Elías
Barahona y Barahona, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de
Periodistas (Felap) y Secretario de su Comisión Investigadora de Atentados a
Periodistas (Ciap-Felap), vive unan pesadilla laboral en su país: hace 12 años
le quitaron la mitad de su jornada laboral en la Escuela de Ciencias de la
Comunicación (ECC), de la Universidad de San Carlos (USAC), pero la institución
empleadora no le hace caso a una sentencia judicial que restituye sus derechos
laborales de manera retroactiva, para dejarlo en una suerte de limbo
administrativo: despedido por inercia, por cumplir 70 años, pero sin someterse
a la sentencia judicial ni proceder al despido formal que le permitiría iniciar
sus trámites de jubilación tras una vida entera dedicada al periodismo. Para su
colega Favio Hernández, el caso “llora sangre” (EC-MapochoPress). Texto
completo:
“Si
esto es justicia, ¿cómo será la injusticia? Un caso que llora sangre. ¿Qué está
pasando en la USAC?”.
El
colega Elías Barahona y Barahona fue el último Director de la Escuela
Centroamericana de Periodismo (ECAP), y el primer Director de la Escuela de
Ciencias de la Comunicación (ECC), de la Universidad de San Carlos (USAC),
electo por el Consejo Superior Universitario en 1975.
Al
frente de la nueva unidad académica modernizó los planes de estudio y creó las
carreras de periodismo, locución y publicidad a nivel de licenciatura, ya que
la ECAP solamente otorgaba el título de Periodista Profesional.
Su
interés principal estribó en convertir a los futuros profesionales de la
comunicación social en agentes transformadores de la realidad nacional para
contribuir a la construcción de una sociedad justa y equitativa.
Por
ello, y desde su cargo de reportero-redactor del desaparecido Diario El
Imparcial, donde laboró durante 15 años, implementó un convenio de práctica
periodística para los estudiantes en la prensa, la radio y la televisión.
Barahona,
de extracción campesina pobre, superó, en parte, la situación en que vivía su
-familia, estudiando de noche, lustrando zapatos y vendiendo periódicos y
luego, como Escuela de Ciencias de la Comunicación (ECC), de la Universidad de
San Carlos (USAC), -obrero en fábricas textiles de la zona 12, fundó sindicatos
y pasó a formar parte de la Escuela de Ciencias de la Comunicación (ECC), de la
Universidad de San Carlos (USAC), s “listas negras de los empresarios”.
Co-fundador
del radio periódico El Independiente, con el licenciado Ramiro Ponce Monroy, en
1962, en la Radio Nuevo Mundo de don Humberto González Juárez, inicia una
carrera profesional meteórica que lo lleva a medios radiales, escritos y
corresponsalías de prensa extranjera. Entre ellas la Agencia Mexicana de
Noticias, AFP, UPI, ACAN-EFE y otras.
En
1974 funda el Sindicato de Trabajadores en los Medios de Comunicación Social
(SIMCOS) y poco después se logra fijar el primer salario mínimo para los
periodistas, salario que hasta la fecha no ha sido revisado.
Su
actividad profesional y gremial lo convierten en uno de los objetivos de
los “escuadrones de la muerte” y se ve obligado a salir del país en 1980.
Entonces, sobrevive realizando cualquier tipo de tareas, pero su prioridad es
la denuncia de las violaciones a los derechos humanos en Guatemala, en
distintos países del mundo.
Puede
retornar a su patria en 1997 al suscribirse los Acuerdos de Paz y se
reincorpora a la docencia en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, gracias
a la intervención de su director, el doctor Carlos Interiano.
Su
carga académica es de cuatro horas, sin embargo por negarse a ser un
hombre-alfombra y siendo director Wangner Díaz, en 2001 le son disminuidas dos
horas. Por ese motivo planteó una demanda laboral ante el juzgado 7º de Trabajo
y Previsión Social cuya sentencia de primera instancia, tras nueve años de
litigio, le fue favorable el 11 de marzo del 2011 y el 4 de diciembre del 2012,
casi dos años después, la sala Tercera de Trabajo y Previsión Social confirma
la sentencia a su favor, por lo que ésta queda firme.
La
sentencia ordena el pago de salarios caídos durante todos esos años y la
restitución de las dos horas que le fueron disminuidas de su carga
académica, sin embargo, la señora Rosa María Ramírez Soto del
Departamento Jurídico de la Universidad de San Carlos ha obstaculizado la
ejecución de la sentencia sin que haya recursos pendientes.
La
situación de Barahona es delicada puesto que a sus 70 años y varias
enfermedades crónicas, con un salario mensual de un poco más de 2.000 quetzales
(algo menos de 250 dólares), será retirado este año de la docencia en un claro
acto de discriminación ya que la Organización Internacional del Trabajo
considera el despido por razones de edad como un típico delito de
discriminación en el Convenio suscrito con el Estado de Guatemala.
Barahona
está en un callejón sin salida. Si la universidad no cumple la sentencia él no
puede tramitar su jubilación en el seguro social y quedaría desamparado pues
tampoco se puede jubilar en el Plan de Prestaciones de la USAC porque no llena
el tiempo debido a su exilio de 18 años. Barahona es un ejemplo de ética
y honestidad en el gremio. En septiembre del año pasado la asamblea general de
la Federación Latinoamericana de Periodistas, en Venezuela, lo eligió uno de
sus vicepresidentes.
No
nos explicamos la política de recursos humanos del Alma Mater. Barahona tiene
14 diplomados, dos licenciaturas, dos maestrías, un doctorado en la Universidad
de Salamanca (pendiente de tesis) y cursa un doctorado en comunicación
social. Sus 25 años en administración y docencia universitaria en Guatemala y
otros países, sus 50 años de ejercicio periodístico y sus altas calificaciones
en las evaluaciones docentes parecen no importarle a las autoridades de la
Universidad de San Carlos.
El
gremio periodístico, sus estudiantes, sus colegas profesores han sugerido al
profesor Barahona no acudir, todavía, al ramo penal para pedir la captura del
Rector Estuardo Gálvez, que está cayendo en desacato. Nosotros nos preguntamos
si los pobres de Guatemala tienen alguna posibilidad de que se les haga
justicia, sobre todo tomando en cuenta, la avidez económica de la mayoría de
los abogados de este país. ¿Tendrán autoridad moral las autoridades de San
Carlos para demandar justicia en el caso de su presupuesto si ellas mismas no
son capaces de cumplir con la ley. Este caso, en realidad, llora sangre.
Por
Favio Hernández / Revista APG (Asociación de Periodistas de Guatemala) /
31-10-2013
Ernesto Carmona Ulloa
MAPOCHO PRESS
Santiago
- Chile
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