El pasado jueves, el padre Óscar Albeiro Ortiz llegó muy temprano a la parroquia del corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín. Alistó su alba, el cíngulo, la estola y celebró la misa. Tenía que volver de nuevo, a las cinco de la tarde, pero desapareció.
Al otro día fue condenado a 19 años de cárcel por homicidio, concierto para delinquir y desaparición forzada.
La
sala Penal del Tribunal Superior de Medellín dio a conocer el viernes 2
de agosto la revocatoria de un fallo de un juez que lo había absuelto
el 10 de agosto del 2012. Con la revocatoria queda en firme la sentencia
contra el padre, acusado de dos masacres y de liderar la banda ‘los
Desmovilizados’, un grupo ilegal conformado por exmiembros del bloque
Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc.
El
padre Óscar nació en San Antonio de Prado, fue ordenado sacerdote
católico el 28 de agosto de 1993 tras haber estudiado 13 años en el
seminario jesuita de Yarumal, Antioquia. Viajó por un periodo a África,
para terminar su formación religiosa y, cuando regresó al país, en 1998,
llegó al mismo templo donde estaba el pasado jueves. Allí se hizo
famoso porque sus celebraciones litúrgicas eran modernas y conmovedoras,
“a veces lloraba en plena eucaristía”, cuenta una de sus feligreses.
Pero
ahí también empezaron sus problemas porque, desde el altar, lanzaba
reprimendas contra homosexuales, guerrilleros y marihuaneros.
Se
hizo amigos y enemigos por su cercanía con Severo Antonio López, alias
‘Job’, y con el comandante Camilo, que eran los mandos medios de alias
‘don Berna’, el paramilitar que dominaba la zona. Un día después de irse
de esta capilla en el año 2000, fueron asesinados cinco jóvenes que
estaban acampando cerca de la Iglesia, a los cuales el padre, desde el
púlpito, había tildado de guerrilleros. Fueron desmembrados.
Esa
es una de las dos masacres por las que acusan al padre, que se hizo
famoso en el barrio El Limonar a donde llegó trasladado ese año y donde
algunos lo ven como un dios. “Esto aquí era un barranco. Él, ladrillo a
ladrillo, teja a teja, construyó la iglesita”, dice Gloria Berrío, quien
trabajo con él dos años aseando el templo.
En
esas misas precisamente les anunció a sus feligreses que el barrio iba a
ser pacificado: “Va a llegar una gente que nos va a ayudar, pero les
pido que no denuncien”. Y pronto llegaron ‘don Berna’ y alias ‘Job’
entonces jefes de la ‘oficina de Envigado’. “Los confesaba primero que a
todos, luego se reunían a rezar y por último se encerraban a hablar”,
denuncia un habitante del sector, víctima de las amenazas del padre
Óscar.
Andrés*
también lo recuerda como un hombre violento que les pegaba a niños y
mujeres: “Una vez me llevó a la Iglesia me amarró y me empezó a dar
palo. Me dijo que si no me comportaba me ‘ofrecía tres balas’”.
Julián*,
hoy integrante del combo delincuencial del ‘Limonar 1’, asegura que un
amigo suyo fue asesinado por el cura: “Lo llamó por los parlantes de la
Iglesia. Como el ‘man’ no fue le soltó a los ‘paracos’ que se lo
llevaron a El Manantial –un barranco a unos metros de la Iglesia–. Allá
lo torturaron. Me tocó ver todo. Cuando el padre llegó, después de
haberle pegado, se escucharon unos disparos. No puedo decir que él lo
mató, pero dio la orden”.
“El
‘man’ siempre cargaba el ‘fierro’ en el guardabiblia y cuando
conversaba con uno se lo ponía en las piernas”, agrega. En el 2010 el
alcalde de la época, Alonso Salazar lo denunció por ser jefe de una
banda criminal que se asoció con paramilitares y así comenzó una
investigación de la que fue absuelto.
Después de eso, nunca dejó de dar misa, hasta el pasado jueves, cuando se fugó, un día antes de ser condenado.
*Nombres cambiados por seguridad.
Testigos fueron asesinados
En
el proceso en el que fue absuelto el padre Óscar en el 2010 (el que fue
revocado el pasado 2 de agosto), hubo dos asesinatos que llamaron la
atención de los investigadores del CTI. El de Gustavo González
acribillado en un taller de Itagüí el 13 de mayo de 2009, justo un día
antes de ir a una cita en la Fiscalía; y el de John Arango, un
informante que adelantaba gestiones para entrar al Programa de
Protección de Testigos y que fue baleado en 2010. Otros fueron
torturados y desplazados.
YEISON GUALDRÓN
Corresponsal de EL TIEMPO
Medellín
ANNCOL
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