En su objetivo de no pagar la indemnización de
$ 19.000 millones por el daño ambiental, la transnacional petrolera
Chevron Corporation ha entablado varios juicios que no solo buscarían
dañar la imagen del país, de la justicia y amedrentar a los indígenas y
colonos de la Amazonía, sino acorralar y “quebrar” al Estado
ecuatoriano.
Así lo alertó el martes pasado el canciller Ricardo Patiño, durante
un conversatorio con la prensa nacional y extranjera. Esto también ha
sido denunciado por el presidente de la República, Rafael Correa.
De allí la idea del Gobierno no solo de demostrar al mundo que la
contaminación continúa en la Amazonía y que jamás se cumplió un
verdadero plan de remediación, sino de alertar las verdaderas
pretensiones de la multinacional estadounidense.
En uno de los juicios, por ejemplo, Chevron pide endosar al Estado
ecuatoriano la sentencia de $ 19.000 millones, pues culpa del daño
ambiental a la empresa estatal Petroecuador. Inclusive, exige que
Ecuador le pague indemnización por daños morales, lo que elevaría esa
suma.
De ocurrir aquello, sería “letal”, pues el Presupuesto General del
Estado es de $ 30.000 millones y pagar una sentencia así significaría
más del 60% de ese rubro, lo que causaría un gran daño a la economía.
De igual manera, pagar una millonaria sentencia como esa equivaldría a
más del 20% del Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador, el cual supera
los $ 80.000 millones.
Otro ejemplo que ilustra aquello es que las exportaciones del país
como cacao, petróleo, banano, entre otros, generan $ 24.000 millones al
mes. Ecuador se quedaría sin eso si la sentencia que se ventila en
cortes internacionales favorece a Chevron.
“El Estado va a seguir defendiéndose frente a esa gran transnacional.
Se equivocó de país”, ha repetido públicamente Correa, mientras que
Patiño dijo el martes: “Si creían que les íbamos a tener miedo, pues
no”.
Caso “Chevron I”
Caso “Chevron I”
El primer juicio que Chevron inició en contra de Ecuador fue en 2004 y
se basó en un proceso arbitral en Nueva York, en contra de la estatal
Petroecuador, antes llamada CEPE.
Chevron-Texaco se basó en dos cláusulas del Acuerdo de Operación Conjunta (AOC), firmado en 1965 entre Gulf Oil y Texaco.
El convenio puede implicar el uso de activos y otros recursos de las
dos partes involucradas, que van a ser destinados a realizar una
actividad comercial o empresarial. Un acuerdo de ese tipo establece las
bases sobre las cuales son distribuidos los ingresos de la operación y
los costos incurridos en común.
Las cláusulas arbitral y la de indemnidad en las que se basó Chevron
exigían que las empresas no operadoras del AOC indemnizarán al operador
por cualquier sentencia dictada en su contra, relacionada con las
actividades desarrolladas.
Esa acción de la transnacional buscaba evitar el pago de cualquier
sentencia con respecto al juicio ambiental de la Corte de Sucumbíos,
emprendido en 2003 por las comunidades indígenas amazónicas afectadas
por la contaminación.
Ante eso, en el mismo año, el Estado presentó una acción ante las cortes de Nueva York, para interrumpir el proceso arbitral.
Cinco años más tarde, un juez de la Corte Federal de Nueva York le
dio la razón a Ecuador: Petroecuador no estaba obligada a ir a un
arbitraje de Chevron-Texaco. Actualmente el caso se encuentra cerrado.
Caso “Chevron II”
En 2006, Chevron entregó una notificación de arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, basándose en el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones (TBI), suscrito entre Ecuador y EE.UU.
En 2006, Chevron entregó una notificación de arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, basándose en el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones (TBI), suscrito entre Ecuador y EE.UU.
En ese sentido, en el WikiLeaks del 21 de marzo de 2006, el
representante de Chevron en Ecuador, Jaime Varela, informó a
funcionarios de la Embajada de EE.UU. sobre la pretensión de la compañía
de presentar la demanda contra Ecuador.
La demanda se basa en que la petrolera estaba requerida por su
contrato, a proporcionar al Gobierno ecuatoriano (GOE) combustible para
consumo doméstico a precios subsidiados. Supuestamente, el combustible
de consumo interno que Texaco (Chevron) proporcionara en exceso iba a
ser acreditado a Texaco. Sin embargo, el GOE vendía el exceso de
combustible al mercado externo y se quedaba con las ganancias.
Según Varela, esos casos estuvieron pendientes en las cortes por 16
años, lo que demostraba la falta de celeridad de la justicia ecuatoriana
en siete demandas que Texaco presentó contra Petroecuador, entre 1991 y
1993.
Por este “retraso indebido” -según Varela- la suma que el Estado
ecuatoriano le debe a Chevron sería de alrededor de $ 800 millones.
Patiño confirmó que sí existieron siete demandas de Chevron en contra
de Ecuador en los tribunales nacionales; sin embargo, aclaró que fue
porque la misma empresa no tomó las medidas necesarias para impulsarlas,
ya que no entregaban los informes que las cortes pedían.
El 7 de julio de 2011, el Tribunal resolvió que Ecuador pague $ 96
millones a la empresa. La Corte de La Haya estableció que las cortes
ecuatorianas violaron las normas de Derecho Internacional al demorar más
de 15 años los fallos de estas demandas comerciales.
Frente a ello, la Procuraduría General del Estado argumentó que el
TBI fue firmado en 1993 y entró en vigor cinco años después de que
Chevron-Texaco dejara el país, por lo que no se puede hacer un uso
retroactivo de la ley y el mismo contrato no lo estipula así.
El Estado presentó una acción de nulidad contra ese dictamen.
Caso “Chevron III”
El 23 de septiembre de 2009, Chevron-Texaco entabló una demanda
internacional de arbitraje en contra de Ecuador, ante la Corte
permanente de Arbitraje en La Haya.
Allí, de igual manera, la petrolera manifestó que Ecuador violó los
términos de inversión del TBI, al no dar un trato justo y equitativo a
los inversionistas estadounidenses.
De la misma forma, demandó que Chevron-Texaco no es responsable por
el daño ambiental en la Amazonía ecuatoriana y que se debe endosar el
monto de la condena del juicio de la Corte de Sucumbíos al Estado
ecuatoriano.
Uno de sus argumentos es que el Estado liberó a la compañía de
responsabilidad por los impactos ambientales en las provincias de
Orellana y Sucumbíos, cuando se firmó el Acta de Finiquito en 1998 (en
el gobierno de Jamil Mahuad). Además exige una indemnización por daños
morales causados a su empresa.
El pasado 17 de septiembre, la Corte se declaró competente en virtud
del TBI y dijo que el Estado no podrá seguir acciones a la compañía,
aunque determinó que aquello no significa que se libera de las acciones
legales individuales o privadas que puedan emprender los afectados.
También pidió a Ecuador tomar medidas para suspender o hacer suspender la ejecución de la sentencia de la Corte de Sucumbíos.
Sin embargo, el Estado ecuatoriano no puede acatar tal solicitud
porque “es un Estado de derecho y existe una separación de poderes
ejecutivos y jurídicos”.
Guerra deberá responder por perjurio-injuria
El exjuez ecuatoriano Alberto Guerra habría cometido varios delitos
en su supuesto objetivo de beneficiar con su testimonio a Chevron,
especialmente en el juicio que desde 2010 se ventila en la Corte Federal
de Nueva York, entablado por la transnacional contra los afectados por
la contaminación y sus abogados.
Uno de esos delitos sería el perjurio, al firmar la declaración
juramentada asegurando que los abogados de los amazónicos intentaron
sobornarlo para que emitiera un fallo a su favor, y que al final la
sentencia del juez Nicolás Zambrano fue redactada fuera de la Corte de
Sucumbíos.
La declaración de Guerra, que es utilizada como prueba por Chevron en
el juicio de la Corte de Nueva York por “fraude procesal”, se vino
abajo tras el informe presentado en los últimos días por peritos
expertos en informática forense, como parte de las investigaciones que
efectúa la Fiscalía (en etapa de indagación previa), por la denuncia
penal planteada en Sucumbíos el 18 de febrero pasado.
También habría incurrido en injuria, por la falsa imputación de un
delito, descrédito y deshonra, que ejerció contra los afectados,
abogados y la administración de justicia. Además, por admitir su
participación en un delito que no existió y luego se fugó al extranjero
para no responder por esos supuestos delitos y pretender involucrar a
terceras personas.
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DATOS
Caso Chevron II no se hizo público en 2006, porque según Jaime Varela, representante de la compañía, se creía que los afectados por la contaminación en la Amazonía ecuatoriana usarían eso en contra de la empresa, alegando que esta trataba de presionar a la Corte de Sucumbíos para que fallara a su favor.
Caso Chevron II no se hizo público en 2006, porque según Jaime Varela, representante de la compañía, se creía que los afectados por la contaminación en la Amazonía ecuatoriana usarían eso en contra de la empresa, alegando que esta trataba de presionar a la Corte de Sucumbíos para que fallara a su favor.
Chevron gasta millones de dólares en una campaña de desprestigio contra Ecuador, para evadir su responsabilidad.
En Ecuador, la sentencia de la Corte de Sucumbíos se
está ejecutando desde el pasado 17 de octubre, a través del embargo de
las regalías sobre las marcas de Chevron.
EL TELEGRAFO
Tomado de Contrainjerencia
