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Hace tiempo denuncio que contra Venezuela está en
marcha un golpe judicial como el que depuso al presidente electo de Paraguay,
Fernando Lugo. El 10 de enero de 2011 escribí que a instancias del terrorista
Tor Halvorsen “La
Corte Interamericana contradijo la decisión venezolana
que inhabilita a un corrupto para candidatearse. Igual puede pretender
inhabilitar a quien gane las elecciones del 2012, o decidir quién las ganó”. Año
y medio después esa profecía se hace realidad. El candidato derrotado en
las elecciones anuncia el 7 de agosto de 2013 que la oposición recurrirá ante
tribunales extranjeros financiados por Estados Unidos para que éstos, y
no el pueblo venezolano, decidan quién es el Presidente de Venezuela.
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¿Por
qué no nos hemos retirado de la jurisdicción de esos tribunales
extranjeros que no reconocen nuestra Independencia? ¿Quiénes son responsables
de que la soberanía de Venezuela pueda ser todavía arrastrada ante órganos
jurisdiccionales que, como la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), a partir de
1999 en trece sentencias relativas a nuestro país lo condenó doce veces? Hay que
repetir que en forma unánime, los Poderes que ejercen la soberanía de Venezuela
han manifestado la voluntad de la
Nación de no someterse a esa suerte de tribunal de
linchamiento. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en
sentencia de 15 de julio de 2003 sentenció que decisiones de órganos
jurisdiccionales extranjeros, tales como la CIDH, no son aplicables en Venezuela si
contradicen la
Constitución: “Planteado
así, ni los fallos, laudos, dictámenes u otros actos de igual entidad, podrán
ejecutarse penal o civilmente en el país, si son violatorios de la Constitución, por lo
que por esta vía (la sentencia) no podrían proyectarse en el país, normas
contenidas en Tratados, Convenios o Pactos sobre Derechos Humanos que
colidiesen con la
Constitución o sus Principios rectores”. Y en sentencia
N°
1942/2003 concluyó: “Consecuencia de lo expuesto es que en principio, la
ejecución de los fallos de los Tribunales Supranacionales no pueden
menoscabar la soberanía del país, ni los derechos fundamentales de la República”(Subrayado
en la sentencia). Y en definitiva decide que procede denunciar la Convención Interamericana:
“Igualmente con base en el mismo principio y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 78 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se solicita al
Ejecutivo Nacional proceda a denunciar esta Convención, ante la evidente
usurpación de funciones en que ha ocurrido la Corte Interamericana
de los Derechos Humanos con el fallo objeto de la presente decisión; y el hecho
de que tal actuación se fundamenta institucional y competencialmente en el aludido
Tratado. Así se decide”.
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El Presidente Hugo Chávez
Frías sostuvo en Consejo de Ministros de fecha 17 de septiembre de 2011,
ante Evo Morales, que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
“no vale nada y forma parte del pasado”. Y el 10 de mayo de 2012 nuestra
Asamblea Nacional acordó la denuncia de la Convención Americana,
que nos somete a tales organismos. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial expresaron así la decisión unánime de Venezuela de recuperar la
plenitud de su soberanía.
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Entre esa
decisión de los tres poderes y nuestra soberanía se interpuso un cuarto poder
sombrío. Vimos que la denuncia de la Convención Americana
por la Asamblea
Nacional ocurrió el 10 de mayo de 2012. El retiro de la CIDH tarda un año en hacerse efectivo.
De haberse comunicado la denuncia el mismo día que fue aprobada, desde el
pasado 10 de mayo de 2013 estuviéramos libres de esa pesadilla. Pero no: un
Poder sin nombre ni rostro, el de la Gaveta
Voraz, mantuvo inoperante esa decisiva y urgente decisión de
los Poderes Soberanos de Venezuela hasta que, a instancias de artículo que
publiqué el 12-8-2012, por fin fue enviada el 6 de septiembre de 2012,
con 107 eternos días de retraso. Gaveta mata poderes.
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El efecto de
tan providencial y estratégico retardo es que hasta el 6 de septiembre de
2013 seguimos expuestos a que se inicien procesos en contra nuestra ante las
prejuiciadas Comisión y Corte de Derechos Humanos de la
OEA. En circunstancias normales, ello no
hubiera significado mayor riesgo. De acuerdo con el
artículo 46 de la Carta Interamericana
de los Derechos Humanos, “1. Para que una petición o comunicación presentada
conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: a) que se hayan
interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los
principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”.
Vale decir, se requiere que el más alto tribunal
nacional haya sentenciado el caso. Y una decisión del TSJ por lo regular toma
tiempo. Cerca de seis años lleva sin decidir una causa sobre equipos incautados
a RCTV. Según expresa en el diario La Verdad del
27-4-2013, el constitucionalista José Vicente Haro, “el camino de la
impugnación es largo. Una sentencia definitiva podría demorar hasta un año”.
Cada vez que he litigado ante el TSJ, la decisión ha tardado un lapso similar o
mayor. En circunstancias normales, el fallo se produciría mucho después de que
hubiéramos escapado del poder de la Corte Interamericana.
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Pero en Venezuela nada
es normal. Así como fue anormalmente largo el retardo de 107 días en comunicar
la denuncia de la Carta Interamericana
de los Derechos Humanos que nos somete a la CIDH, también con inusitada premura el Tribunal
Supremo de Justicia rechaza este 7 de agosto por extemporáneas las demandas
interpuestas contra las elecciones del 14 de abril, justo a tiempo para que
puedan ser apeladas ante la misma Corte Interamericana antes de que quedemos
liberados de ella el 6 de septiembre. Vale decir, más tardó la Gaveta Voraz escondiendo el
oficio que nos libertaría de la Corte
Interamericana de la
OEA, que el TSJ en redactar la sentencia que posibilita
que las elecciones venezolanas, y el Presidente nombrado por el pueblo en
ellas, queden sometidas a una Corte que siempre decide contra Venezuela, y de
la cual todos los Poderes han decidido retirarse. Gracias TSJ, por favor
concedido.
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¿Podría una sentencia de la Corte Interamericana
anular nuestras elecciones? El artículo 1 de la Carta de la OEA dispone que los países
adhieren a dicho ente para “lograr un
orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración
y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia”. No
podría una Corte de la OEA
acabar con la independencia y soberanía de países miembros, pero es justamente
lo que ha intentado hacer durante una década al decidir 12 de 13 casos en
contra de nuestro país. Una decisión de tal índole pretendería ilegitimar al
Presidente, declarar a Venezuela Estado forajido y justificar golpes de Estado
internos e invasiones externas. Así han empezado las intervenciones militares
imperiales en las últimas décadas.
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En defensa de Venezuela debemos empeñar
todos los recursos legales y de información. No es posible que a la Agencia del Estado para los
Derechos Humanos vuelvan a faltarle viáticos y pasajes para asistir a
audiencias de comisiones o cortes internacionales porque alguna Gaveta Voraz
los traga o los retrasa. Debemos convocar a todo el cuerpo diplomático
acreditado en el país para explicar nuestra posición, encomendar a
nuestras misiones en el exterior divulgarla, y desarrollar campañas mediáticas
sobre el particular. Debemos hacer frente común con los 18 países que han
formulado duras y pertinentes críticas a la Comisión y a la Corte Interamericanas,
y particularmente con los presidentes Rafael Correa y Evo Morales. Debemos
movilizar la diplomacia del Alba, de Unasur, del Mercosur y de la Celac en rechazo de una
posible sentencia condenatoria. Estamos ante una batalla jurídica gravísima y
de consecuencias incalculables. Debemos obrar en consecuencia, sin Gavetas
Voraces dilatorias ni prisas inexplicables.
TEXTO: LUIS BRITTO
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