A
la fecha, siguen impunes los comandantes de policía, ejército y el ex
presidente Uribe que ordenaron y ejecutaron la Operación Orión y otras en 2002.
Katerine piensa que además de Don Berna el gobierno tiene la responsabilidad de
lo que le pasó a su papá y tantas familias de la Comuna 13 que aún no conocen
el paradero de sus seres queridos como los sobrevivientes de más de 30 mil
desaparecidos que ha dejado el conflicto armado en Colombia.
Removerán tres mil metros
cúbicos de tierra hasta llegar a los 13 metros de profundidad. Allí estarían
los primeros restos óseos. Nadie ha respondido por esta desaparición o la de
cientos de hombres y mujeres durante la Operación Orión.
Cuando se llevaron a
Edgar, el papa de Kate, ella tenía 13 años y el señor manejaba un pequeño bus
que conducía a los altos de la Comuna 13 en los límites con la zona rural,
donde hoy comienza a desenterrarse el horror: un Estado que, además de cómplice
de grupos paramilitares en 2002 por orden de Álvaro Uribe para “retomar” esta
zona, ha sido indolente con el clamor de las víctimas que desde entonces
señalan que allí, en el extremo de la 13, los guerreros encapuchados o no
arrodillaban a sus víctimas y las hacían cavar su propia tumba. “Mi papá podría
estar ahí; lo sabemos desde que se lo llevaron en 2002. Ahora espero con mucha
fe poder encontrar sus restos. Si me dejaran, hasta ayudaría a excavar. Tengo
ansiedad y dolor por lo que pueda encontrar. Sólo quiero abrazarlo una vez más
y darle una sepultura”, le cuenta la joven a Página/12 una semana después del
despliegue de operaciones que comenzaron en La Escombrera pero que sólo hoy
iniciarán con la remoción de tierra.
La semana pasada
comenzaron las adecuaciones y el Estado, ahora sí, llegó con sus funcionarios
judiciales de trajes negros, sus fiscales de tacones altos, sus psicólogos de
chaleco y, por supuesto, sus efectivos de policía porque, según se ha dicho,
los “combos” ilegales que siguen en la zona estarían incómodos con la presencia
de las autoridades y el inicio del Proyecto La Escombrera. Jorge Mejía,
coordinador del tema en la alcaldía de Medellín, le explica a este diario que
ayer las víctimas desmintieron que hayan declarado a El Colombiano que había
amenazas de los “combos” por el tema, pero que “es posible que sí haya malestar
de los mismos; sin embargo, no contamos con denuncias formales al respecto”. A
Mejía, la seguridad no le preocupa. Explica que la Fuerza Pública tiene
acordonado el sector para garantizar que la Zaranda Clasificadora remueva
cuidadosamente tres mil metros cúbicos de tierra sin inconvenientes de orden
público, para que luego con pala y pico hombres de la fiscalía y apoyos
técnicos de la alcaldía excaven aún con más juicio y rigor hasta llegar 13
metros abajo. Allí, se supone, se tocaría el suelo original y es donde estarían
los primeros restos óseos. Para Katerine, no se trata de un hallazgo
cualquiera.
Entre la oscuridad y el
silencio que han reinado por 13 años en esta montaña de vergüenza, estaría su
“gordito”, uno de los cientos de civiles que se tragó la tierra con la
Operación Orión y la hegemonía paramilitar que vino ese año tras los operativos
que, según afirmó el comandante para Alias Don Berna desde una cárcel en
Estados Unidos, se planearon y ejecutaron juntamente con sus hombres del Bloque
Cacique Nutibara, el ejército y la policía. El 30 de noviembre de ese año, fue
que a Edgar no se le vio nunca más. Los hombres con rostros cubiertos que
muchas madres denuncian que eran incluso soldados de la Fuerza Pública, se llevaron
al papá de Kate en el mismo busesito donde ella, cada fin de semana, recorría
las calles de esa comuna habitada por los más excluidos.
“A mi papá se lo llevaron
por la noche. Yo estaba en la Arenera esperándolo con mi mamá, porque era
quincena y él me daba la plata todas las quincenas. El subía en su colectivo y
subía muy lleno. Me dijo que lo esperara cuando volviera más vacío. Cuando ya
el colectivo bajaba iba él solito y la mujer y como tres o cuatro hombres
encapuchados; mi papá solamente me miró, me miró con nostalgia, y ahí empecé yo
a los gritos. Esa fue la última vez que lo vi”, narra Kate, quien entonces
tenía 13 años. Hoy, ya con 25 y a la espera de continuar sus estudios y
conseguir un trabajo, no se explica por qué los gobiernos se hicieron los
sordos ante los reclamos de la sociedad por cesar de arrojar dese- chos y
comenzar a buscar los cientos de desaparecidos.
Para Jorge Mejía, “la
historia será quien les reclame a esos gobiernos anteriores que
desafortunadamente no hicieron caso a los reclamos de las víctimas”. Para él,
representante del gobierno local, también es lamentable que “la Operación Orión
no dejara como resultado la presencia del Estado, sino la paramilitarización”.
En medio de la presencia
de los herederos del trono “para” que continúan ejerciendo el dominio de la
zona, es que las máquinas, los operarios, las policías y las víctimas
comenzarán hoy el campamento planeado para iniciar hace una semana cuyo inicio
se retrasó por razones técnicas. Había que acordonar, iluminar, trazar
cuadrículas, explica Mejía. Katerine entiende esas razones y se prepara, una
vez más, para subir a lo alto de su barrio con la esperanza de hallar a su
padre. “Te estaré esperando, mi gordito”, escribe en el muro de su red social
cada noche de desvelo desde que se anunció que este gran crimen aún impune
comienza a desenterrarse.
“Quiero hacer lo que sea
necesario para encontrarlo rápido”, explica la muchacha ansiosa, con nervios,
con llanto, pero aun así con el aliento de continuar la lucha por la búsqueda
de su ser querido desaparecido y los trescientos que, según la comunidad,
estarían bajo La Escombrera. También espera que la empresa de la escombrera
contigua al fin cierre la zona donde continúa echando escombros y basuras.
Jorge Mejía le explica a este diario que ya están en marcha una acción legal
para conseguir que BioParques detenga su actividad comercial antes del fin de
este año; y así, después del polígono 1 que es donde se inician hoy las
remociones de tierra, se continúe en ese terreno. “Estamos haciendo todo lo
posible para la suspensión de esas actividades; pero la empresa tiene unos
derechos y títulos mineros”, señala Mejía quien, como las víctimas, está
esperanzado en encontrar muchos restos humanos no solo para que sus familiares
puedan sepultarlos y dejar de buscarlos sino para iniciar un proceso judicial.
“Recordemos que esto es una diligencia judicial con implicaciones legales”,
asevera el coordinador del Proyecto La Escombrera. Pero, ¿quién deberá pagar? A
la fecha, siguen impunes los comandantes de policía, ejército y el ex
presidente Uribe que ordenaron y ejecutaron la Operación Orión y otras en 2002.
Katerine piensa que además de Don Berna el gobierno tiene la responsabilidad de
lo que le pasó a su papá y tantas familias de la Comuna 13 que aún no conocen
el paradero de sus seres queridos como los sobrevivientes de más de 30 mil
desaparecidos que ha dejado el conflicto armado en Colombia.
Por Katalina Vásquez Guzmán/Página 12 en Colombia
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