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miércoles, 5 de agosto de 2015

Se abre la fosa común más grande de Colombia



A la fecha, siguen impunes los comandantes de policía, ejército y el ex presidente Uribe que ordenaron y ejecutaron la Operación Orión y otras en 2002. Katerine piensa que además de Don Berna el gobierno tiene la responsabilidad de lo que le pasó a su papá y tantas familias de la Comuna 13 que aún no conocen el paradero de sus seres queridos como los sobrevivientes de más de 30 mil desaparecidos que ha dejado el conflicto armado en Colombia.

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Removerán tres mil metros cúbicos de tierra hasta llegar a los 13 metros de profundidad. Allí estarían los primeros restos óseos. Nadie ha respondido por esta desaparición o la de cientos de hombres y mujeres durante la Operación Orión.

lunes, 12 de agosto de 2013

Sacerdote que mandaba a matar desde el púlpito hoy está prófugo

El pasado jueves, el padre Óscar Albeiro Ortiz llegó muy temprano a la parroquia del corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín. Alistó su alba, el cíngulo, la estola y celebró la misa. Tenía que volver de nuevo, a las cinco de la tarde, pero desapareció.

Al otro día fue condenado a 19 años de cárcel por homicidio, concierto para delinquir y desaparición forzada.

La sala Penal del Tribunal Superior de Medellín dio a conocer el viernes 2 de agosto la revocatoria de un fallo de un juez que lo había absuelto el 10 de agosto del 2012. Con la revocatoria queda en firme la sentencia contra el padre, acusado de dos masacres y de liderar la banda ‘los Desmovilizados’, un grupo ilegal conformado por exmiembros del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc.

El padre Óscar nació en San Antonio de Prado, fue ordenado sacerdote católico el 28 de agosto de 1993 tras haber estudiado 13 años en el seminario jesuita de Yarumal, Antioquia. Viajó por un periodo a África, para terminar su formación religiosa y, cuando regresó al país, en 1998, llegó al mismo templo donde estaba el pasado jueves. Allí se hizo famoso porque sus celebraciones litúrgicas eran modernas y conmovedoras, “a veces lloraba en plena eucaristía”, cuenta una de sus feligreses.

Pero ahí también empezaron sus problemas porque, desde el altar, lanzaba reprimendas contra homosexuales, guerrilleros y marihuaneros.

Se hizo amigos y enemigos por su cercanía con Severo Antonio López, alias ‘Job’, y con el comandante Camilo, que eran los mandos medios de alias ‘don Berna’, el paramilitar que dominaba la zona. Un día después de irse de esta capilla en el año 2000, fueron asesinados cinco jóvenes que estaban acampando cerca de la Iglesia, a los cuales el padre, desde el púlpito, había tildado de guerrilleros. Fueron desmembrados.

Esa es una de las dos masacres por las que acusan al padre, que se hizo famoso en el barrio El Limonar a donde llegó trasladado ese año y donde algunos lo ven como un dios. “Esto aquí era un barranco. Él, ladrillo a ladrillo, teja a teja, construyó la iglesita”, dice Gloria Berrío, quien trabajo con él dos años aseando el templo.

En esas misas precisamente les anunció a sus feligreses que el barrio iba a ser pacificado: “Va a llegar una gente que nos va a ayudar, pero les pido que no denuncien”. Y pronto llegaron ‘don Berna’ y alias ‘Job’ entonces jefes de la ‘oficina de Envigado’. “Los confesaba primero que a todos, luego se reunían a rezar y por último se encerraban a hablar”, denuncia un habitante del sector, víctima de las amenazas del padre Óscar.

Andrés* también lo recuerda como un hombre violento que les pegaba a niños y mujeres: “Una vez me llevó a la Iglesia me amarró y me empezó a dar palo. Me dijo que si no me comportaba me ‘ofrecía tres balas’”.

Julián*, hoy integrante del combo delincuencial del ‘Limonar 1’, asegura que un amigo suyo fue asesinado por el cura: “Lo llamó por los parlantes de la Iglesia. Como el ‘man’ no fue le soltó a los ‘paracos’ que se lo llevaron a El Manantial –un barranco a unos metros de la Iglesia–. Allá lo torturaron. Me tocó ver todo. Cuando el padre llegó, después de haberle pegado, se escucharon unos disparos. No puedo decir que él lo mató, pero dio la orden”.
“El ‘man’ siempre cargaba el ‘fierro’ en el guardabiblia y cuando conversaba con uno se lo ponía en las piernas”, agrega. En el 2010 el alcalde de la época, Alonso Salazar lo denunció por ser jefe de una banda criminal que se asoció con paramilitares y así comenzó una investigación de la que fue absuelto.
Después de eso, nunca dejó de dar misa, hasta el pasado jueves, cuando se fugó, un día antes de ser condenado.

*Nombres cambiados por seguridad.

Testigos fueron asesinados

En el proceso en el que fue absuelto el padre Óscar en el 2010 (el que fue revocado el pasado 2 de agosto), hubo dos asesinatos que llamaron la atención de los investigadores del CTI. El de Gustavo González acribillado en un taller de Itagüí el 13 de mayo de 2009, justo un día antes de ir a una cita en la Fiscalía; y el de John Arango, un informante que adelantaba gestiones para entrar al Programa de Protección de Testigos y que fue baleado en 2010. Otros fueron torturados y desplazados.

