Hace una década escribí que en su
desesperación por recuperar un poder que no supo merecer ni conservar, la
ultraderecha es el motor fundamental de los avances revolucionarios.
Con ilimitada voracidad, la
reacción impuso en América Latina y el Caribe Paquetes del Fondo Monetario,
contra los cuales se rebelaron movimientos sociales que instauraron gobiernos
progresistas, los que controlaron las empresas explotadoras de
recursos naturales
La ultraderecha patronal de Fedecámaras
implicó al sector reaccionario del ejército en un golpe de Estado cuyo fracaso
permitió el saneamiento de la oficialidad.
La reacción impulsó asimismo a la
Nómina Mayor de Petróleos de Venezuela a sabotearla y abandonar el
trabajo por tres meses, logrando así entregar la empresa a los
progresistas.
La reacción usó y abusó de tal forma de unos
medios convertidos en actores políticos, que forzó al campo revolucionario a
empezar a controlarlos mediante la Ley Resorte, y a crear
un significativo sector de medios de servicio público, comunitarios y
alternativos.
La sumisión de la ultraderecha a Cortes
de Arbitraje Internacional tales como el CIADI que siempre favorecen a las
transnacionales y condenan a los países en desarrollo forzó a Venezuela a
retirarse de esas trampas cazabobos.
A fuerza de abusar de demandas temerarias ante
la prejuiciada Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA,
la reacción también logró que Venezuela se retirara de ese tribunal de
linchamiento.
Derrotada en lo político; desorientada en lo
social, inexpresiva en el cultural, la ultraderecha se empecina en forzar
los cambios revolucionarios mediante la Guerra Económica.
Por ejemplo, al estafar al Estado
desfalcándole más de 20.000 millones de dólares al cambio preferencial, que
sólo se aplicaron en importaciones ficticias, la reacción posibilita que el
Estado repare el tambor rasgado de las reservas internacionales resarciéndose
mediante la expropiación masiva de los chivos que monopolizan las
importaciones.
Si, según señala Manuel Sutherland, el sector estatal
genera el 97% de las divisas que ingresan, y el sector privado sólo
exporta para ingresar un magro 3% de ellas, la Guerra Económica
del sector privado contra el gobierno podría forzar a éste a no seguir
transfiriéndole magnitudes como los 317.092 millones de dólares preferenciales
traspasados entre 2003 y 2012.
Al inventar estafas y triquiñuelas para obtener cupos de divisas que no se
destinan a la finalidad prefijada, la reacción ha sentado las bases para que se
diseñen mecanismos de control efectivo sobre las remesas para familiares
imaginarios en el extranjero, sobre los raspacupos que cobran para viajes
fantasmas, sobre los espectáculos musicales rumbosos que obtienen fortunas para
cubrir gastos inexistentes.
Al lograr del Estado transferencias anuales que rondan los 43.000
millones de dólares preferenciales y provocar de tal manera un déficit
fiscal que desencadenó devaluación, especulación y desabastecimiento
estratégico, la ultraderecha fuerza una Reforma Tributaria que imponga al gran
capital tasas por encima del moderado límite del 34% del ISRL.
Al morder la mano que la alimenta con dólares preferenciales, la reacción está
empeñada en que el Estado dedique esas magnitudes a fomentar industrias
productivas internas para el consumo básico.
Al convertir las importaciones fraudulentas en el mecanismo fundamental para
exaccionar del Tesoro las divisas que no puede producir mediante las
exportaciones, la derecha pavimenta el camino para que el Estado asuma
directamente la gestión de las importaciones.
La ultraderecha transnacional, que en virtud de los Tratados contra la
Doble Tributación se enriquece en Venezuela sin prácticamente
tributar, gracias a su Guerra Económica puede lograr que denunciemos esos
tratados y la obliguemos a pagar impuestos como todo el mundo.
La Guerra Económica de desangramiento por contrabando de
extracción de gasolina y de alimentos subsidiados no deja al Estado más
opción que controlar eficazmente la frontera y de paso desarticular la infiltración
paramilitar que suplanta al hampa criolla, domina gran parte
de la economía informal, compra empresas de transporte y políticos y asesina
dirigentes sociales.
Al perpetrar sabotajes como los de la refinería de Amuay, los cortes de electricidad
y las interrupciones y asaltos del Metro, la reacción cruza la línea del
terrorismo económico al terrorismo puro y simple y se autodefine como cuestión
de orden público.
Con el atentado contra Eduardo Samán, director del Instituto
Nacional para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y
Servicios (INDEPABIS), la ultraderecha culmina su tarea de advertir a las
fuerzas progresistas que si no la vencen serán exterminadas.
(FOTO/TEXTO:
LUIS BRITTO)
CONSULTE TAMBIÉN:
