzada en 1948 con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán no haya sido de inspiración guerrillera sino obra del Estado oligárquico liberal-conservador, sus fuerzas armadas y grupos paramilitares.
Que sí, que no.
El uribismo también se expresó mediante su candidato presidencial, Oscar Zuluaga, quien manifestó que si llega al poder el año próximo procederá a romper el proceso de paz. No parece un peligro mortal porque las encuestas aseguran que más del 60 por ciento de la población está a favor de la continuidad de las negociaciones, pero tampoco podría subestimarse a la ultraderecha nostalgiosa del genocidio.
La división entre el derechista Santos y el ultraderechista Uribe es una buena noticia para los colombianos que apuestan a la paz.
¿Adónde van las FARC? La fuerza dirigida por Timochenko, integrada por unos 8.000 hombres y mujeres, ha ratificado su voluntad de negociar la paz. No sería descartable que en las próximas semanas decida declarar otra vez un alto unilateral del fuego por dos meses, como lo hizo a fines de 2012. Algunas voces piden que en ese interín se comience un proceso de desminado de zonas.
Los insurgentes han adelantado que si se llega a un acuerdo final de paz, estarían de acuerdo en "dejar las armas", que no es igual a "entregar las armas". La primera opción podría suponer un entierro en lugar seguro, por propia cuenta, por si en el futuro fuera necesario recuperarlas. La segunda pone el armamento en manos del ejército enemigo.
En esa diferencia hizo hincapié Uribe, quien exageró que esa falta de entrega de armas supone que las FARC "avanzan hacia la toma de la democracia para llevar a Colombia al castrochavismo".
De la agenda de 5 puntos hay dos acordados en términos generales, con cuestiones pendientes. Y restan otros tres: erradicación de cultivos de drogas, reparación a las víctimas del conflicto armado e implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. El 18 de noviembre, el día antes a que se cumpla el año exacto de inicio de los diálogos, se retomarán las discusiones sobre la erradicación de drogas ilícitas.
Una duda de las FARC gira en torno a las garantías para sus combatientes de arribarse a un acuerdo final con desmovilización. Secundariamente, y antes que el asunto no resuelto de si sus dirigentes con causas pendientes ante la justicia del militarismo podrán o no ser candidatos, la preocupan casos como el de Simón Trinidad, extraditado a EEUU y condenado allí a 60 años de prisión.
Sus interrogantes sobre la bondad de este proceso tienen que ver con la distante reforma agraria. Una ley de restitución de tierras a los legítimos dueños ya tiene un año de vigencia, pero los campesinos desplazados se quejan de las demoras y la controladora Sandra Morelli informó que se había revisado apenas el 2 por ciento de las 19.000 solicitudes de restitución, sin fallos judiciales favorables a los campesinos.
Tomado de http://www.laarena.com.ar