YEISON GUALDRÓN
Corresponsal de EL TIEMPO
Medellín

ANNCOL

domingo, 24 de febrero de 2013

50 años de una matanza en Colombia



 


Hoy 23 de febrero se cumplen 50 años de la masacre de cementos El Cairo

Un crimen de Estado sin perdón y olvido

 
Por Roberto Romero Ospina, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
 
“Listos, apunten, fuego”. Así, literalmente, fue la orden que decenas de trabajadores oyeron aquella tarde de sábado en las afueras de la fábrica. No podían creer que las tropas recibieran el bando de muerte por defender sus derechos.
 
El 23 de febrero de 1963, hace medio siglo exacto, cuando los obreros de cementos El Cairo, en Santa Bárbara, a 502 kilómetros al sur de Medellín, se apostaron a la salida de la factoría para impedir que una caravana de 40 volquetas cargadas de klinker, -- una de las materias primas para la producción de cemento—salieran a las instalaciones de cementos Argos hacia Medellín, los soldados al mando del capitán Guzmán y el sargento Jaramillo, abrieron “fuego a esa gente”.
 
Como recuerda hoy Sutimac, el sindicato de los obreros de la construcción, enseguida se inició una cerrada descarga de fusiles que apuntaban en todas las direcciones. Entonces empezaron a caer los primeros heridos y varios muertos, entre ellos la niña de 12 años, María Edilma Zapata, hija del trabajador y sindicalista cementero Luís Eduardo Zapata García.
 
Santa Bárbara, conocida como el poblado de los bellos paisajes y cuna de la cordialidad, conocía la peor tragedia de su historia: trece muertos y dos docenas de heridos graves, todos a punta de fusil.
 
El país estaba consternado y el ministro de Trabajo de la época, el conservador Belisario Betancur, quien no daba instrucciones serias para resolver el litigio laboral, se limitó a decir que lamentaba la tragedia.
 
Por lo menos un lamento. Por que el gobernador de Antioquia, Fernando Gómez Martínez y dueño el periódico El Colombiano no dejaba pasar un día sin insultar en las páginas de su vocero a la organización sindical que exigía mejores salarios y respeto a sus derechos.

El cómplice intelectual de la matanza a los obreros; el Gobernador Fernando Gómez Martínez,
dueño del diario El Colombiano, que desde su trinchera de terrorismo mediático atacó
sistemáticamente a la organización sindical por irresponsable. En la foto  con el poder
militar e de la Iglesia Católica

 
Para los trabajadores, entre los responsables de esta masacre están las directivas de Cementos El Cairo, el Presidente de la República, Guillermo León Valencia, el Coronel Armando Valencia Paredes, el Capitán Guzmán y el Sargento. Pero jamás fueron llamados a juicio y las investigaciones se extraviaron entre juzgados y tribunales.
 
Hoy sábado tuvieron lugar varios homenajes en Santa Bárbara, la ciudad antioqueña de la cordialidad, en memoria de los trabajadores. Sus pobladores jamás conocerán el olvido y por el contrario aun exigen justicia. El Estado, tan acucioso en exigir el respeto a las leyes de la República, en esta hora de reparación, debe también pedir perdón.
 
Publicamos un excelente reportaje del estudiante de la Facultad de Periodismo de la Universidad Antioquia Juan David López a propósito de esta amarga lección para los colombianos.
 
En la foto, el dirigente sindical de los cementeros, Luis Eduardo Zapata, sobreviviente de la masacre y padre de la niña María Edilma, muerta aquel día:
 


Con el cemento en la sangre, 50 años de la masacre de El Cairo
 
Por Juan David López Morales
 
El viento frío de las 5 de la tarde fue testigo de todo. Una fila de 40 volquetas cargadas con cemento elaborado y clinker, que según el Gobernador de Antioquia tenían que pasar “costara lo que costara”, fue retenida por unos 150 trabajadores de Cementos El Cairo apostados sobre la Troncal de Occidente.
 
Tras 26 días de huelga, una determinación los reunía en ese momento: las volquetas, conducidas por “esquiroles”, no pasarían. Marta Lía Patiño no salió de su casa, pero desde su ventana vería cómo un conflicto laboral desencadenaría una de las masacres más emblemáticas y olvidadas de la historia reciente de Colombia.
 
El hecho tuvo lugar a tan solo unas cuadras del parque principal de Santa Bárbara, donde hoy se levanta un obelisco, un mausoleo rodeado de pinturas y frases alusivas a la lucha obrera y sindical, a la lucha de clases y a los caídos de ese día. Sobre la base de éste, se instalaron varias placas de distintos sindicatos del Departamento en las cuales lamentan las pérdidas.
 
La mayor parte del tiempo, este sitio de memoria de aquel 23 de febrero, permanece cerrado entre rejas rojas. Y, aunque la memoria sobre estos hechos agoniza, este año se rendirá homenaje a las víctimas tras 50 años de impunidad.
 
En este pueblo va a pasar algo -Arrégleme al “Ojón”, yo me lo llevo. Usted sabrá cómo se va a defender aquí, pero la cosa como que está maluca.
 
“El Ojón” era Fabio, hijo mayor de Marta Lía y Fabio Villada. Aunque en el Barrio Obrero –hoy conocido como Los Almendros– todo parecía normal, el ambiente estaba enrarecido. Un convoy de volquetas había pasado a eso de las nueve de la mañana hacia la fábrica de Cementos El Cairo. Los huelguistas se preparaban.
 
Desde la ventana de su casa, doña Lía vio a varios soldados que se encontraban apoyados sobre el pecho en posición de francotiradores. Estaban detrás del Hospital, una construcción encaramada en un morro al frente del Barrio Obrero. Allí, los uniformados tenían la panorámica de la vía por donde el cemento debía pasar “a como diera lugar”.
 
Los huelguistas cargaban canecas con agua por la calle principal del barrio hacia la caseta que, desde temprano, habían armado junto a la carretera. También cargaban toallas. Se preparaban para contrarrestar el efecto de los gases lacrimógenos porque sabían que las volquetas venían escoltadas por el Ejército y la Policía.
 
La casa de doña Lía es una construcción vieja en la que un largo corredor conecta la puerta principal con todas las habitaciones y un solar, donde ella permanece sentada por horas. Hace más frío que afuera y el viento va y viene todo el tiempo entre el solar y la sala. Esta casa también sería, hace cincuenta años, testiga muda de los hechos de ese día.
 
Del conflicto laboral al conflicto de intereses Los intentos de negociación, presididos por un tribunal de arbitramento, no lograban poner de acuerdo a obreros y patrones. Medellín estaba desabastecido de cemento. El 22 de febrero, más de 20 compañías constructoras de la ciudad firmaron una petición conjunta en la que amenazaban con despidos si no llegaba el material para emplear a “millares de obreros” en Medellín.
 
Así, la imposibilidad de solucionar un problema laboral en Santa Bárbara amenazaba con desencadenar un problema laboral aún peor en la capital.
 
En primer lugar, la comunicación responsabilizaba a los huelguistas de El Cairo del desempleo que se desencadenaría. El segundo y último punto anunciaba que, desde el 25 de febrero siguiente, “no podremos garantizar un pleno empleo, y las jornadas serán limitadas por las cantidades de cemento que se reciban, dejando clara constancia de que llevamos más de un mes trabajando con mínima eficiencia, con graves perjuicios para nuestras compañías, para nuestros clientes y para la economía en general”.
 
De esta manera, las empresas firmantes y Camacol, como representante del gremio de la construcción, comenzaron a presionar la necesidad de que pasaran el cemento y el clinker. Este último era la materia prima necesaria para que empresas como Cementos Argos pudieran elaborar el cemento para cubrir la demanda de los constructores de Medellín.
 
La huelga de El Cairo despertó un interés particular en el Gobierno Nacional, en una época en que los conflictos laborales y sindicales eran frecuentes en todo el país. Eduardo Uribe Botero se desempeñaba como Ministro de Gobierno durante la presidencia de Guillermo León Valencia, la segunda del Frente Nacional y la primera conservadora. El 26 de febrero de 1964 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá preguntó a Uribe Botero, cuando actuaba como embajador de Colombia en Washington, si en ese momento él o su familia eran accionistas de Cementos Argos o de Cementos El Cairo: “No soy accionista de Cementos El Cairo. Soy accionista de Argos. No sé si mis familiares tienen acciones en esas Compañías, pues cuento con no menos de ochenta familiares entre hermanos, cuñados, primos hermanos, sobrinos, hijos de sobrinos, etc…, etc.”
 
En el libro La Masacre de Santa Bárbara (Frente Nacional 1958-1965), el Centro de Investigación José Carlos Mariátegui, de tendencia marxista-leninista, sostiene que Uribe Botero tiene contradicciones al respecto. “Lo que no confiesa es que para el 23 de febrero de 1963 desempeñaba con simultaneidad el Ministerio de Gobierno y el puesto de miembro principal de la Junta Directiva de Cementos El Cairo, como lo comprueba claramente la respuesta dada por la Cámara de Comercio de Medellín el 4 de febrero de 1964 a una solicitud que al respecto le hizo el Tribunal Superior de Bogotá el 26 de febrero de 1963”.
 
El Ministro de Gobierno tenía un conflicto de intereses con la huelga de El Cairo. Sin embargo, manifestó al mismo Tribunal que no tenía conocimiento de éste por ser de influencia directa del Ministerio de Trabajo y no de su cartera. Pero tal conflicto quedó en evidencia cuando el 25 de febrero, dos días después del trágico desenlace de la huelga en Santa Bárbara, la Asamblea General de Accionistas de El Cairo registró ante la Cámara de Comercio el nombramiento de una nueva Junta Directiva en la que no aparecía Uribe Botero, hasta entonces tercero principal de la Junta.
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Agencia de Noticias Nueva Colombia, ANNCOL

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